CC.OO y UGT vuelven a pedir
un Pacto por la Educación
Los dos sindicatos piden un sistema de financiación “por encima de la alternancia política” y para “equipararnos con la Unión Europea”
CC.OO y UGT han vuelto ha proponer un Pacto Por la Educación, en el que se impliquen todos los agentes sociales, incluidos los grupos parlamentarios. Dicho acuerdo debería contemplar medidas para “dignificar la función docente”, mecanismos de homologación interterritorial y de compensación de desigualdades,  y nuevas fórmulas de financiación para el sistema educativo.
CC.OO y UGT quieren un sistema educativo de calidad para todos, homologable entre todas las comunidades autónomas, que atienda a la diversidad y las necesidades educativas especiales.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. ARIANES
El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), Carlos López Cortiñas, ha reiterado en rueda de prensa su reivindicación de iniciar negociaciones para alcanzar un “Pacto por la Educación”, y poner “só-

lidos cimientos que construyan un nuevo sistema educativo público de calidad para todos, alejado del permanente clima de inestabilidad y del enfrentamiento político, y que contemple los temas de la educación del individuo a lo largo de toda su vida”. Considera que “el anterior equipo ministerial acordó la LOCE sólo con una parte de la comunidad educativa”, y cree que ahora es el momento de llegar a un “pacto de Estado, territorial, político y social en el que participemos como agentes activos todos los componentes de la comunidad educativa, desde sindicatos a patronales, asociaciones de padres y alumnos, que tiene que perseguir también el consenso de los grupos políticos parlamentarios”.
Esta organización reivindica “la estabilidad y armonización del sistema educativo en las comunidades y las ciudades autónomas, un sistema equiparable que establezca unas bases mínimas comunes para permitir no sólo esa homologación, sino también la libre circulación de alumnos y profesores, algo cada vez más difícil”. También reclama “una escuela para todos, compensadora de desigualdades y que garantice la igualdad de oportunidades”, junto a mecanismos que permitan “procesos comunes de escolarización y la distribución nacional de los alumnos con necesidades educativas especiales”.

Dignificación profesional

FETE quiere que se promuevan acciones para “la dignificación profesional de los trabajadores de la enseñanza”, pasando por una formación inicial “en consonancia con las nuevas exigencias para la convergencia europea”, y una formación permanente que “debe realizarse dentro del horario de trabajo, siempre que esté ligada al desarrollo laboral”. Y pide que se flexibilicen “la dedicación y tareas” de los mayores de 55 años, y que se establezca “el derecho de jubilación voluntaria, indefinida, incentivada y sin pérdida de poder adquisitivo a los 60 años”.
Además, Carlos López ha reclamado “figuras especializadas para una eficaz atención a la diversidad” en los centros, subidas retributivas por encima del IPC previsto “a fin de recuperar el poder adquisitivo de los salarios”, cláusula de revisión salarial y pagas extras al 100% de las retribuciones, junto a la homologación de los sueldos de todos los trabajadores de las distintas comunidades autónomas. Por último, ha afirmado que “hay que garantizar la financiación pública del sistema educativo español, a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado”.

Debate y consenso

También la Federación de Enseñanza de CC.OO apuesta “de forma decidida por el diálogo, el debate y el consenso” entre el Gobierno, los sindicatos y los agentes sociales, para lograr “un gran Pacto que sirva de base a una nueva Ley que regule el ámbito educativo, con la intención de perdurar más allá de posibles cambios políticos”, según afirma en un comunicado su secretario general, José Campos. Además, denuncia el “inicio de curso marcado por la masificación de las aulas, y la falta de infraestructuras y de servicios educativos”.
CC.OO advierte que “a la vista del debate que se avecina, el Ministerio no puede obviar la importancia de los servicios complementarios (aulas matinales, comedores y actividades extraescolares), la educación compensatoria, la financiación y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza”. Por ello, pide “medidas complementarias que faciliten la apertura de los centros a la comunidad educativa”, y sigue reivindicando la negociación de un Estatuto de la Función Pública Docente, que contemple “cuestiones como la movilidad, acceso y promoción del profesorado, las mejoras retributivas, la reducción de la jornada laboral, la valoración de la acción tutorial”, la prórroga de las jubilaciones LOGSE, la formación, el incremento de las ayudas en acción social, etc.”.
Para atender al alumnado inmigrante este sindicato reclama “planes de formación para este profesorado, la extensión de las aulas temporales de adaptación lingüística, la creación de equipos de orientación intercultural, y la apertura de las escuelas de padres a los inmigrantes con hijos en edad escolar”. Y para cometer todas estas reformas exige “una Ley de financiación educativa” y, de forma inmediata, unas inversiones en gasto público dedicado a educación que lleguen al 6% del PIB, “para situarnos en unos niveles equiparables con la Unión Europea”.

 

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