José Campos Trujillo
Secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado ante los rectores de las universidades que emprenderá un “profundo cambio” en el sistema universitario. No se trata de nada nuevo, puesto que, como es sabido, en su día ya coincidimos con él, junto a decenas de millares de manifestantes que marcharon en Madrid tras la pancartas del “No a la LOU”. También la ministra San Segundo ya había anticipado en julio noticias importantes, tales como la modificación de la prueba de acceso a la Universidad, el cambio en el proceso de habilitación del profesorado, el establecimiento de un posible sistema mixto de financiación, el aumento de las becas, la reforma de la ANECA o el reforzamiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Unas líneas básicas coincidentes en gran medida con nuestras reivindicaciones sindicales.
Zapatero ha hablado de “modelo de referencia” para asegurar la financiación constante de la enseñanza superior; también, que reformará la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aunque sin demolerla, por dos motivos principales. El primero, por haber sido impuesta sin consenso y con escaso debate. El segundo, por generar más problemas que soluciones. Añadió que esta reforma de la LOU girará –respetando la autonomía universitaria– en torno al cambio del sistema de habilitación del profesorado y, además, potenciando la formación de investigadores en la Universidad.
Está previsto que la reforma entre en vigor en diciembre de 2005, con lo que podría aplicarse en el curso 2006-2007. Pero, entre tanto, se han concretado los Presupuestos Generales del Estado de 2005, que en lo referente a la educación supondrán un incremento inversor del 7,3%. Aunque en la Federación de Enseñanza de CC.OO. valoramos que estos presupuestos mejoran anteriores ejercicios, pensamos que el Gobierno podría haber sido más generoso. Con todo, la inversión redundará en un aumento del 25% en investigación, innovación y desarrollo tecnológico (I+D) así como de 25.000 becas más para la Universidad y las Enseñanzas Medias.
Con esa partida presupuestaria y los cambios anunciados, el Ministerio de Educación persigue la “modernización universitaria”, esa misma que tanto la Ley de Reforma Universitaria (LRU) como la LOU pretendían, con más o con menos endogamia. Sin embargo, nos gustaría que esta reforma no sea considerada “la de los socialistas”, a fin de evitar que cuando la otra “media España” regrese al poder se haga borrón y cuenta nueva.
Por el contrario, debe ser una reforma de todos, de manera que la mayoría de la sociedad se vea reflejada en ella. Prueba de esto es la campaña de las “27 medidas para la reforma universitaria” que estamos promoviendo desde CC.OO. con el objetivo de fomentar la reflexión, la participación y el debate, y no tanto para que sea derogada la LOU –algo que podría ahora resultar más convulsivo que beneficioso–  como por la mejora efectiva de la calidad de nuestras universidades y, especialmente, de las condiciones laborales de sus profesionales. Por eso, en la medida de sus posibilidades, nuestro sindicato va a ejercer de forma responsable y coherente una colaboración constructiva y leal en la consecución de este objetivo.
No obstante, hay que partir de que la realidad del Estado es compleja y de que nos hallamos ante un montón de universidades nacidas al amparo de una, por lo general, mal entendida autonomía universitaria basada en el “café para todos” y en la masificación. Esta realidad se traduce en, nada más y nada menos, la presencia de un millón y medio de estudiantes y 89.000 docentes repartidos en una enormidad de “campus” que afronta como puede, curso tras curso, exigencias nuevas.
Pese a todo, nuestras universidades han formado y titulado a mucha gente, tanta como necesitaba nuestra economía y nuestra sociedad.
Desde hace tiempo se está intentando poner orden en la gigantesca Universidad española con el propósito de seguir extrayéndole su óptima rentabilidad social, algo que debe traducirse no sólo en la cantidad de titulaciones ofertadas o de títulos expedidos sino en la garantía de un servicio público de calidad, que fomente la actividad intelectual y el acceso a las ciencias y técnicas.
La Universidad española debe continuar con su misión de hacerse cargo de la incorporación al mercado laboral de las personas tituladas o graduadas, así como de formar adecuadamente y fomentar el conocimiento por la vía de la investigación para el desarrollo social. También ha de difundir el conocimiento y la cultura, animar el espíritu crítico, alentar el estudio y el respeto a los valores humanos (libertad, pluralismo, igualdad, tolerancia, etc.), atender a la formación y al perfeccionamiento de sus trabajadores y trabajadoras –PDI y PAS– , contribuir a mejorar la calidad de vida de las gentes en un marco de paz, desarrollo y respeto al entorno natural... Así pues, nos encontramos ante una tarea de enorme trascendencia, sobre todo si se lleva a buen término.
Es obvio que esta labor de la Universidad recae, en particular, sobre los docentes. Pero, hasta ahora, la retrospectiva de la ocasión política arroja un terco vaivén legislativo, que a su vez sólo ha suscitado una gran confusión interna y externa. Todo ello ha generado, además de una excesiva pérdida de tiempo, un innecesario desgaste de imagen. Como resultado de estos desajustes, nos encontramos con un profesorado desmotivado y mal valorado y con una percepción, sin duda desproporcionada, de su corporativismo, que, al menos de puertas hacia fuera, ha sido y es aún pública y notoria.
Como sindicato mayoritario de la enseñanza, CC.OO. alberga muchas esperanzas en la reforma educativa propuesta para la Universidad, por lo que pensamos que un cambio de ese calado que debe acometerse sin imposiciones ni exclusiones, desde una etapa abierta a la participación y al diálogo de todos.
La enseñanza superior ha de derivar hacia un marco legal nuevo, pero estable, que conduzca a este país y a sus singularidades hacia la convergencia europea, con la ineludible promulgación de los decretos que van a desarrollar el proceso de Bolonia. No tenemos la menor duda de que tales decretos no quedarán en papel mojado si cuentan con la financiación suficiente y con la conformidad de los profesionales que han de aplicarlos.
Hágase pronto y con buen talante.