Inminentes negociaciones sobre
el Estatuto del profesorado
La ministra de Educación afirma en una reunión con dirigentes de ANPE que el anteproyecto de la reforma estará listo en marzo
El MEC va a convocar una reunión de la Mesa sectorial los próximos días para empezar a negociar el futuro Estatuto de la Función Pública Docente, según ha afirmado el secretario general de Educación tras una reunión presidida por la propia ministra con representantes del sindicato ANPE. También ha prometido que el anteproyecto de la inminente reforma educativa estará listo durante el próximo mes de marzo.
Los responsables de ANPE han pedido a la ministra “medidas de “choque” para frenar el “deterioro de la escuela pública” y evitar la “conflictividad y violencia” en las aulas. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
La ministra de Educación, María Jesús San Segundo se ha entrevistado con una representación de ANPE, encabezada por su presidente Juan Miguel Molina, a quienes ha prometido que convocará a la Mesa sectorial durante este mismo mes de febrero o a principios de marzo, “para iniciar el debate y negociación de un Estatuto de la Función Pública docente”, según han corroborado tras el encuentro el secretario general Alejando Tiana y los responsables del citado sindicato. Éstos han reclamado también “un proceso negociador con la voluntad de alcanzar un acuerdo de financiación  de las administraciones educativas, que haga efectivas las medidas a favor de las condiciones laborales del profesorado que contemplaba la Ley de Calidad”.
Los representantes de ANPE consideran que dicho Estatuto debería estar presidido por “criterios integradores, con las suficientes garantías para que en nuestro país no puedan establecerse diecisiete enfoques distintos sobre la función docente”. Por ello, han pedido “un Pacto de Estado que permita un sistema educativo estable, homogéneo y homologable”, y han planteado la conveniencia de acordar un marco que permita “un compromiso institucional para conseguir una Ley Orgánica de Educación consensuada”.
También han mostrado a la ministra su preocupación por los resultados del último informa del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), de la OCDE, “que ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema educativo español”. Por ello han pedido que, mientras se negocia dicho pacto, el MEC impulse de manera urgente un plan de “medidas de choque que no pueden esperar”, para frenar el actual “deterioro de la escuela pública”.

Plan de convivencia

Así, han reclamado de manera prioritaria un “plan de convivencia” que mejore el gobierno de los centros, para evitar “la conflictividad y violencia que se está registrando en las aulas, especialmente en las de Secundaria”. Y también un reforzamiento de las tutorías, “con mayores horarios y mejores medios e incentivos económicos”, junto a la prórroga del sistema de jubilaciones incentivadas establecido por la LOGSE en 1990 y a la posibilidad de reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años. Todo ello sin olvidar otras medidas para el reforzamiento educativo desde la Educación Primaria en las materias instrumentales.
ANPE ha apoyado todas estas propuestas con los resultados de una encuesta, que ha realizado entre el 16 de octubre de 2004 y el 16 del pasado mes de enero con una muestra aleatoria de 2.363 profesores de todos los cuerpos docentes no universitarios, procedentes de todo el Estado. El 91% creen oportuno que se abra un proceso negociador entre las distintas administraciones educativas y los sindicatos, para elaborar el esperado Estatuto docente, mientras que el 88% son partidarios de tomar medidas para “evitar las diferencias existentes entre las retribuciones y condiciones laborales del profesorado, así como sus efectos en la movilidad y en el conjunto del sistema”. Idéntico porcentaje consideran que todos los centros sostenidos con fondos públicos deben participar en la “escolarización equitativa de todo el alumnado”.

Especialistas para la Educación Infantil

El 85% de los encuestados creen que la Educación Infantil debe estar a cargo de maestros especialistas (pero sólo el 59% están de acuerdo con la finalidad educativa en sus dos ciclos), el 83% son partidarios de una carrera profesional docente, el 79% quieren que la tutoría esté retribuida con un complemento económico. Además, el 77% están alarmados por el “clima de violencia” en los colegios, el 75% defienden la evaluación interna y externa de los centros para mejorar su funcionamiento y el del sistema, el 70% piden una única prueba de acceso a la Universidad tras el Bachillerato, y el 68% están conformes con el establecimiento de una “prueba general a nivel de Estado”, para homologar las enseñanzas al final de la escolaridad obligatoria.
Por el contrario, el 87% consideran insuficientes las medidas emprendidas por el MEC y las comunidades autónomas para “promover la valoración de la labor docente”, el 70,6% las que se proponen para la “incorporación y adaptación de los alumnos inmigrantes al sistema educativo”, y el 70,4% las destinadas a la “incorporación eficaz a las nuevas tecnologías de los profesores y alumnos”. Por último, el 68,4% no creen suficiente la manera en que el Gobierno “pretende llevar a cabo la participación y el debate sobre los documentos que servirán de base a la pretendida reforma”, el 66% se oponen a que algunas comunidades autónomas convoquen pruebas extraordinarias en junio, y el 61% no consideran apropiado el actual sistema de selección de directores.

 

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