José Campos Trujillo
Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

de nuestra Constitución de que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos”, en el cuarto de siglo que llevamos de democracia los poderes públicos se han limitado a promulgar un batiburrillo de normas de diverso rango jurídico que nos han conducido a una realidad muy compleja. Lo peor es que este confuso entramado legal se ha traducido en la consolidación de flagrantes diferencias retributivas y de condiciones de trabajo (jornada laboral, promoción, jubilaciones, etc.) en el desempeño de una misma tarea, que no podemos dejar de denunciar por injusta.
Lógicamente esta realidad ha tenido y tiene su reflejo en el ámbito de la función pública docente, donde el entramado legal que rige las condiciones laborales del profesorado supera en complejidad si cabe al que rige en el resto de la función pública, especialmente en lo que lo relativo a las diferencias que se registran a nivel territorial. De ahí que con veinticinco años de retraso haya llegado el momento de negociar, con vistas a su promulgación, un Estatuto de la Función Pública para el sector. Nuestro convencimiento de que éste es el momento adecuado se basa en el propio marco de la reforma educativa abierto por el Ministerio de Educación. Entendemos que la negociación del Estatuto debe discurrir paralelamente a la de esa reforma.
En este contexto hay que ubicar la propuesta unitaria presentada recientemente por CC.OO, UGT y CSIF sobre el Estatuto docente. Para ello hemos tenido que aparcar nuestras legítimas diferencias, esforzándonos para ofertar a la sociedad una propuesta unitaria que entendemos representa a la mayoría del profesorado español y que pretende nuclear y propiciar el Pacto Social y Político sobre la Educación que ha de plasmarse tanto en la nueva ley como en el Estatuto de la Función Docente. No es la propuesta de ninguno y es la propuesta de todos. Esa es su mayor valía y garantía.
Si se tiene en cuenta que en la Mesa Sectorial de Educación estos tres sindicatos representamos a dos tercios del profesorado, bien podemos asegurar que hemos conseguido trasladar la educación al ámbito del diálogo social. Vale la pena recordar que desde 1988 no se lograba en la historia de la educación española un acuerdo de semejante naturaleza, y que eso sólo podíamos hacerlo realidad los sindicatos educativos con una dimensión confederal y no corporativa.
La propuesta sindical pretende representar a todos los docentes de la enseñanza pública que viene demandando a la sociedad y a sus representantes sindicales que nos pongamos de acuerdo para dar estabilidad a la estructura del sistema educativo. Se trata de una propuesta razonable que incide en cuestiones laborales, algunas tomadas del programa electoral del partido del Gobierno, pero siempre con la perspectiva de mejorar también el sistema educativo. A partir de ahora ya nadie podrá ignorar lo que quieren los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. 
Por tanto, la iniciativa nace con vocación de convertirse en el catalizador para acuerdos y consensos de espectro más amplio. Estamos ante una apuesta valiente, por cuanto que para lograrlo hemos tenido que ceder a una parte de nuestros planteamientos. Sabemos que lo importante es la unidad del profesorado en el proceso de negociaciones que se avecinan. Más aún, esta unidad debe ser el referente de todos. Y así como cualquier reforma sin el acuerdo del Estado con las comunidades autónomas está condenada al fracaso, sin el apoyo del profesorado ninguna reforma alcanzará sus objetivos. Ni el Ministerio, ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni la sociedad en su conjunto, pueden obviar este esfuerzo.

Pacto social y pacto político

El objetivo de ese consenso debe ser un Pacto Social y un Pacto Político no solamente circunscrito al ámbito del Estado, sino que se haga extensivo a todas las comunidades autónomas, ya que éstas tampoco puedan renunciar a sus responsabilidades. Hoy no se puede entender la educación en España sin el respeto a las competencias educativas y a las responsabilidades de las comunidades autónomas.
Es necesario y conveniente que en materia educativa siga habiendo políticas de Estado, basadas en la solidaridad interterritorial y en la cohesión social. Los perfiles docentes, básicamente iguales en el Estado, han de concretarse y desarrollarse después en cada comunidad autónoma. Entendemos que el Estatuto debe tener un carácter básico, con contenidos. No estamos en absoluto de acuerdo con aquellos que no quieren el Estatuto (o lo que es lo mismo, de mínimos o de muy mínimos) porque sólo aspiran a disgregar el sistema educativo con planteamientos tremendamente insolidarios.
Del mismo modo que cualquier ciudadano español que se traslade de comunidad autónoma tiene derecho a encontrarse en la comunidad de destino con un sistema educativo reconocible y homologable y de un nivel de calidad similar que el que deja en la comunidad de procedencia, las condiciones laborales del profesorado deben tener un nivel homologable, digno  y suficiente en todo el Estado, algo que sólo puede lograrse  a través de un Estatuto básico.
Las políticas de Estado para la función docente, que consideramos imprescindibles, han de basarse tanto en la homologación interterritorial como en el respeto a las competencias y en el consenso entre las Administraciones.
El Estatuto tiene que ser la fórmula jurídica que regule el conjunto de derechos y deberes del personal de la enseñanza pública además de definir los perfiles profesionales. Se aplicará a este personal independientemente del nivel educativo en el que desarrollen su labor y de la duración de su contrato o nombramiento. También se hará extensivo al personal laboral que realice tareas docentes o educativas.

Contenido de carácter básico

En tanto en cuanto los funcionarios docentes pertenecemos a cuerpos estatales, el Estatuto tendrá que aplicarse a los colectivos antes descritos en todas las comunidades autónomas. En consecuencia, su contenido será de carácter básico para todo el Estado, siendo el marco de referencia para los que posteriormente puedan elaborar las comunidades autónomas una vez haya sido aprobado por las Cortes Generales.
Por ello, el Estatuto preservará el equilibrio necesario entre los perfiles que definen la profesión docente.
Además, debe regular todas las competencias estatales: el acceso a la función pública, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los derechos sindicales, los sistemas de promoción y carrera profesional, la dirección de los centros, los traslados y movilidad, la jornada y vacaciones, la seguridad social, la jubilación y el sistema de clases pasivas, los concursos a puestos en el exterior, etc.
Por último, el Estatuto Docente tiene que servir para acercarnos a las condiciones laborales de nuestros colegas de los países más avanzados de Europa.
Según la propuesta sindical, el  Estatuto ha de articularse en torno a once puntos: la dirección de centros, acceso a la función docente, promoción profesional, mejoras laborales, jornada, jubilaciones, concurso de traslados, incompatibilidades, responsabilidad jurídica, Inspección y marco estable de negociación con la Conferencia Sectorial de Educación.
Por ejemplo, en lo relativo a la elección del director entendemos que ha de hacerse en el ámbito del propio centro entre el profesorado con destino definitivo en el mismo, sin que se establezca una categoría o cuerpo diferenciado de directores. Asimismo, es necesario dotar a los centros de personal cualificado para que los equipos directivos de los centros puedan dedicarse más adecuadamente a las tareas organizativas y pedagógicas de los mismos.
En cuanto al acceso a la función docente, creemos que las administraciones educativas saquen a oferta pública de empleo el mayor número posible de plazas para poner fin a la altísima precariedad del empleo en nuestro sector. Pero al mismo tiempo los sindicatos firmantes de la propuesta sobre el Estatuto entendemos que es necesaria una fórmula extraordinaria y transitoria que, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones territoriales y personales,  permita la integración en los cuerpos docentes del numeroso colectivo de interinos e interinas que actualmente prestan servicios para las diferentes Administraciones educativas

Promoción profesional

En el capítulo de la promoción profesional, contemplamos una promoción vertical y otra horizontal. La primera se efectuará por concurso y movilidad será no sólo entre los cuerpos docentes de los niveles no universitarios sino también llegar al nivel universitario. Por otro lado, el profesorado que imparta los Títulos de Especialización Didáctica habrá de ser fundamentalmente de los niveles no universitarios. El objetivo de la promoción horizontal es conseguir esa promoción profesional retributiva que nos acerque y homologue con nuestros compañeros europeos, sin que ello suponga el establecimiento de categorías jerárquicas y que pueda realizarse en el propio centro de destino.
En el marco de esta propuesta de promoción, los sindicatos firmantes entendemos que la categoría de catedrático como un nivel de la promoción profesional, que se alcanzaría con años de experiencia, con formación y evaluación de la función docente y que podría alcanzarse sin necesidad de cambiarse ni de puesto ni de destino; todo ello respetando siempre respetando las condiciones personales de los docentes que ya tengan adquirida esa categoría.
Dentro de las mejoras laborales, el cuadro de las retribuciones se concretaría en la asignación de nuevos niveles de los complementos de destino: el nivel 24 para el Cuerpo de Maestros y asimilados; el nivel 26 para el profesorado de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, profesorado técnico de Formación Profesional y asimilados, y, por último, nivel 27 para catedráticos y asimilados. Además, se percibirían complementos por acción tutorial y por puestos de especial dedicación al centro y actualización de los complementos por puestos de difícil desempeño (colegios rurales, itinerantes, compensatoria, prisiones, etc.)
La propuesta sindical recoge también unas reducción de la jornada lectiva por tutoría y de hasta un tercio para el personal mayor de 55 años, sin disminución de sus retribuciones, y la reordenación de la jornada lectiva del profesorado para hacer frente a los retos educativos que plantea la nueva ley, de modo que se establezca una limitación al número de grupos y alumnos que cada profesor tiene que atender.
No hemos olvidado abordar la reivindicación histórica de ofrecer a todo el profesorado de, al menos, un año sabático a lo largo de su carrera profesional sin reducción retributiva.
En materia de jubilaciones, exigimos la prórroga indefinida de las Jubilaciones LOGSE, actualizando los requisitos y que el personal afiliado al Régimen General de la Seguridad Social pueda acogerse a ellas. Las gratificaciones de estas jubilaciones han de actualizarse y homologarse en todo el Estado.
Finalmente, en lo relativo al concurso de traslados, proponemos la coexistencia de concursos de traslados de ámbito estatal y abiertos, clarificando y homogeneizando la normativa para que la participación se haga en condiciones de igualdad desde todas las Administraciones educativas, con los propios de cada comunidad autónoma.