Madrid. G. ARIANES
Las federaciones de enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF y UGT (FETE-UGT) han pedido a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, la negociación inmediata de un Estatuto Docente que mejore “sustancialmente” las condiciones laborales del profesorado. Los secretarios generales de dichas organizaciones, José Campos, Ricardo Santos y Carlos López respectivamente, han presentado en rueda de prensa una propuesta unitaria, que estará apoyada con una campaña de presión para que el MEC convoque “con urgencia” las mesas de negociación, especialmente la Mesa Sectorial de Educación.
Estos sindicatos insisten en la necesidad de “adaptar la normativa general de los funcionarios a las particularidades de la labor docente, a través de un Estatuto propio con rango de Ley”. Y justifican su demanda en razones como “la descentralización del sistema educativo y la dispersión y fragmentación de las normas que regulan la profesión docente” que, junto a “las transformaciones sociales y educativas de los últimos años y a la integración en una Unión Europea en expansión”, hacen necesaria “una actualización de la figura del profesor y de la normativa que regula su vida y actuación profesional”.

Referencia básica

Consideran que el estatuto debería ser “la figura jurídica que regule el conjunto de derechos y deberes del personal de la enseñanza pública, además de definir los perfiles profesionales adecuados para el servicio educativo”. Y creen que debería tener “carácter básico para todo el Estado, y ser el “marco de referencia” para las disposiciones que puedan elaborar posteriormente las comunidades autónomas.
Las citadas organizaciones quieren un Estatuto que regule “todas las competencias estatales” sobre el acceso a la función pública docente, la configuración de los cuerpos de profesores, la estructura de su sistema retributivo, los derechos sindicales de los trabajadores de la enseñanza, la dirección de los centros, los traslados y la movilidad, la jornada y las vacaciones, la seguridad social, los concursos a puestos en el exterior, etc. Y también el sistema de clases pasivas y las jubilaciones, contemplando una prórroga indefinida del modelo establecido en la LOGSE, que admitía la posibilidad de jubilación anticipada para los mayores de 60 años y con 30 años de docencia.

Acceso e interinos

En lo relativo al acceso a la función docente, piden a las administraciones educativas que convoquen en las ofertas públicas de empleo “el mayor número posible de plazas, para acabar con la altísima precariedad laboral en nuestro sector”. También reclaman “una fórmula extraordinaria y transitoria que, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones territoriales y personales, permita la integración en los cuerpos docentes del numeroso colectivo de interinos”, cuyo número ronda los 70.000 en todo el Estado. En cualquier caso, creen que es preciso “actualizar los perfiles requeridos para ser profesor y dar más importancia a la fase de prácticas, para que sea un auténtico período de formación”.
Consideran que el futuro Estatuto debería instaurar igualmente modelos de promoción vertical por concurso entre cuerpos para los que se requiera “la misma o superior titulación”, permitiendo optar incluso al nivel universitario. Y favorecer también la promoción horizontal “ligada a la valoración de la práctica docente y laboral, con consecuencias retributivas”.
Además, quieren que se homologuen las retribuciones básicas de los docentes en todo el Estado, pues afirman entre lo que perciben los profesores del País Vasco y los de Extremadura (las comunidades donde más y menos ganan) hay una diferencia de 7.000 euros anuales. También reclaman el nivel 24 de complemento de destino para los maestros y asimilados, el 26 para los profesores de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Técnicos de Formación Profesional y similares, y el 27 para catedráticos y equivalentes.

Tutorías

Junto a todo ello, piden que se considere la acción tutorial como horario lectivo, y que se reconozca económicamente “el esfuerzo y dedicación que requiere”. También solicitan complementos retributivos para el desempeño de labores docentes reconocidas como de “especial dedicación al centro” (coordinaciones, atención al alumnado inmigrante y con necesidades especiales, multiplicidad de grupos, etc.), y para puestos de difícil desempeño (colegios rurales, itinerantes, compensatoria, prisiones, etc.).
Por último, reclaman la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, y la concesión de un año sabático a lo largo de su carrera para todo el profesorado, sin reducción retributiva en ambos casos. Y exigen la aplicación “en todos sus términos” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. 
Estos sindicatos van a apoyar inicialmente sus peticiones con una campaña en centros docentes e instituciones educativas, donde van a distribuir más de 30.000 carteles y 100.000 dípticos informativos. Consideran que han hecho “un importante esfuerzo para aparcar nuestras legítimas diferencias y ofertar a toda la sociedad una propuesta unitaria”, recuerdan que la creación del Estatuto Docente se recogía en el programa electoral del PSOE, y afirman que “para nosotros se ha acabado el tiempo del debate y empieza el de la negociación”, que están dispuestos a apoyar con las medidas de presión “que sen necesarias”. De todas formas, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, ha anunciado la voluntad del MEC de empezar las conversaciones sobre el Estatuto en el mes de febrero.

La postura de los STEs

También han manifestado que este acuerdo tripartito está abierto a todas las demás organizaciones sindicales, aunque la Confederación de STEs-Intersindical ha manifestado en un comunicado que el Estatuto Docente “no es una reivindicación prioritaria en este momento, y nada tiene que ver con el debate sobre la reforma educativa en el que ahora estamos”. Cree que “el planteamiento de este debate y la posibilidad de que los derechos y deberes del profesorado se negocien en una mesa central, supone vaciar de contenido a las mesas sectoriales de las consejerías de Educación”. Y dice que hay que hay que establecer primero un Estatuto Básico de la Función Pública y luego el Docente, porque “no se puede empezar la casa por el tejado”. Y afirma que ambos deben ser “de mínimos, para facilitar la negociación y los avances en las comunidades autónomas”.

ANPE pide unidad sindical

Por su parte, ANPE ha vuelto a demandar la convocatoria de la Mesa sectorial de Educación para tratar este tema, y ha mostrado su satisfacción porque el documento de los tres sindicatos recoge “las principales demandas que venimos exigiendo históricamente, como una amplia oferta de empleo público para acabar con la precariedad laboral de los interinos”, elección del director del centro entre el profesorado del mismo, reconocimiento de la función tutorial, concursos generales de traslados “abiertos y anuales”, homologación retributiva, carrera docente, etc., entre otros temas. Pero considera que “la iniciativa de estas organizaciones es un error, al romper la necesaria unidad de acción sindical en unos momentos cruciales en los que se necesita un clima de entendimiento y consenso entre todos”.