La escuela concertada pide los mismos “beneficios y soluciones” que la pública
El Congreso de la CECE pide que se garantice el derecho a la libertad de enseñanza y reclama un plan contra la violencia en las aulas
Los centros concertados reclaman los mismos “beneficios y soluciones” que la administración concede a los públicos y, por ello, pide la “actualización” de los conciertos, según las conclusiones del reciente Congreso de la CECE. Esta patronal quiere que se
Para la CECE la libertad de enseñan- za incluye la libertad para crear centros y el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos. (Foto: Rafael Martínez)
respete el derecho a la libertad de enseñanza y el proyecto educativo de cada centro, y propone que se establezca un plan de sanciones contra los problemas de indisciplina y violencia en las aulas.

Madrid. G. A.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha celebrado en Córdoba el 32 Congreso de la Enseñanza Privada, cuya principal finalidad ha sido “reivindicar los objetivos de libertad de enseñanza que persigue esta organización” según ha manifestado su presidenta, Isabel Bazo. También ha afirmado al respecto que “libertad significa que las familias puedan elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, y esto también incluye la libertad para la creación de centros escolares, que es un derecho fundamental que reconoce la no existencia de un monopolio estatal. Y ambos asuntos están recogidos en el artículo 27 de la Constitución”.
El papel de la escuela privada como “garantía de libertad” ha sido, precisamente, el lema de este encuentro y de la intervención de Isabel Bazo durante su apertura, quien ha añadido que “cualquier argumento para no conceder o retirar el concierto educativo es negar a las familias el derecho a elegir la educación que desean”. Sin embargo ha puntualizado que “nunca hemos querido entrar en confrontación con la enseñanza pública, en la que trabajan estupendos profesionales”.

Debate sin límites

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha sido la encargada de inaugurar oficialmente este Congreso, alabando la decisión de abordar la relación entre familia y escuela “ya que ésta es la base del proceso educativo”, e insistiendo en que “en el ámbito de la educación no tiene que haber límites al debate”. El MEC ha estado representado por el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, que durante el acto de clausura ha advertido que “estamos en un momento en el que es posible llegar a acuerdos para lograr la estabilidad en el mundo educativo, sin menoscabar que cada parte negociadora defienda sus principios”. Y por el director general de Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luisa Pérez Iriarte, quien ha anunciado que el proyecto de reforma que va a impulsar el MEC “estará acompañado por una memoria financiera”.
Además, el director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE, Manuel del Castillo, ha abordado el uso de la informática en las aulas, tema que se ha completado con la exposición de experiencias de varios centros. Otros expertos han tratado sobre la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales y de la protección de datos. Y representantes de las Consejerías de Educación de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia, han informado sobre la situación de la enseñanza concertada en sus comunidades, y las actuaciones que van a promover en el futuro.

Actualizar los conciertos

Todas las intervenciones y seminarios de este encuentro se han concretado en unas conclusiones, en las que la CECE insiste en que “los centros tienen derecho a hacer respetar su proyecto educativo y a percibir las ayudas que el Estado proporciona, como subvención o concierto, para cubrir los gastos que ocasiona el servicio que prestan a las familias que los eligen”. Apuesta por “la calidad que el debate propiciado por el Gobierno trata de establecer”, pero quiere conseguir para los centros de iniciativa privada “los beneficios y soluciones que el Estado establezca para los de titularidad pública” y, por ello, solicita “la actualización del monto de los conciertos educativos”.
Esta patronal reclama igualmente que la financiación de la Educación Infantil se concrete en “ayudas directas al centro bajo forma de subvenciones, convenios o conciertos, sin perjuicio de ayudar a las familias para asuntos concretos, como becas para materiales, comedor o transporte”. Pide mayor autonomía para los centros de Educación Especial, que en los de FP se impulse “el desarrollo de los elementos contenidos en la Ley de Cualificaciones”, y que los alumnos inmigrantes “sean escolarizados en los niveles que les correspondan de acuerdo con sus conocimientos y madurez, una vez hayan asimilado los contenidos culturales necesarios en las aulas de enlace, para facilitarles el acceso a la escuela en igualdad de condiciones

Sanciones contra la indisciplina

El Congreso también ha aprobado las bases del documento que la CECE va a presentar al MEC antes del 30 de noviembre, con sus aportaciones al debate planteado por el Ministerio sobre la reforma educativa. Entre otros aspectos, esta organización propone la creación de un plan de sanciones en los centros docentes “de aplicación rápida”, para combatir “las faltas de respeto o cualquier otro problema que afecte a la relación entre profesores y alumnos”. Porque según ha advertido Isabel Bazo, “el alumno se ha convertido en muchos casos en una persona violenta, y nunca hasta ahora se han visto tantas agresiones entre compañeros e, incluso, a profesores”.
Esta patronal cree que “no deben tolerarse cuestiones tan simples como careos entre alumnos y profesores, para evitar todo lo que pueda minar su responsabilidad o autoridad ante terceros”. Apuesta por que todas las asignaturas sean evaluables y tengan peso en la promoción del curso, como “herramienta” para favorecer la valoración de la labor docente. Y considera que la falta de “supervisión familiar” es uno de los factores que más influyen en la indisciplina escolar. Por eso pide que se adopten medidas para promover la participación de los padres en el proceso educativo, como  escuelas y talleres para ellos y actividades grupales con sus hijos.

 

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