Según el autor del presente artículo, disponemos actualmente de una legislación más claras y explícitas de Europa en lo relativo a la educación de alumnos con talento, pero quizá también es de las más inoperantes. ¿Por qué? Simplemente porque no hay voluntad política de ponerla en práctica. Porque alguien ha decidido que los alumnos de alta capacidad son de segunda categoría... o tan de primera que no necesitan ayuda, cuando la investigación demuestra constantemente que la ayuda para el desarrollo del talento es imprescindible.

Política, educación,
sociedad y futuro

Javier Tourón
Profesor Ordinario de la Universidad de Navarra, presidente del European Council for High Ability, ECHA (2000-2004) y director del Centro para Jóvenes con Talento - CTY España

ECIENTEMENTE  se  ha  cele-

brado en la Universidad de Navarra un Congreso Internacional sobre la educación de los alumnos de alta capacidad al que han asistido más de 240 expertos de 35 países cuya presidencia he tenido el honor de ostentar. Durante este Congreso hemos podido analizar las posibilidades que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación pueden brindar al desarrollo de la inteligencia y de la formación intelectual de nuestros jóvenes. Hemos analizado las implicaciones educativas, para profesor y alumno, que suponen dichas tecnologías; hemos tratado de delimitar las diferencias entre información y conocimiento, etc. Así, en el marco de este Congreso, y de algunas de las ideas que allí se ofrecieron, me permito inscribir las reflexiones que siguen...
Los sistemas educativos tienen el mayor potencial de cambio de un país, siempre y cuando respondan a los criterios de funcionalidad, eficacia y eficiencia. Lo primero supone entender que el sistema educativo debe adecuar sus logros a las necesidades, expectativas y demandas sociales en un momento dado. La eficacia tendrá que ver con la relación que se establece entre el nivel de entrada en el sistema y las metas realmente logradas, mientras que la eficiencia tiene que ver, naturalmente, con el coste (en sentido amplio) que tal proceso representa. Todo sistema educativo tiene, por tanto, que responder a las demandas sociales en el mayor grado posible y con el menor gasto.
¿Pero quién determina cuales deben ser los logros? ¿Cómo se establece la funcionalidad? En nuestro país, el sistema educativo está decididamente intervenido por la Administración que es la que determina los currículos, los medios asignados, supervisa los procedimientos, etc. Y no estoy sugiriendo que la Administración no deba realizar algunas de estas funciones, lo que digo es que el sistema educativo no puede estar sólo en manos de la Administración. La razón es simple, abandonar el sistema educativo (no es el único caso) en manos del Estado supone un grave peligro y una dimisión de la responsabilidad social. Porque en estos casos se corre el riesgo de que la política educativa se convierta en politización, la funcionalidad en consenso o conveniencia, la eficacia en una incógnita y la eficiencia en un coste nunca bien conocido.

Corriente ideológica

Pero hay más, dejar la educación en manos de la política puede suponer dejar los objetivos del sistema educativo a la deriva de la corriente ideológica que prevalezca en cada momento. Acabamos de tener un ejemplo claro de esto con la suspensión, al menos parcial, de la LOCE. La formación intelectual de generaciones enteras de jóvenes no puede estar a merced de lo ocasional, sino al servicio de lo permanente, o de lo educativamente relevante, si se quiere.
Si traemos este argumento al caso de los alumnos más capaces, que son el capital intelectual más preciado de una comunidad, la cuestión adquiere tintes algo más dramáticos.
Disponemos actualmente de una legislación que es de las más claras y explícitas de Europa, pero quizá de las más inoperantes también. ¿Por qué? Simplemente porque no hay voluntad política de ponerla en práctica. Porque alguien ha decidido que los alumnos de alta capacidad son alumnos de segunda categoría... o tan de primera que no necesitan ayuda, cuando la investigación demuestra constantemente que la ayuda para el desarrollo del talento es imprescindible.
El sistema educativo tiene muchas necesidades y demandas, y los recursos son limitados, de acuerdo. ¿Pero quién determina cuales son los alumnos de primera y de segunda? El ordenamiento legislativo exige una educación diferenciada adecuada a las necesidades del aprendiz, de todo aprendiz. Por ello, el ignorar a los alumnos de alta capacidad es tan injusto, porque son ellos los que más pueden devolver a la sociedad con su talento plasmado, tras un largo proceso de trabajo, esfuerzo y dedicación, en logros científicos, artísticos, deportivos, etc. Es cierto que ellos nos necesitan, pero no olvidemos que nosotros les necesitamos a ellos.

Tabla de salvación

Si la Administración no puede o no quiere afrontar este problema, la sociedad debe hacerlo sin demora. La labor de mecenazgo de muchos de los agentes sociales se convierte así en la única tabla de salvación para que centenares de escolares puedan recibir una educación a la altura de sus capacidades. Existen numerosos ejemplos de mecenazgo en muchos países que posibilitan el desarrollo del talento de muchos jóvenes en los más diversos campos. ¿Qué están dispuestos a hacer nuestros agentes sociales, productivos, financieros por el futuro educativo de nuestra comunidad?
No es retórico decir que el futuro se está fraguando en las escuelas de hoy. Pero es necesario tener una cierta visión que alcance más allá de la inmediatez de la inversión con retorno a corto plazo, de los resultados -siempre inciertos por otra parte de unas elecciones que se celebran cada cuatro años, de lo que haremos mañana...
Es preciso vertebrar el tejido social creando las condiciones que permitan la inversión educativa. Es necesario hacer planes a largo plazo. Es imprescindible saber imaginarse qué será de nosotros dentro de diez años. ¿Estamos dispuestos a tomarnos en serio el futuro de nuestra sociedad? ¿Sí? Pues tomémonos en serio la educación, de todos, entre todos.

 

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