Madrid. G. ARIANES
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, se ha entrevistado en primer lugar con los máximos dirigentes de las organizaciones sindicales ANPE, CC.OO, CIG, CSI-CSIF, FETE-UGT, FSIE, STEs y USO, quienes han coincidido al reclamar una Ley de financiación para la futura reforma, mientras que el Gobierno se decanta en principio por una memoria económica que garantice “fondos suficientes”. Además, todos los sindicatos quieren negociar un Estatuto de la Función Pública Docente y propugnan un Pacto de Estado, que involucre también a las comunidades autónomas y consiga que la educación quede al margen de los vaivenes políticos.
Los representantes sindicales han insistido en la necesidad de reducir el número de alumnos por aula y al aumento de las plantillas docentes, para mejorar la calidad de la enseñanza y atender satisfactoriamente a los alumnos que sufren problemas de aprendizaje, mientras que los responsables ministeriales son más partidarios de los desdobles de clases para tratar de recuperar a los estudiantes menos aventajados. La administración y los sindicatos sí coinciden plenamente en la necesidad de devolver a la Educación Infantil su carácter formativo, para que deje de ser únicamente asistencial.
Además, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos, ha pedido un “plan de choque” contra el fracaso escolar en Secundaria, dado que el informe PISA de la OCDE ha detectado graves deficiencias en la formación de los estudiantes españoles de dicho nivel. El representante de los STEs, Augusto Serrano, ha reclamado “soluciones urgentes” para resolver el problema de la temporalidad en el empleo, con cerca de 70.000 profesores interinos, y que quiere reducir al 5% de las plantillas. Y el máximo responsable del sector de enseñanza de CSI-CSIF, Ricardo Santos, ha dicho que es imprescindible afrontar una “reforma urgente” de la Secundaria, y ha advertido del peligro de desmembración del sistema educativo en 17 subsistemas, en torno a las distintas comunidades autónomas.

La polémica por la religión

Alejandro Tiana ha calificado como “abierta y clara” esta entrevista que, en su opinión, es sólo el punto de partida para identificar los puntos de encuentro entre las distintas posturas, y también las discrepancias que, considera, “no son insalvables”. También ha detectado “divergencias menores” entre los propios sindicatos, como el tema de la atención a la diversidad en Secundaria, y otras más importantes en lo referente a la dirección de los centros docentes, o al lugar que debe ocupar en el currículo la enseñanza religiosa.
Las discrepancias sobre este tema también se han planteado en otra reunión que ha celebrado el secretario general de Educación con representantes de las principales asociaciones de padres de alumnos. El presidente de la confederación católica CONCAPA, Luis Carbonel, ha exigido “el mantenimiento de la enseñanza de la religión en condiciones análogas a las demás materias”, y ha justificado dicha exigencia “desde el respeto a la libertad individual” y para que las familias “puedan elegir para sus hijos el tipo de educación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Solidaridad y valores

Por el contrario, la presidenta de la organización laica CEAPA, Lola Abelló, ha insistido en que esta asignatura debe quedar fuera del ámbito escolar, y ha lamentado que este tema esté polarizando en gran medida el debate sobre la reforma educativa y desviando la atención por otros temas más importantes. Ha recordado que “estamos en un Estado aconfesional y cuando hablemos de escuela deberíamos hablar también de solidaridad y de valores éticos y universales”. Por su parte, Alejandro Tiana ha asegurado que el Ministerio “nunca” ha planteado que la religión desaparezca como asignatura, aunque en principio sí pretende que todos los centros puedan ofrecerla a los alumnos como opción voluntaria, pero sin carácter evaluable a efectos de promoción, adquisición de becas o acceso a la universidad.
En cualquier caso, ha vuelto a insistir que ésta es sólo una primera toma de contacto y que el MEC está dispuesto a llegar a un acuerdo “lo más amplio posible”. Y ha manifestado que “negociar es ceder por parte de todos, teniendo en cuenta que “la unanimidad total es imposible”. En lo que sí parecen coincidir los padres y el Ministerio es en la importancia de promover “una mayor participación e implicación directa” de las familias en la escuela, y alcanzar “un amplio acuerdo social” que dé estabilidad al sistema educativo al margen de los vaivenes políticos”. Y aunque se mantienen ciertas discrepancias, todas las partes confían en llegar a un consenso sobre temas como la ordenación académica y la prueba de evaluación de conocimientos al final del Bachillerato.

Participación estudiantil

El secretario general de Educación se ha reunido igualmente con las principales organizaciones estudiantiles, quienes han reclamado más participación del alumnado en la vida de los centros, y han pedido que la reforma contemple su derecho a la huelga y a reunirse en horario lectivo. Además, el secretario general del Sindicato de Estudiantes (SE), Juanjo López, ha solicitado “una apuesta clara por la escuela pública y democrática que acabe con los privilegios concedidos por el PP a la concertada”, una “financiación suficiente” del sistema educativo, una “representación paritaria” en los consejos escolares, y que la enseñanza confesional quede fuera de las aulas.
La portavoz de la Confederación de Estudiantes (CES), Ana Romero, ha pedido que se respete el derecho para elegir el centro y tipo de enseñanza, y que se garantice la igualdad de oportunidades. Además, ha propuesto que la religión forme parte del currículo escolar y sea evaluable, con la influencia del hecho religioso como materia alternativa. Por el contrario, la presidenta de la Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Naira Imedio, ha lamentado que el debate sobre la enseñanza religiosa reste protagonismo a otros problemas “más importantes”, como “la falta de motivación, de recursos y de democracia en los centros”. Y ha reclamado que los consejos escolares dejen de ser órganos “meramente consultivos” y vuelvan a ser “órganos de gobierno de las escuelas”.
En este sentido, Alejandro Tiana ha asegurado que el MEC quiere “corregir la disminución de las responsabilidades” de los consejos que, a su juicio, provocó la LOCE, y recuperar sus atribuciones y funciones. Y ha prometido presentar a finales del presente trimestre un primer documento con las propuestas ministeriales sobre este tema.
Mientras tanto, la ministra María Jesús San Segundo ha continuado con la serie de reuniones bilaterales con los representantes de las organizaciones educativas, que inició antes de las pasadas Navidades entrevistándose con FETE-UGT. Durante el mes de enero ha recibido a los máximos responsables de CEAPA, CSI-CSIF y STEs, quienes han insistido en las propuestas que han planteado al secretario general de Educación.

La escuela privada quiere más libertad

El secretario general ha finalizado esta primera serie de reuniones entrevistándose con los representantes de las patronales y titulares de los centros privados ACADE, CECE, Educación y Gestión y FERE-CECA. En su opinión, este encuentro se ha desarrollado en un ambiente “positivo y muy constructivo”, y ambas partes han pretendido “ir más allá” de los informes previos que cada uno ha presentado, para empezar a negociar realmente y constatar los puntos en los que el acuerdo parece “más evidente”, como todo lo relativo a la ordenación académica, y otros como la reválida, la educación en valores y para la ciudadanía y la enseñanza religiosa, donde se presentan “las principales discrepancias, pero no insalvables”.
Aunque este último no ha sido el “tema central” en la discusión, ha querido volver a “dejar muy claro” que para el MEC es “muy importante” respetar la libertad de todas las familias para educar a sus hijos según sus convicciones. Y ha insistido que los padres que quieran que sus niños den clase de religión “no deben tener la menor duda de que la van a tener”.
Por su parte, los representantes de la enseñanza privada han mostrado su satisfacción por iniciar un “auténtico proceso negociador”, pues consideran que los últimos debates en el Consejo Escolar del Estado no han sido provechosos, ya que en su opinión dicho organismo”no representa actualmente la realidad de la sociedad educativa española, pues está muy politizado”.

Autonomía para los centros

Así, la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, cree que la reunión ha sido “muy positiva, porque no sólo hemos expuesto nuestros criterios sino que también los hemos razonado”. Ha defendido que coexistan la red de centros públicos y la de los privados concertados, desechando “cualquier tipo de confrontación” entre ellas, y ha rechazado que se centralice la admisión de alumnos “porque dañaría el derecho de los padres a elegir”. Ha pedido que se respete la autonomía, el ideario y el proyecto educativo de cada centro, y se ha amparado en la Constitución Española y el la futura Constitución Europea para defender el derecho de libertad de enseñanza para las familias, incluidas las inmigrantes “que no deben verse obligadas a ocupar plazas en las escuelas públicas, sólo porque se las hayan reservado”.
El portavoz de los centros católicos ( FERE y Educación y Gestión), Manuel de Castro, se ha felicitado “porque al fin asistimos a un debate en el que se nos escucha, y en el que ponemos sobre la mesa planteamientos con la voluntad de llegar a acuerdos, sabiendo que todos debemos perder algo para llegar a un consenso que rompa con la actual dinámica de reformas y contrarreformas”. Ha mostrado la disposición de estos centros para “asumir la carga social que supone la educación y atender a los alumnos más problemáticos y desfavorecidos”, y garantizar “la limpieza del proceso de admisión de alumnos”. También ha pedido un incremento financiero para conciertos, especialmente para las partidas de “otros gastos”.