CC.OO pide un consenso entre el Gobierno, la oposición y las autonomías
Alejandro Tiana afirma durante unas jornadas organizadas por este sindicato que la LOE garantizará los contenidos mínimos
El Gobierno debe llegar a un consenso con la oposición y las comunidades autónomas para mejorar la enseñanza en nuestro país, según han reclamado los responsables de CC.OO durante unas jornadas sobre la reforma que plantea el MEC. Durante ese
encuentro el secretario general de Educación ha afirmado que la LOE garantizará los contenidos mínimos de las enseñanzas que se deben impartir en todo el Estado, y también la cohesión social.
La presidenta del Consejo Escolar del Estado,
Marta Mata, el secretario general de CC.OO, José María Fidalgo, el presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, y el máximo responsable de enseñanza de este sindicato, José Campos, durante su participación en las jornadas.
(Foto: Fran Llorente)

Madrid. G. A.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha organizado unas jornadas de acción sindical y educativas que, bajo el lema “Del Pacto Social al Pacto por la Educación en el Estado y en las comunidades autónomas”, ha reunido en Madrid a más de 300 docentes y a representantes de las administraciones educativas, de los principales grupos parlamentarios de ámbito nacional, y catedráticos universitarios. Todos ellos han coincidido al reclamar un “consenso entre todos los agentes sociales y educativos, que permita mejorar los niveles de calidad de la educación en nuestro país”.
Ha representado al MEC en este encuentro el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien ha anunciado que el borrador de la Ley Orgánica de Educación (LOE) se presentará en el Parlamento después del verano, y garantizará los contenidos mínimos que se deben impartir en todas las comunidades autónomas y la cohesión del sistema educativo. En este sentido ha desmentido las afirmaciones que acusan al Ministerio de no definir en su proyecto cuáles deben ser los contenidos mínimos, y ha afirmado que están fijados entre el 55 y el 65%, recordando igualmente que por de abajo de dichos mínimos cualquier reforma sería recurrible, porque así lo establece una sentencia del Tribunal Constitucional.
Alejandro Tiana ha asegurado que el proyecto supone un compromiso a favor de “la calidad y la equidad”, y por “asegurar la cohesión social” mediante la formación común de todos los ciudadanos. En su opinión, uno de los pilares básicos de la reforma es la atención a la diversidad, que estará dirigida no sólo a los alumnos con más dificultades, sino que constituirá un principio básico en la organización del sistema educativo que se concretará en refuerzos, desdoblamientos, planes de recuperación y sistemas de diversificación curricular. Por último, ha mostrado su deseo de que la LOE nazca con un consenso lo más amplio posible, que permita su aplicación durante un largo período de tiempo. Y ha prometido que si los agentes de la comunidad educativa llegan a un pacto social, se incorporarán sus principios al anteproyecto.

Mensaje fuerte y firme

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos, ha lanzado un mensaje “fuerte y firme” para que el Gobierno y la oposición por un lado, y el propio Ejecutivo y las comunidades autónomas por otro, demuestren su voluntad de diálogo y consenso ante el borrador de la LOE. Ha alabado el texto ministerial porque “es positivo, nada doctrinario, útil y acertado, y refunde leyes anteriores evitando el actual galimatías normativo y básico”. Y ha afirmado que además de atender a los objetivos de la Cumbre de Lisboa para 2010, como el que el 80% de los jóvenes españoles alcancen ese año la titulación en Bachillerato o FP, recoge “reivindicaciones históricas” como la apuesta por la autonomía organizativa de los centros, la recuperación del carácter educativo de la Educación Infantil, y la supresión de la reválida “entendida como un doble filtro para el acceso a la universidad”.

Insuficiencias

Sin embargo, ha lamentado sus “insuficiencias”, como la ausencia de una memoria económica o una ley de financiación que adquieran el compromiso de incrementar el gasto público educativo hasta el 6% del PIB, y que se olvide “al profesorado y, sobre todo, al resto de los profesionales de la enseñanza y a los servicios educativos complementarios”. Y ha criticado que el texto no aborde el acceso a la docencia, la promoción interna, las retribuciones y la titulación única de los profesores y que, en cambio, retroceda en la elección democrática de los directores, que aborde de forma insuficiente las jubilaciones LOGSE (sólo hasta 2010 en vez de ser indefinidas), y             que se mantenga el Cuerpo de Catedráticos.
El secretario general de CC.OO, José María Fidalgo, ha coincidido con estas apreciaciones, y ha advertido que “España demanda una reforma educativa que amplíe su espacio de acción más allá de dos legislaturas”. Ha afirmado que el proyecto de la LOE “es bueno porque no es jacobino”, aunque ha añadido que la futura Ley debe “hacer realidad los acuerdos alcanzados con la UE”, como la adaptación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, y mejorar los resultados del Informe PISA, reforzando la prevención y reduciendo el fracaso escolar. Y ha reclamado financiación no sólo para mejorar la calidad, sino también para promover la equidad y “compensar las desigualdades entre las personas, los centros docentes y los territorios”.

La opinión de los partidos

Entre las actividades programadas en estas jornadas ha ocupado un lugar destacado la mesa redonda que han protagonizado las responsables de Educación de los principales formaciones políticas con implantación estatal, en la que la representante del PSOE, Eva Almunia, ha abogado por un pacto social para que la enseñanza sea una cuestión de Estado. Sandra Moneo ha hablado en nombre del PP al afirmar que “no hay que mitificar los pactos”, y ha añadido que hay que “calibrar el precio de la estabilidad del sistema educativo, evitando que dicho precio sea su calidad o su desvertebración, mientras que Dolores Dolz ha manifestado que IU no persigue “el pacto por el pacto”, sino asegurar precisamente la estabilidad del sistema.
Estas divergencias se han acentuado al tratar sobre el tratamiento que debe tener la enseñanza de la Religión, ya que la responsable socialista ha insistido en que el derecho de unos alumnos a recibir esa materia no debe comportar una obligación añadida para quienes no opten por ella, la de IU ha pedido que salga del horario lectivo e, incluso, de la escuela pública, y la portavoz popular ha defendido “el cumplimiento de los acuerdos con la Santa Sede”. Y también han discrepado sobre la asignatura de Educación para la Convivencia, que según Eva Almunia debe impartirse como tal, sobre todo en los cursos superiores de Secundaria, mientras que Sandra Moneo y Dolores Dolz han defendido que la enseñanza de los valores debe ser transversal durante todo el proceso educativo, y no es preciso que se articule en una materia específica.

 

arriba