La comunidad escolar quiere negociar la reforma
Sindicatos, patronales y asociaciones de padres valoran las propuestas del MEC y piden un Pacto Social por la Educación
Las principales organizaciones sindicales, patronales y de padres han manifestado su disposición para alcanzar un “Pacto Social para la Educación”, aunque han avalorado de forma muy distinta las propuestas iniciales del MEC para el debate de la reforma. Mientras que las asociaciones de carácter laico comparten bastantes de los planteamientos ministeriales, sobre todo como punto de partida para el diálogo, los representantes de la escuela católica temen posibles recortes en la libertad de enseñanza y de elección de centro.
Los representantes de profesores, empresarios y padres coinciden en la necesidad de llegar a un consenso con todas las fuerzas sociales, para que la educación en nuestro país esté al margen de los vaivenes políticos. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos, ha valorado positivamente “las formas del Ministerio de Educación al presentar sus propuestas en el Consejo Escolar del Estado, reclamar aportaciones y plantear un debate en la comunidad educativa”. Ha afirmado en rueda de prensa que los contenidos del documento son insuficientes “en cuanto a condiciones laborales de los trabajadores, financiación educativa y servicios complementarios”, y que “sería peligroso no establecer en una Ley la financiación concreta y adecuada”.
CC.OO considera “acertado” que la Educación Infantil abarque desde el nacimiento a los 6 años y que esté organizada en dos ciclos de “carácter educativo”, y que se adopten “medidas preventivas” en Primaria, aunque pide más plazas públicas y aumento de plantillas en ambos niveles. Y apoya la implantación de un “curso de consolidación de los aprendizajes básicos en las técnicas instrumentales (lectura, escritura y cálculo), para el alumnado que “no alcance los objetivos de la etapa”.
Además, reclama un “plan de choque” para la Secundaria que subsane las actuales deficiencias, en temas como los programas de diversificación curricular, la atención del alumnado sin motivación para el estudio o que rechaza la institución escolar, la organización actual de los institutos, etc. Por ello, pide aumento de plantillas, bajada de ratios y mayores recursos humanos para la orientación educativa. También quiere más dotaciones para servicios complementarios, mejores condiciones laborales para los docentes, la “elaboración definitiva” de un “Estatuto Básico de la Función Pública Educativa” y de una ley de igualdad en la Educación”. Y vuelve a reiterar la “necesidad ineludible” de alcanzar un Pacto Social por la Educación.

Estatuto docente

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha calificado de positivo el documento del MEC que responde a “nuestras expectativas”, aunque advierte en un comunicado que su “posición final” dependerá de la negociación en los distintos foros. Valora positivamente “la recuperación del carácter educativo” del primer ciclo de Educación Infantil, las medidas orientadas a la atención a la diversidad, la obtención del título de bachillerato al superar los dos cursos de esta etapa, y la realización de una única prueba de acceso a la universidad”. Y también el compromiso de elaborar una memoria económica de la reforma y un Estatuto de la Función Docente.
FETE cree que dicho Estatuto “puede ser la herramienta que motive, ilusione y recupere a los profesores que, fundamentalmente en la ESO, están quemados”. Y que debería contemplar “la promoción profesional, la doble vía de acceso a la función pública, el régimen de derechos y deberes del profesorado, la revisión de la formación inicial y continua y de las condiciones laborales y salariales, estableciendo la jubilación anticipada, la reducción de jornada y la homologación retributiva”. En consecuencia, insta al MEC a “impulsar un acuerdo de mínimos entre las distintas comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, la comunidad educativa y los agentes sociales, para alcanzar un Pacto por la Educación”.
El portavoz de los STEs, Augusto Serrano, ha destacado el esfuerzo del Ministerio por “invertir” la tendencia del anterior Gobierno, al que ha acusado de desprestigiar la enseñanza pública. También ha reclamado financiación para poner en marcha las reformas anunciadas en la enseñanza pública, y ha pedido a la ministra “que haga caso al Consejo Escolar, que el pasado 22 de julio aprobó una propuesta de esta organización “para sacar la enseñanza de la Religión del horario lectivo”.

Rechazo

Por el contrario, el sindicato ANPE considera que “los escasos cambios anunciados por la ministra responden más a razones ideológicas que académicas”. Afirma que “el Gobierno mantiene casi en su totalidad los postulados de la LOGSE, cuyo desarrollo ha supuesto alumnos desmotivados, mediocridad generalizada, profesores sin autoridad y un clima escolar degradado”. Y rechaza la supresión de los itinerarios en la ESO, pues aunque “no estamos de acuerdo en la segregación de los estudiantes, sí defendemos el establecimiento de diferentes itinerarios formativos en el segundo ciclo”.
Tampoco acepta que la asignatura de Religión se imparta fuera del horario escolar, ni la creación del área de Educación para la Ciudadanía, “pues valores como la solidaridad, la convivencia, la justicia, la libertad, y la educación para la paz, se enseñan ya a través de las denominadas áreas trasversales, la asignatura de Ética y las tutorías”. Defiende que se establezca al final del Bachillerato “una prueba externa que sirva para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos”. Y pide que el futuro debate se centro “en los problemas educativos reales, en lo que acontece en nuestras aulas, para lograr una enseñanza pública de calidad”.
En la Federación de Enseñanza de USO, el documento “ha suscitado muy pocas sorpresas”, porque aunque reconoce que se trata de un texto “abierto al debate”, cree que “la ministra plantea una nueva reforma como si durante años no se hubiese estando debatiendo absolutamente nada en el mundo educativo”. En su opinión, hay muy pocas novedades “de entrada” y todo apunta a “un revival de la LOGSE, cuyos postulados educativos parece que quieren recuperarse”. También dice que “lo que se pretende es arrinconar la asignatura de Religión para restarle importancia y situarla fuera del horario escolar, marginando a un importantísimo porcentaje de padres (75% en los centros públicos) que eligen voluntariamente esta opción”.
USO lamenta la supresión de los itinerarios en la ESO, y pregunta “¿cómo se van a hacer los desdobles y los refuerzos?, ¿quién va a determinar que los alumnos vayan a un grupo o a otro?, ¿quién va a decidir que vayan a un Programa de Iniciación Profesional?, ¿van a ampliarse las plantillas de la ESO también a la concertada?, ¿habrá dinero?, etc. Denuncia que “vuelve a apostarse por la escuela comprensiva, que tantos fracasos ha cosechado”, afirma que la concertada “nunca ha rechazado su participación en el reto educativo que supone la escolarización de alumnos con dificultades especiales”, y añade que continua la “cruzada laicista”del actual Gobierno.

Libertad e igualdad

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) cree que es “absolutamente necesario llegar a un consenso que nos conduzca a un gran Pacto por la Educación, que debe ser liberada de los vaivenes de la política y ser considerada como una cuestión de máxima prioridad”. Para esta organización, la enseñanza en nuestro país “debe ser compatible con los principios de libertad de elección de centro, e igualdad de trato entre los colegios públicos y los concertados”.
Los dirigentes de este sindicato de la enseñanza privada van a pedir que se mejoren las condiciones laborales y económicas del profesorado del sector concertado, que se respeten “los derechos claramente contemplados en el artículo 27 de la Constitución” y que se reconozca la complementariedad de las distintas redes educativas, “sin que exista discriminación alguna en el trato de los alumnos que elijan la enseñanza concertada respecto a los que escogen la pública”. Por eso reclamarán “una financiación suficiente, para garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan igualdad de plantillas de profesorado, con las mismas condiciones laborales y económicas y el mismo apoyo que contribuya a la dignificación de la profesión docente”.
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) está dispuesta a “reflexionar, analizar y debatir las cuestiones planteadas”, pero considera que “la mayor parte de los temas propuestos ya han sido objeto de rebate reciente, con motivo de la tramitación de la todavía vigente Ley de Calidad”. Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general de esta organización, Manuel de Castro, quien ha mostrado asimismo su preocupación “por las intenciones del Ministerio sobre la enseñanza católica concertada”.
En cualquier caso, FERE-CECA se compromete a “buscar activamente” el consenso en la reforma de dicha Ley, y advierte que no hay que “desperdiciar la ocasión de lograr que el Pacto escolar llegue a buen puerto”. Pero “siempre y cuando la escuela católica concertada esté en pie de igualdad con la pública, porque ambas son complementarias y así lo debe reconocer la administración. De no ser así, -dice Manuel de Castro- el diálogo se transformará en sumisión, se estará poniendo en peligro la libertad de enseñanza que reconoce la Constitución, y se estará contraviniendo la voluntad del millón de familias que confían y valoran nuestra oferta educativa”.

Autonomía para los centros

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha dado un “voto de confianza al diálogo anunciado por el MEC para debatir su proyecto de reforma educativa”, aunque siempre que se muestre “respeto hacia la autonomía de los centros y su proyecto educativo”, y que se facilite a las familias la posibilidad de elegir. Según la presidenta de esta patronal, Isabel Bazo, esto no significa aceptar las propuestas ministeriales, sino la confianza en que el debate sea “realmente constructivo” y que se dé un “tratamiento no discriminatorio” a la enseñanza concertada. “Estamos dispuestos a llegar a acuerdos pero -ha advertido- nos defenderemos con uñas y dientes contra cualquier atentado a los intereses de nuestras empresas”.
Las organizaciones mayoritarias de padres han valorado de forma muy distinta la iniciativa ministerial. Así, la presidenta de la CEAPA, María Dolores Abelló, ha defendido que padres y alumnos mayores participen en el control y gestión de los centros a través de los consejos escolares, y que la Religión esté fuera del currículo y del horario lectivo. Ha vuelto a reivindicar una “escuela laica que imparta formación en valores éticos universales”, y ha aplaudido las propuestas del MEC sobre atención a la diversidad, “a través del diagnóstico de la realidad y mediante grupos flexibles”, y sobre la participación de las familias en la educación de sus hijos, “que redujo la LOCE”.
Por el contrario, la CONCAPA se ha sentido “absolutamente defraudada” por la “decepcionante presentación de la ministra”. Ha difundido un comunicado, en el que afirma que “la reforma socialista viene dañada de origen, pues lejos de proponer avances y mejoras se ha limitado a reverdecer planteamientos obsoletos y fracasados, con la vuelta a un sistema ya conocido que ha supuesto un elevado incremento del fracaso escolar”. Y añade que “todas las actuaciones anunciadas atienden a intereses políticos de una parte, pero no a la búsqueda de un sistema educativo capaz de formar integralmente a la persona”.
La confederación de padres católicos teme que la reforma, “de escaso calado y con pocas novedades sustanciales”, no trate “adecuadamente” el estudio de la Religión, “una asignatura que solicitan el 80% de los padres”, y que origine “un retroceso de las libertades educativas consagradas en la Constitución”. Critica la falta de inversión, la inexistencia de la prueba de reválida, la ampliación los estudios a un segundo idioma sin ampliar el calendario escolar, y el retraso hasta los 16 años del acceso a la iniciación profesional y del inicio de la lectura de 4 a 6 años. Respecto a la Educación para la Ciudadanía plantea si serán los padres o el Gobierno quien “enseñe la ética a nuestros hijos, porque muchos no estamos conformes con temas como la eutanasia, el aborto a la carta o el divorcio express”.

 

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