La escuela concertada pide la misma financiación que la pública
La CECE rechaza que la administración organice unos sistemas de “escolarización y reserva de plazas obligadas”
La financiación de la futura reforma debería repartirse “de la misma manera” entre los colegios públicos y los concertados, y todos ellos deberían poder ofrecer todos los elementos de diversificación, según afirma
La CECE está de acuerdo con la disminución de asignaturas opta- tivas en bachillerato, pero no de las obligatorias. (Foto: Rafael Martínez)
la CECE en sus propuestas para el debate iniciado por el MEC. Esta patronal insiste en que debe garantizarse el derecho del alumno a escoger centro, y se opone a que el Estado organice unos “sistemas de escolarización y reservas de plazas obligadas” que agrupen a los alumnos de forma”artificial”.

Madrid.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha difundido un comunicado, en el que plantea sus diez “prioridades” ante el documento de debate sobre la reforma propuesto por el MEC. De entrada, no comparte el criterio de que todos los centros sostenidos con fondos públicos escolaricen equitativamente a todo el alumnado, porque considera que “lo que debe garantizarse es el derecho del alumno a escoger centro y, por tanto, la actuación del Estado nunca puede ser organizar unos sistemas de escolarización y reserva de plazas obligadas”. Tampoco está de acuerdo en “agrupamientos artificiales de alumnos, como si fueran objetos de planificación”.
La CECE dice que hay que fomentar la implicación y participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, a través de los órganos y asociaciones representativas correspondientes, y fomentando también las tutorías, escuelas y talleres de padres, etc. Cree que los claustros y los consejos escolares “son órganos de participación en el control y gestión, no son órganos de gobierno y, por tanto, su capacidad de decisión debe estar limitada por naturaleza a su propio ámbito de actuación: proponer, elaborar informes, participar, analizar y valorar”. Y considera “muy conveniente” que se amplíe la autonomía de los centros en cuestiones de horario, currículos y agrupamiento de alumnos, así como en la gestión de sus recursos económicos, materiales y humanos.

Igualdad

Además, pide que “la financiación para hacer frente a los resultados del debate se reparta de la misma manera entre los centros de titularidad privada y pública”, y que no se produzcan “nuevas necesidades o requisitos” para los colegios concertados”. Afirma que todos los centros (incluidos los privados) “deben estar en condiciones de ofertar todos los elementos de diversificación que introduzca este debate, y no deben asumir ampliaciones de opcionalidad que no estén financiadas por las administraciones educativas”. Y añade que los alumnos deben ser escolarizados “en el nivel que se corresponde con sus capacidades y conocimientos”. Por ello estima necesario crear “aulas específicas que preparen a los alumnos inmigrantes y otros con el mismo tipo de dificultades, antes de acceder a las normales del sistema educativo”.
Esta patronal está de acuerdo con la “disminución global” de asignaturas optativas de los bachilleratos en los centros privados, “que carecen de la flexibilidad económica necesaria para tratar con grupos muy pequeños”, pero está en contra de la reducción de las obligatorias, que deben recoger “la mayor parte de contenidos de esta etapa”. Estima necesario que exista “una sola prueba vinculada al fin de la Enseñanza Secundaria, que debería tratarse de una validación de conocimientos”. Por último, se muestra conforme con que “los centros de Formación Profesional y algunos de Secundaria tengan la posibilidad de ofrecer los cursos de acceso desde el Grado Medio al Superior”.

 

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