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brado
en la Universidad de Navarra un Congreso Internacional sobre la educación
de los alumnos de alta capacidad al que han asistido más de 240 expertos
de 35 países cuya presidencia he tenido el honor de ostentar. Durante
este Congreso hemos podido analizar las posibilidades que las Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación pueden brindar al desarrollo de
la inteligencia y de la formación intelectual de nuestros jóvenes. Hemos
analizado las implicaciones educativas, para profesor y alumno, que suponen
dichas tecnologías; hemos tratado de delimitar las diferencias entre información
y conocimiento, etc. Así, en el marco de este Congreso, y de algunas de
las ideas que allí se ofrecieron, me permito inscribir las reflexiones
que siguen...
Los
sistemas educativos tienen el mayor potencial de cambio de un país, siempre
y cuando respondan a los criterios de funcionalidad, eficacia y eficiencia.
Lo primero supone entender que el sistema educativo debe adecuar sus logros
a las necesidades, expectativas y demandas sociales en un momento dado.
La eficacia tendrá que ver con la relación que se establece entre el nivel
de entrada en el sistema y las metas realmente logradas, mientras que
la eficiencia tiene que ver, naturalmente, con el coste (en sentido amplio)
que tal proceso representa. Todo sistema educativo tiene, por tanto, que
responder a las demandas sociales en el mayor grado posible y con el menor
gasto.
¿Pero
quién determina cuales deben ser los logros? ¿Cómo se establece la funcionalidad?
En nuestro país, el sistema educativo está decididamente intervenido
por la Administración que es la que determina los currículos, los medios
asignados, supervisa los procedimientos, etc. Y no estoy sugiriendo que
la Administración no deba realizar algunas de estas funciones, lo que
digo es que el sistema educativo no puede estar sólo en manos de la Administración.
La razón es simple, abandonar el sistema educativo (no es el único caso)
en manos del Estado supone un grave peligro y una dimisión de la responsabilidad
social. Porque en estos casos se corre el riesgo de que la política educativa
se convierta en politización, la funcionalidad en consenso o conveniencia,
la eficacia en una incógnita y la eficiencia en un coste nunca bien conocido.
Corriente
ideológica
Pero
hay más, dejar la educación en manos de la política puede suponer dejar
los objetivos del sistema educativo a la deriva de la corriente ideológica
que prevalezca en cada momento. Acabamos de tener un ejemplo claro de
esto con la suspensión, al menos parcial, de la LOCE. La formación intelectual
de generaciones enteras de jóvenes no puede estar a merced de lo ocasional,
sino al servicio de lo permanente, o de lo educativamente relevante, si
se quiere.
Si
traemos este argumento al caso de los alumnos más capaces, que son el
capital intelectual más preciado de una comunidad, la cuestión adquiere
tintes algo más dramáticos.
Disponemos
actualmente de una legislación que es de las más claras y explícitas de
Europa, pero quizá de las más inoperantes también. ¿Por qué? Simplemente
porque no hay voluntad política de ponerla en práctica. Porque alguien
ha decidido que los alumnos de alta capacidad son alumnos de segunda categoría...
o tan de primera que no necesitan ayuda, cuando la investigación demuestra
constantemente que la ayuda para el desarrollo del talento es imprescindible.
El
sistema educativo tiene muchas necesidades y demandas, y los recursos
son limitados, de acuerdo. ¿Pero quién determina cuales son los alumnos
de primera y de segunda? El ordenamiento legislativo exige una educación
diferenciada adecuada a las necesidades del aprendiz, de todo aprendiz.
Por ello, el ignorar a los alumnos de alta capacidad es tan injusto, porque
son ellos los que más pueden devolver a la sociedad con su talento plasmado,
tras un largo proceso de trabajo, esfuerzo y dedicación, en logros científicos,
artísticos, deportivos, etc. Es cierto que ellos nos necesitan, pero no
olvidemos que nosotros les necesitamos a ellos.
Tabla
de salvación
Si
la Administración no puede o no quiere afrontar este problema, la sociedad
debe hacerlo sin demora. La labor de mecenazgo de muchos de los agentes
sociales se convierte así en la única tabla de salvación para que centenares
de escolares puedan recibir una educación a la altura de sus capacidades.
Existen numerosos ejemplos de mecenazgo en muchos países que posibilitan
el desarrollo del talento de muchos jóvenes en los más diversos campos.
¿Qué están dispuestos a hacer nuestros agentes sociales, productivos,
financieros por el futuro educativo de nuestra comunidad?
No
es retórico decir que el futuro se está fraguando en las escuelas de hoy.
Pero es necesario tener una cierta visión que alcance más allá de la inmediatez
de la inversión con retorno a corto plazo, de los resultados -siempre
inciertos por otra parte de unas elecciones que se celebran cada cuatro
años, de lo que haremos mañana...
Es
preciso vertebrar el tejido social creando las condiciones que permitan
la inversión educativa. Es necesario hacer planes a largo plazo. Es imprescindible
saber imaginarse qué será de nosotros dentro de diez años. ¿Estamos dispuestos
a tomarnos en serio el futuro de nuestra sociedad? ¿Sí? Pues tomémonos
en serio la educación, de todos, entre todos.
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