La reforma necesita financiación
Sindicatos, titulares de centros y padres hacen valoraciones muy dispares del anteproyecto de LOE, pero coinciden al reclamar presupuestos para implantarla
Las principales organizaciones sindicales y de padres, así como los titulares de los centros católicos, han coincidido al reclamar una Ley de financiación para hacer posible la reforma educativa que propone el MEC. Pero discrepan abiertamente sobre el propio anteproyecto de LOE, con valoraciones que
van desde el apoyo más o menos crítico de CC.OO, FETE-UGT
y la CEAPA, al abierto rechazo de ANPE, FSIE, USO los STEs, Educación y Gestión, FERE-CECA y la CONCAPA, pasando
por una postura intermedia de CSI-CSIF.
Las organizaciones de la enseñanza discrepan al valorar aspectos como las condiciones laborales y profesionales de
los docentes,
la atención a la diversidad, los criterios de escolarización,
la prueba del Bachillerato o la enseñanza de Religión.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
El anteproyecto Ley Orgánica de Educación (LOE) contiene “propuestas insuficientes que no dan respuestas adecuadas a las necesidades y carencias actuales de nuestro sistema educativo”, según el sindicato ANPE, para quien “es un híbrido” de las dos últimas leyes educativas ya que propone un modelo de dirección “fracasado” similar al de la LOGSE, mientras que las medidas de apoyo al profesorado son “prácticamente coincidentes con la LOCE”. También cree que aunque se eliminan los itinerarios previstos en ésta última, “se acometen opciones similares con los programas de Diversificación Curricular a partir de 3º de la ESO, y con los programas de Cualificación Profesional (antigua Garantía Social)”.
Tampoco está conforme con la regulación de la asignatura de Religión, ni con que se mantenga “una promoción semiautomática encubierta, al no contemplar pruebas extraordinarias hasta 4º de la ESO y permitir pasar de curso con menos de cuatro asignaturas suspensas”. Considera que el texto “habla poco del profesorado”, y las medidas que propone “para devolverle el protagonismo, el prestigio y el reconocimiento social que merece son insuficientes y poco eficaces”. Y dice que no hay Ley de financiación, no se concretan “las competencias y compromisos” de cada una de las administraciones, no se establece “un marco normativo que dé respuesta a las situaciones de conflicto en los centros”, ni se proponen situaciones eficaces para corregir conductas contrarias a los principios democráticos de convivencia”.
El sector de enseñanza de CSI-CSIF echa en falta “un pacto de Estado para dotar al sistema educativo de una vertebración social”, así como “un compromiso serio para llegar a una financiación suficiente, al igual que la media de los países de la OCDE”. Encuentra “aspectos positivos” en temas sociolaborales relativos a los interinos y al profesorado de Religión, a la posibilidad de promoción vertical en la figura de los catedráticos, a la prórroga de la vigencia hasta 2010, al menos, del sistema de jubilación voluntaria y su gratificación a los 60 años, Y también considera “muy interesante” el refuerzo de las asignaturas instrumentales para mejorar los resultados en las pruebas evaluatorias, y la posibilidad de flexibilizar el acceso desde los ciclos formativos de Grado Medio a los de Grado Superior.

Volver a la LOGSE

Por el contrario, ve “insuficientes” las vías formativas planteadas en Secundaria para atender a la diversidad, “porque deberían abrirse desde 3º en vez de en 4º”, y ve “poco claros” los criterios de escolarización, “con el riesgo que conlleva que la escuela pública lleve todo el peso de los alumnos con problemas de aprendizaje y marginalidad”. Valora “negativamente” los nuevos criterios de evaluación y promoción en la ESO, que suponen “volver a los viejos sistemas de la LOGSE que tan malos resultados dieron con lo nefasto que ha supuesto la promoción automática”, así como las medidas de tutorización por parte de estudiantes de niveles superiores (universitarios, bachillerato, etc.) a los de la ESO, “que se pueden calificar como de mano de obra barata y sin la cualificación necesaria”. Y califica de “auténtico hurto” el que una medida “tan importante de índole sociolaboral” no haya pasado por la Mesa Sectorial.
La Federación de Enseñanza de CC.OO valora positivamente el anteproyecto ministerial, aunque considera que “aún se está a tiempo para mejorarlo y cubrir las importantes lagunas que observamos en el texto”. Aplaude que se trate de una ley de bases, “lo que supone una condición indispensable para garantizar la cohesión territorial del sistema educativo”, y que la atención a la diversidad recorra todas las etapas de la enseñanza obligatoria”. Y pondera asimismo que el MEC haya refundido en el proyecto la LOGSE, la LOPEG y la LOCE, “con lo cual se pondrá fin al galimatías legislativo en que se han visto envueltos el sistema y sus profesionales”.
Pero aprecia “importantes lagunas que esperamos que puedan cubrirse durante el debate parlamentario”, como la ausencia de un compromiso financiero, y de “los servicios educativos complementarios así como del personal encargado de ofrecerlo”. Por eso, vuelve a pedir una Ley de Financiación que contemple un gasto educativo público del 6% del PIB, “y que recoja el papel del profesorado y de los profesionales”. Además, considera “improcedente” la continuidad del cuerpo de catedráticos, “tal y como se recogía en la LOCE”, así como “el modelo de gestión y elección de directores que se propugna” Por último, reclama “la presencia de los servicios educativos en la escuela y de profesionales que se hagan cargo de ellos”, para descargar al profesorado del “exceso de tareas que se le encomiendan”.

La situación del profesorado

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FEFE-UGT) cree que “la LOE mejora la planificación educativa, pero no concreta mejoras para los profesionales”. Desde el punto de vista pedagógico muestra su satisfacción por “el establecimiento de la educación para la ciudadanía como área específica en todas las etapas”; por la diversificación curricular en 4º de la ESO; y por “la desaparición de la llamada promoción automática”. También considera beneficioso “el hecho de que todos los centros oferten las mismas materias optativas”; la reducción de asignaturas en 1º de la ESO; que los Programas de Cualificación “ofrezcan la posibilidad de obtener el título de ESO y que excepcionalmente puedan adelantarse a los 15 años”; así los temas relativos a los refuerzos en materias instrumentales y los desdobles.
Sin embargo, entiende que el documento resulta insuficiente respecto a las condiciones laborales del profesorado, ya que no contempla medidas “para solucionar la gran bolsa de interinos ni la precariedad en el empleo”; el tratamiento que se da a la promoción profesional “apunta buenas intenciones, pero no especifica cómo se va a realizar”; y no se prorroga de forma indefinida (sólo hasta 2010) la jubilación voluntaria anticipada, “ni se cumplen las expectativas en lo concerniente a la reducción de jornada para los mayores de 55 años”. También rechaza el procedimiento de elección de directores, aunque valora positivamente el proceso de matriculación que se establece, y las “garantías de escolarización que aseguran la no discriminación” de los alumnos en los centros concertados.
La Federación de Enseñanza de USO ve en este texto “el inconfundible aroma de la LOGSE, una ley cargada de buenas intenciones sencillamente irrealizables”. Reconoce que “hay lógicamente muchas cosas positivas”, como reafirmar el carácter educativo” de toda la Educación Infantil; fomentar la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros; poner en marcha el Estatuto del Profesorado; incorporar los Programas de Cualificación Profesional; reforzar la adquisición de competencias básicas; fomentar la cooperación con las comunidades autónomas, etc.

Rechazo

Paro también encuentra “cuestiones más o menos discutibles”, como la elección de  los directores, el número de asignaturas necesarias para repetir curso, o “la necesidad de incluir una nueva disciplina en el Bachillerato”. Y hay otras con las que disiente “abiertamente”, como la supresión de la Prueba General de Bachillerato; la implantación de la “polémica asignatura de educación para la ciudadanía”; el tratamiento a la enseñanza de la religión; y la manera de abordar la atención a la diversidad en 3º y 4º de la ESO, ya que este sindicato estaba a favor de los itinerarios que establecía la LOCE. Además, teme que se dé “mas peso todavía” a las comunidades autónomas, y que un mayor control de los conciertos se traduzca en “negativas consecuencias para la libertad de enseñanza y para la escuela concertada”.
FSIE dice que la futura Ley debe “garantizar el derecho a la educación, la libertad de crear, dirigir y elegir centro docente”, la vertebración del sistema educativo, el establecimiento de un currículo básico común para todos y la cohesión social”. Y considera que el proyecto “no garantiza convenientemente” esa libertad de elegir colegio; reduce la igualdad de oportunidades al desaparecer los itinerarios a partir de 3º de la ESO; vuelve “camufladamente” a la selectividad; no trata convenientemente la formación religiosa; no resuelve el tema de los conciertos; y no garantiza la igualdad de trato entre el profesorado de la enseñanza pública y el de la privada concertada. Por último, rechaza la fórmula de promoción de un curso al superior y afirma que los alumnos deberían repetir con más de dos asignaturas suspensas.
La Confederación de STEs afirma que “la LOE es una propuesta decepcionante que la movilización de la comunidad educativa debe cambiar”, ya que no supone “un compromiso claro por la escuela pública, a la que asiste cerca del 70% del alumnado”. Destaca como positiva “la intención de aumentar la inversión en educación”, la refundición de las tres leyes anteriores, y el “esfuerzo compartido” entre el alumnado y la comunidad escolar para conseguir una enseñanza de calidad. Pero considera que “la equiparación que se hace entre centros concertados y públicos es un engaño a la ciudadanía, dado que no son en absoluto iguales ni reciben al mismo tipo de alumnado, por lo que no se les puede dotar de los mismos medios humanos ni materiales”.

Evaluación preocupante

Esta organización no encuentra “ningún avance sustancial” en el apartado de calidad del sistema y en lo referido a centros, ratios y plantillas”; ve en la flexibilización de los itinerarios en 4º de la ESO “una concepción devaluada de la formación Profesional y una forma de segregar al alumnado”; califica de “preocupante” la evaluación del alumnado en 4º de Primaria y 2º de la ESO, “que puede derivar en situaciones estresantes para los niños y en la creación de rankings comparativos entre centros”; y entiende que “la evaluación externa del profesorado parece una excusa para dividirle en categorías salariales y otorgar puntuación para el concurso de traslados”. Finalmente, cree que “no se avanza” en la gestión democrática de los centros ni en la mejora de las condiciones laborales del profesorado; y que las propuestas sobre “escuela y religiones son decepcionantes”; y desataca la ausencia de “una Ley de Financiación que acompañe a esta reforma”.
Las organizaciones que representan a los colegios católicos hacen una valoración bastante crítica del proyecto. Así, FERE-CECA señala que “no nos encontramos ante un anteproyecto de ley de consenso, por lo que se vuelve a someter al sistema educativo a una innecesaria incertidumbre sobre su estabilidad”. Detecta “con preocupación” algunos planteamientos “que suponen un grave retroceso en las garantías de la libertad de enseñanza reconocidas en la Constitución”, advirtiendo incluso sobre intentos de “legislar contra la enseñanza concertada”. Muestra su preocupación por “algunos mecanismos que se incorporan al procedimiento de  admisión de alumnos”, lamenta que no se haga referencia a “la imprescindible necesidad de atender la insuficiente financiación de los centros concertados” y, consecuentemente, sigue echando en falta una Ley de Financiación.
También la Confederación de Centros Educación y Gestión, patronal mayoritaria de la escuela católica, ha expresado su “insatisfacción al ver que no se recoge explícitamente que el sistema educativo está integrado por dos redes complementarias de centros: públicos y privados concertados”; y por la consideración de la educación como “servicio público” y no como “servicio público y social”. Teme que el “objetivo primordial” de esta Ley de propiciar la calidad de la educación, se reduzca en el caso de las escuelas concertadas a “un minucioso elenco de faltas y desmanes, de amenazas y anuncio de sanciones”. Y denuncia que “queda totalmente en el aire” la financiación de este sector.

Faltan medidas innovadoras

Más crítica es incluso la CONCAPA, confederación que agrupa a las asociaciones de padres católicos, que califica el proyecto de “decepcionante, tanto por su mediocridad como por la falta de medidas innovadoras e ilusionantes, que dinamicen a la comunidad educativa para terminar con el grave fracaso escolar”. Afirma que la materia de “educación para la ciudadanía” es un desprecio al “mayoritario pronunciamiento que se ha producido en contra de la misma”, y supone desoir “al 80% de las familias que matriculan a sus hijos en la clase de religión”. Denuncia el “trato discriminatorio que se proyecta sobre los centros concertados” y el “intervencionismo gubernamental en el proceso de admisión de alumnos, mediante la creación de comisiones de garantías o de escolarización”.
La CONCAPA asegura que el texto que propone el MEC “persiste en los principales errores de la LOGSE, al no potenciar el esfuerzo y primar la desidia y el fracaso con la posibilidad de promocionar con un número considerable de suspensos”. Y añade que es “demagogo y cobarde”, por plantear un Bachillerato de dos años “sin evaluación externa, que tampoco se contempla para Primaria y Secundaria”, y porque “no aporta nada que corrija el actual clima de violencia en algunos centros, ni reconoce adecuadamente la labor del profesorado”. Pese a todo, valora de forma positiva, aunque con matices, “el carácter educativo de la Educación Infantil”, y que se fomente la autonomía pedagógica de los centros y la cooperación con las comunidades autónomas.
Más positiva se muestra la CEAPA, confederación laica de padres, que avala las propuestas relativas a la diversificación curricular, los desdobles, los grupos flexibles y la implantación de disciplinas optativas en la ESO, “que ayudarán a elevar el nivel de los alumnos”. También considera positivo que los consejos escolares “recuperen sus competencias en el control y gestión de los centros”, aunque avisa que dichos avances “pueden quedar en papel mojado si las administraciones competentes no impulsan la participación de las familias en el sistema educativo”. Y advierte que la futura Ley no mejorará “por sí sola” la calidad de la enseñanza “sin un respaldo presupuestario suficiente”.

 

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