Madrid. G. A.
La Federación de Asociaciones de Inspectores de Educación (ADIDE-Federación) ha elaborado un “documento de referencia” para un nuevo modelo de inspección educativa, que ha planteado al MEC de cara a la próxima reforma y al futuro Estatuto de la Función Docente. En texto recoge las propuestas de esta organización sobre los fines, funciones y atribuciones, organización, funcionamiento, reconocimiento y acceso a esta función, así como sobre la formación y movilidad de los propios inspectores.
Esta organización reclama un cuerpo único de inspectores de Educación de carácter estatal, sin especialidades básicas. Y quiere que se reconozca a sus funcionarios “los derechos profesionales que les corresponden según su régimen administrativo, en particular los relativos a la duración de la jornada laboral, consolidación de complementos por haber ejercido cargos directivos, etc.”. Así lo ha manifestado su presidente, Esteban Martínez Lobato, ante los representantes de las asociaciones autonómicas, en un acato en el que ha estado respaldado por representantes de las federaciones de enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF y UGT y de los STEs, José Campos, Juan María González, Carlos López y Augusto Serrano, respectivamente.

Acceso y formación

ADIDE-Federación quiere que el acceso a la inspección sea por concurso-oposición, y que los aspirantes tengan una experiencia docente mínima de ocho años como funcionarios de carrera. En la fase de concurso se valorará “la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos como docentes”, sobre todo su preparación científica y didáctica, el desempeño de cargos directivos y pertenecer a cualquier cuerpo de catedráticos de los niveles de enseñanza no universitaria. Y en la fase de oposición se considerarán sus conocimientos pedagógicos, “así como los de administración y legislación educativa y su aplicación a las tareas encomendadas a la inspección”. Quienes superen este proceso accederán a una fase de prácticas, y recibirán un curso de formación de, al menos, 30 créditos.
También pide que se asegure la formación continua y la actualización profesional permanente de los inspectores, a través de planes formativos, licencias por estudios, colaboración en actividades de innovación educativa o de investigación, estancias en régimen de intercambio en otras Comunidades Autónomas o Estados de nuestro entorno, así como la incorporación temporal a centros de enseñanza para ejercer la docencia. Y propone un sistema de movilidad basado en el actual procedimiento de concursos de traslados, alternando anualmente las convocatorias estatales y las autonómicas. No estarán “compartimentados por especialidades” y contemplarán “todas las plazas vacantes”.

Plantillas

El documento demanda igualmente “la consideración de la inspección como órgano de las administraciones educativas, dependiente al menos del órgano de mayor rango inferior al consejero del ramo”. Pide que todos los cargos de coordinación y dirección de la inspección sean cubiertos por los propios inspectores del cuerpo, mediante un procedimiento reglado que respete su autonomía profesional. Y reclama “unas plantillas suficientes para poder realizar las tareas de supervisión, asesoramiento y evaluación que les sean encomendadas”.
Por último, esta organización solicita unas retribuciones “acordes con las especiales características del puesto de inspector de educación”, es decir, “superiores en al menos un 50% a la cuantía del complemento singular de un director de centro público de Secundaria de tipo A”. Y reivindica la presencia de los inspectores en los órganos de participación, como el Consejo Escolar del Estado y los de cada comunidad autónoma.