La Universidad ante el reto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior

El MEC pretende aprobar la reforma de la LOU en el presente año
y avanzar en el diseño de los nuevos planes de estudio

Madrid.
La Universidad española entra en el año 2005 inmersa en un proceso de reforma que afecta a aspectos determinantes de la vigente Ley Orgánica de Universidades (LOU) y en un proceso de paulatina adaptación a las directrices de la Declaración de Bolonia que sirven de cimiento para el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.
En el último Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, celebrado en Valencia el pasado 16 de diciembre, la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, precisó a este respecto que “tenemos en marcha varios procesos de reforma del sistema universitario, que deben contribuir conjuntamente a potenciar la mejora constante de la calidad docente e investigadora, así como la integración en su entorno de unas universidades cada día más internacionales”, e informó a los miembros del Consejo de “la situación actual de los trabajos que se están llevando a cabo en los tres temas fundamentales, así como los planes de actuación futuros en relación tanto con el proceso de Bolonia, como con la financiación universitaria y la reforma de la LOU”.
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior va a tener un gran protagonismo en el año 2005, tanto en España como en el resto de los países europeos, y el desarrollo rápido del proceso de Bolonia se ha visto propiciado por la reciente aprobación de los proyectos de Reales Decretos de Grado y Postgrado, cuya aprobación definitiva, en palabras de la propia ministra, “se espera que se produzca en breve”.

Nuevos planes de estudio

Con objeto de impulsar la siguiente fase del proceso de Bolonia, en las reuniones de las Comisiones del Consejo de Coordinación Universitaria celebradas en Valencia se ha debatido la propuesta de procedimiento a seguir en los próximos meses, y la ministra de Educación y Ciencia señaló que el Gobierno remitirá en breve a todas las Subcomisiones del Consejo la documentación disponible a este respecto, incluyendo un informe acerca de los títulos existentes en diversos países de la Unión Europea, precisando que “en los años 2005 a 2007 deberemos desarrollar los nuevos planes de estudio”.
En paralelo a estos trabajos del Consejo de Coordinación Universitaria en el ámbito de la adaptación al proceso de construcción y establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, María Jesús San Segundo afirmó la voluntad del MEC de “impulsar y apoyar la adaptación de universidades, centros, profesores y alumnos, a los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje”, precisando a este respecto que en el año 2005 “disponemos de dos convocatorias de estudios que colaboran al desarrollo de estos objetivos; la convocatoria de estudios y análisis se va a centrar este año en proyectos relacionados con los Espacios Europeos de Educación Superior y de Investigación, y también hemos creado una nueva convocatoria que potencie en cada universidad la planificación estratégica de la adaptación al proceso de Bolonia”. Dicha convocatoria contará en el presente año con una dotación presupuestaria de hasta 6,6 millones de euros para el desarrollo de los proyectos, con independencia de las iniciativas y proyectos que las diversas Comunidades Autónomas desarrollen en sus respectivos territorios.

Sistema de acceso a la Universidad

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, anunció al pleno del Consejo de Coordinación Universitaria que el Gobierno modificará la Ley Orgánica de Universidades. A este respecto, la ministra precisó que “se modificará el artículo 42 de la LOU para garantizar que una única prueba, objetiva, tenga validez para el acceso a la universidad”, y añadió que “ya ha iniciado sus trabajos una Comisión mixta entre Secundaria y Universidad, que debe formular una propuesta de regulación de la prueba de acceso”.
El objetivo del Ministerio es que las reformas educativas (universitaria y no universitaria) contribuyan en paralelo a la definición de la prueba más adecuada para la transición de Secundaria a la Universidad. La propuesta se someterá al estudio e informe tanto del Consejo de Coordinación Universitaria como de la Conferencia Sectorial de Educación, según indicó San Segundo, quien añadió a este respecto que “además de preservar la transparencia, equidad y objetividad en el acceso, la Comisión se ha fijado un objetivo que creo compartimos todos los presentes: coordinar las enseñanzas de secundaria y la educación universitaria. Para contribuir a esta coordinación, vamos a pedir que los niveles secundario y universitario trabajen conjuntamente en el discurso de los programas de formación de profesores no universitarios”.

Órganos de Gobierno universitarios

Los cambios que propone el MEC en relación con los Órganos de Gobierno universitarios, basados, según señaló la ministra, en la potenciación de la autonomía universitaria y en el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, tomarán en consideración el deseo de las universidades de que las modificaciones introducidas no supongan una revisión completa de los Estatutos, y frenen innecesariamente sus actividades ordinarias.
San Segundo explicó ante el pleno del Consejo de Coordinación Universitaria que la ley debe recoger y proteger la autonomía universitaria, imprescindible para el desarrollo de las actividades docentes e investigadoras, así como garantizar la participación de la sociedad en la supervisión de sus objetivos y de los resultados de sus actividades, y precisó que “desde ese punto de vista, parece conveniente que se regule la existencia de algunos Órganos de Gobierno y sus competencias, así como la participación de la comunidad académica en su elección”, puesto que “no se aprecia la razón de una normativa exhaustiva y detallada que da una rigidez y uniformidad innecesaria al sistema”.
Para comenzar a avanzar en esta dirección, el MEC propone en este ámbito los siguientes cambios:
1. En la elección del Rector, la ley debe garantizar la participación de toda la comunidad universitaria y puede incluso preservar el peso natural del 51% de los funcionarios docentes doctores, pero cuestiones concretas como la utilización del método de sufragio universal o de Claustro, o la duración del mandato pueden ser decididas por las propias universidades.
2. La Junta Consultiva introducida en la LOU, pero sin competencias ni efectividad claras, debería convertirse en un órgano opcional, sobre cuya existencia se pronunciasen los Estatutos de las Universidades.
3. La introducción en el Consejo de Gobierno de las universidades de tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria, no proporciona ventajas claras en el gobierno de la universidad. Se propone la supresión de este aspecto del artículo 15.2 de la LOU.
4. En relación con los Consejos Sociales, parece deseable que los Parlamentos regionales elijan por amplia mayoría a los Presidentes, para garantizar su respaldo social en sus importantes tareas.

Profesorado

En relación con el profesorado, la ministra afirmó ante el pleno del CCU que “todos los análisis disponibles indican que España no ha alcanzado el volumen de personal investigador que corresponde a su nivel de desarrollo actual y al que se aspira en el futuro”, y resaltó que “debemos crecer en cantidad y calidad, y las universidades como agente principal del sistema de ciencia y tecnología deben ser protagonistas de este crecimiento”.
“La atracción, formación e incentivación de buenos profesores -señaló la ministra- sigue dependiendo de manera crucial de la definición de las figuras de profesorado; su contratación, acceso a plazas permanentes y un régimen retributivo que atraiga a las personas más cualificadas y que incentive en producción docente e investigadora, por lo que la reforma de varios aspectos de la LOU parece necesaria para conseguir los objetivos buscados”.
El compromiso electoral adquirido por el Gobierno parte del consenso alcanzado hace unos años y se refiere a un modelo de acreditación que valore los méritos y competencias de los aspirantes. En una fase posterior, las universidades deberán escoger mediante concursos de acceso a los mejores candidatos entre el colectivo de acreditados en un área de conocimiento.
A este respecto, San Segundo indicó que “la acreditación constituirá un requisito exigido a los candidatos a funcionarios docentes universitarios, y para desarrollarla con garantías de transparencia será necesario comenzar por establecer los criterios objetivos que deben cumplir los candidatos en los distintos campos científicos, para lo cual propondremos que las Comisiones de criterios de acreditación estén formadas por catedráticos con tres sexenios, elegidos por sorteo”. A juicio de la ministra, este modelo se beneficiaría del hecho de contar con criterios estables, que deberían ser aprobados por el Consejo a propuesta de las Comisiones, y tener habitualmente validez por varios años.
Estos criterios deberán ser aplicados periódicamente por comisiones de acreditación que evaluarán las solicitudes presentadas, y se renovarán cada dos años. El Consejo de Coordinación Universitaria analizará anualmente los resultados de estas acreditaciones en las distintas áreas, para realizar un seguimiento de la aplicación de los criterios aprobados y su pertinencia.
El acceso a la función pública docente se completará en una segunda fase. Posteriormente, los acreditados podrán optar a los concursos de acceso que se juzgarán por comisiones formadas por profesores que reúnan los méritos que fije la ley.

ANECA

El proceso de Bolonia ha puesto énfasis en la importancia de la coordinación en el espacio europeo de metodologías y criterios de evaluación de calidad. A este respecto, San Segundo señaló que “en los próximos años, por lo tanto, deberemos combinar nuestras tareas ya habituales de evaluación con estos esfuerzos de coordinación que potenciarán la dimensión internacional de nuestros estudios”.
“Nuestro compromiso de cambio de naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) –precisó la ministra ante el pleno- requiere la modificación del artículo 32 de la LOU, que debe facultar al Parlamento para la creación de la Agencia como Organismo Público. Asimismo, se propondrá una reforma de los órganos rectores de la futura Agencia, para integrar a las Comunidades Autónomas. Las actividades a desarrollar en los próximos años contribuirán a potenciar la transparencia y mejora continua de la calidad de las enseñanzas de grado y postgrado. La cooperación con otras agencias europeas y el cumplimiento de los principios acordados en la Unión sobre criterios y buenas prácticas, deben ser un elemento crucial de la contribución española a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. La ANECA debe coordinar estas actividades, trabajando con las Agencias que algunas CC.AA. están desarrollando”.