Movilizaciones en la
enseñanza pública de Madrid
Los sindicatos quieren negociar un nuevo acuerdo para mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado
Las organizaciones sindicales de la enseñanza pública madrileña quieren negociar con el Gobierno autonómico un nuevo acuerdo, para mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales y profesionales de los docentes. Tas un año de conversaciones “poco productivas”, han convocado una campaña de movilizaciones para apoyar su plataforma reivindicativa.

Madrid. G. ARIANES
Los sindicatos ANPE, CC.OO, CSI-CSIF y FETE-UGT de Madrid han iniciado una campaña de movilizaciones en la enseñanza pública no universitaria, con el fin de impulsar la negociación de un nuevo acuerdo educativo para esta comunidad autónoma. En principio han convocado concentraciones ante la sede de la Consejería de Educación para los días 30 de noviembre y 2 y 13 de diciembre próximos, y paros de una hora de duración para el 25 de enero y el 8 de febrero de 2005.
La Comunidad de Madrid firmó en diciembre de 1999 con dichas organizaciones y los STEs, junto con una veintena de entidades vinculadas al ámbito de la enseñanza, un “Acuerdo social para la mejora de la calidad y el empleo” y otro “Acuerdo para la mejora de la calidad del sistema educativo”, que han tenido “gran importancia” para la educación en esta provincia. Según han manifestado en rueda de prensa representantes de los cuatro sindicatos citados inicialmente, “por primera vez el gasto educativo fue considerado la mejor apuesta de futuro para el desarrollo de nuestra región y de sus ciudadanos. La inversión adicional al presupuesto ordinario de 131.000 millones de pesetas sirvió para compensar el déficit de unas malas transferencias y abrió la puerta a una negociación laboral posterior”.

Escuela pública de calidad

Además, han afirmado que en estos acuerdos “se definía un modelo de escuela pública basada en valores como la calidad, la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades o la compensación de desigualdades”. Y han hecho una “valoración global positiva” de los mismos, “a pesar de los graves incumplimientos por parte de la administración” en temas como la “prioridad incondicional que ha dado a los centros concertados, el nulo desarrollo de las medidas previstas en enseñanzas de adultos, educación especial o salud laboral, la tardanza en desarrollar el plan regional de FP, o la creación de aulas sin consenso”.
Coincidiendo con el final de su vigencia, todos los sindicatos reclamaron en diciembre de 2003 la prórroga de estos acuerdos y el inicio de negociaciones para su renovación, “pero el camino ha sido poco productivo” durante un año “sin ningún avance” en las conversaciones. Creen que la situación de la enseñanza madrileña es distinta a la de hace cinco años, “pero no es menos complicada”. Y consideran que “la nueva realidad social de nuestra Comunidad, la competencia desleal de la escuela concertada respecto a la pública, la adaptación a otras necesidades educativas, el problema creado con el profesorado interino, y el caótico comienzo de curso, nos llevan a plantearnos como totalmente válida y necesaria la existencia de unos nuevos acuerdos”.

Mejoras sociales

En consecuencia, ANPE, CC.OO, CSI-CSIF y FETE-UGT seguirán adelante con las movilizaciones anunciadas, si la Consejería de Educación no responde a su pretensión de negociar un nuevo “Acuerdo educativo para Madrid”, basado en una plataforma reivindicativa acordada en el Pleno de la Junta de Personal Docente no Universitario de Madrid (de la que también forman parte los STEs) el 30 de noviembre. En ella reclaman un nuevo acuerdo de interinos, la homologación retributiva del profesorado con el de las comunidades autónomas “de similar nivel de renta”, y mejoras en los derechos sociales, jubilación y, formación permanente, así como la reducción de jornada a mayores de 55 sin disminución de haberes”.
También reclaman el reconocimiento de las tutorías y “otras tareas de especial dedicación al centro”, y un plan específico para atender al alumnado inmigrante, que contemple su “escolarización equilibrada entre todos los centros sostenidos con fondos públicos junto a un incremento del profesorado de apoyo”. Y solicitan igualmente un “plan de inversión en construcciones escolares que garantice la atención a las demandas de escolarización desde la red pública”, así como el incremento de los recursos materiales y humanos a los centros docentes”.

 

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