Un estudio destaca la importancia
del consenso en materia educativa
Conclusiones del trabajo titulado Igualdad de oportunidades educativas. La experiencia socialdemócrata española y francesa

Madrid. MARGARITA GIRON
El consenso en las reformas educativas “influye de forma determinante en el desarrollo del resto de las políticas que ponga en marcha un Gobierno”. Además, las leyes educativas que más duran son aquellas que se aprueban con el mayor grado de consenso político y social, es decir con el voto de más partidos políticos de los necesarios para sacarlas adelante. Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio “Igualdad de oportunidades educativas. La experiencia socialdemócrata española y francesa”, realizado por la socióloga, experta en política educativa, y profesora de Sociología, María Fernández Mellizo-Soto, y que acaba de publicar ediciones Pomares.
Según otra de la conclusiones, “la opinión pública es muy permeable a cambiar de opinión en relación con las políticas educativas que defienda un Gobierno si este se basa en un proyecto claro y estas políticas se encuentran entre las que más protestas y manifestaciones sociales pueden desencadenar”. Sin embargo, es mejor para los Gobiernos mantenerse en una postura firme respecto a su política educativa e intentar convencer a la opinión pública de lo adecuado de la misma, que variar su postura para intentar adaptarla a las demandas de los diferentes grupos de presión social.

España y Francia

En este sentido, el Secretario General de Educación, Alejandro Tiana, que asistió a la presentación del libro, comparó la actuación del Gobierno francés con la del español y destacó que este último es más capaz de convencer a la opinión pública a diferencia del francés que cambia de orientación en función de las maniobras de presión de otros grupos sociales.
La autora analiza las diferencias en la utilización del concepto de “igualdad de oportunidades” que realizan los gobiernos de izquierda y de derecha para defender sus respectivas políticas educativas. También estudia “el cambio que hubo en la opinión pública de izquierdas cuando se aprobó la LODE (y, con ella, la regulación de los conciertos a los centros privados) gracias sobre todo a los argumentos de que esta ley establece la gratuidad de la educación concertada para los alumnos, así como la libre elección de los estudiantes a la hora de acceder a los centros concertados”. Para la autora, estos aspectos no se están cumpliendo actualmente, ya que numerosos centros concertados cobran mensualidades a los alumnos. Además, los datos demuestran que la mayoría de los alumnos en situación económica desfavorecida (más del 80%), incluidos los inmigrantes, están escolarizados en centros públicos.

 

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