Renovación de consejeros en el Consejo Escolar del Estado

CEAPA teme una posible “guerra de religiones” en la escuela

Renovación de consejeros en el Consejo
Escolar del Estado

Madrid. El Ministerio de Educación y Ciencia ha renovado la composición de parte del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia de enseñanza, que presiden Marta Mata. En el Boletín Oficial del Estado del 17 de julio se publica el cese de ocho titulares del Consejo y el nombramiento de once nuevos.
En el Pleno del Consejo están representados como consejeros los profesores de enseñanza pública (12 puestos), los de enseñanza privada (8), los padres de alumnos (12), alumnos (8), personal de administración y servicios (4), titulares de centros docentes (4), sindicatos (4), organizaciones patronales (4), administración educativa (8), universidades (4) y personalidades de reconocido prestigio (9).
Los ceses afectan a un representante de los titulares de centros docentes, Néstor Ferrera (Educación y Gestión), que es sustituido por el nuevo presidente de esa patronal, Carlos Díaz Muñiz.
Además, se cesa entre las personalidades de reconocido prestigio a Ignacio Escanero, José María Hernández, Manuel de Castro, José Luis García y Ramón Pérez Juste.
Sobre Manuel de Castro, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), de la que Castro es presidente, ha asegurado a Efe que su cese “expulsa a la escuela católica” del Consejo y lo hace “sin previo aviso”, ya que, afirma, han tenido conocimiento de ello “por una fotocopia del BOE”. En su nota, la FERE recuerda que “ha estado desde la constitución del Consejo a mediados de los años ochenta por un gobierno socialista entre las personalidades de reconocido prestigio” y exige que así siga siendo.
En el grupo de personalidades de reconocido prestigio, el MEC ha designado a Irene Balaguer, Marina Subirats, Josefina Camba, Patricio de Blas, Carlos Sierra, Roberto Rey, Luis Balbuena y José Antonio Martínez.
El Consejo Escolar del Estado es un órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza, así como órgano de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hubieran de ser propuestos o dictados por el Gobierno. Las funciones encomendadas al Consejo Escolar del Estado se centran en la participación de la comunidad educativa y en el asesoramiento a las autoridades educativas y carece, por tanto, de competencias relacionadas con la función ejecutiva.

El Supremo reconoce el derecho de los profesores de Religión a recibir indemnizaciones

Madrid. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de los profesores de Religión a que se les indemnice, al término del contrato que suscriben para cada curso escolar. Así lo establece la sentencia dictada el pasado 16 de junio por el dicho organismo, al estimar un recurso de casación interpuesto por la Unión Sindical Obrera (USO) de la Comunidad Valenciana, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) del 18 de octubre de 2002.
USO había planteado una primera demanda ante el TSJV, reclamando la nulidad de la cláusula novena de los contratos de trabajo suscritos entre la Consejería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana y este colectivo de profesores, y pidiendo que se les reconociera el derecho a percibir la indemnización legal establecida por la finalización de contrato, según lo establecido en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores.
Este Tribunal estimó parte de la demanda y declaró la nulidad solicitada, reconociendo también el derecho de los profesores de Religión afectados a percibir una indemnización correspondiente a la cuantía de ocho días de salario. Pero sólo cuando el contrato se extinga al final del curso escolar sin renovación para el ejercicio siguiente. Por ello, USO recurrió esa sentencia ante el Supremo alegando una “interpretación errónea” del mencionado artículo, y reclamando el derecho a indemnización para todos los profesores que finalicen contrato, con independencia de que sean nombrados o no para el siguiente año académico.
El Supremo ha corregido ahora el fallo del Tribunal valenciano, recordando que la legitimidad de la “peculiar” naturaleza de relación laboral de los profesores de Religión reside en el tratado suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede. Pero ha añadido que las normas del Estatuto de los Trabajadores constituyen “derecho aplicable para esta genuina relación”, y ha reconocido el derecho de estos trabajadores a recibir la pertinente indemnización por finalización de contrato, sin condicionarla a la renovación o no del mismo.

CEAPA teme una posible “guerra
de religiones” en la escuela

Madrid. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha mostrado su preocupación ante la decisión anunciada por la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, y por el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de relanzar el convenio suscrito con las comunidades islámicas en 1992, que contempla la financiación de la enseñanza de dicha religión y su profesorado en los centros sostenidos con fondos públicos. Esta organización ha difundido un comunicado en el que afirma que “el Gobierno debe impulsar la escuela laica, para respetar así las creencias de todos los alumnos y sus familias y no generar conflictos religiosos en la escuela, que debe ser un lugar de encuentro y no de división”.
CEAPA propone para todo el alumnado “una enseñanza que se apoye en los valores éticos universales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sacando la asignatura de religión del horario lectivo”. Afirma que “los valores morales, como la religión, pertenecen al ámbito privado”. Y añade que “algunos valores constitucionales como la igualdad de género, la no discriminación por razones de orientación sexual o la oposición a la pena de muerte, no son respetados por la doctrina de distintas religiones”. Por ello, considera “un contrasentido que el Estado se dote de unos valores comunes y que, al mismo tiempo, financie con dinero público la enseñanza de unas religiones que no los contemplan”.
Por el contrario, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha dado la “bienvenida” a dicha medida, “porque implica el reconocimiento positivo de la libertad religiosa de todos los españoles y su tutela y promoción”. El portavoz de los obispos españoles ha declarado a la agencia Efe que “la Iglesia Católica ha formulado y ha defendido siempre la libertad religiosa, que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como creyentes, practicar su religión y vivir de acuerdo con ella”. Y ha añadido que el único límite a dicha libertad debe ser “la comisión de acciones ilegales o criminales”.

El PP propondrá una prueba común
de evaluación de la calidad de la enseñanza
para todos los centros

Madrid. El Partido Popular (PP) propondrá el próximo mes de septiembre un Pacto de Estado para que se aplique en toda España una prueba de evaluación de la calidad de la enseñanza, común a todos los centros y que se lleve a cabo de manera simultánea en todo el territorio nacional, y a través de la cual “se pondrá nota a los centros, al sistema educativo y a la Administración”, según anunció el conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, el pasado día 13, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Valencia para dar cuenta de los asuntos tratados en la reunión mantenida por los consejeros de Educación de las siete Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.
En el citado encuentro participaron los consejeros de Educación de Baleares, Francisco Jesús Fiol; Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisáosla; Galicia, Celso Currás; La Rioja, Luis Ángel Alegre; Madrid, Luis Peral; Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, y Murcia, Juan Ramón Medina, así como la coordinadora general de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Pastor.
González Pons, según informa Europa Press, enmarcó dicha propuesta del PP en el proceso de desarrollo de la parte de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza “que no ha sido suspendida por el Gobierno central”, y añadió que si esta iniciativa no es aceptada por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP “estamos dispuestas a aplicarla”.

Un mismo examen. La medida anunciada, que se materializará a través de una propuesta que se presentará en septiembre en el Congreso de los Diputados o en el Senado, según explicó González Pons, consiste en la realización de un mismo examen, igual para toda España, que se realice en todos los centros, tanto públicos como concertados y privados, el mismo día y a la misma hora y con un mismo tribunal, que pondrá las pruebas para todo el sistema y corregirá los resultados. La prueba se aplicará al final de la Enseñanza la Primaria, la ESO y el Bachillerato, y consistirá en unos tests dirigidos a los alumnos sobre los conocimientos “que los pedagogos entienden que el sistema tiene que haber transmitido a un alumno a esas edades”, precisó González Pons.
A este respecto, la Federación de Enseñanza de CC.OO manifestó el día 14 de julio que considera “tendenciosa” dicha propuesta por considerarla “un intento de desprestigiar a la escuela pública”, y el secretario general de Enseñanza de CC.OO precisó que las pruebas a que serían sometidos los alumnos, al atenerse “únicamente a los resultados”, descartarían factores extraescolares que, hoy por hoy son, a su juicio, “determinantes” en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como son el nivel socioeconómico y cultural del alumnado y el de los centros escolares en su conjunto.

Núñez Morgades analiza en un curso
la educación de los menores

Madrid. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, ha pedido “flexibilidad para alcanzar en la región un “consenso” en materia educativa y lograr, a través de la educación de los menores, una sociedad “más estable y segura”.
Así lo puso de manifiesto en el curso Nuevos retos en la educación en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y que contó con la presencia de la presidenta de la Asamblea madrileña, Concepción Dancausa.
El objetivo del curso, señaló Morgades, es abrir un espacio al diálogo entre los agentes que tengan que ver con la docencia, en el que se pongan de manifiesto las preocupaciones que genera “una sociedad cambiante”y se busquen soluciones aplicables en la educación de menores como fórmula de prevención a problemas actuales.
En su opinión, temas de actualidad como los casos de violencia doméstica, muerte de ancianos que viven solos o la inseguridad tienen que servir como “diagnóstico” de la sociedad ya que “conocer el problema es la mejor fórmula para resolverlo”. Por eso “es tan importante la educación”, dijo Núñez Morgades, quien se mostró convencido de que desde la educación de los menores se pueden evitar situaciones como la xenofobia, los malos tratos o caer en el mundo de la drogadicción “mediante políticas preventivas”, que son “la única fórmula de ir directamente a la llama para apagar el fuego”.
Insistió en que la educación de los menores no depende exclusivamente de los docentes, sino también de las familias, porque es en los primeros años de vida de un niño cuando se le inculcan valores que posteriormente le habrán de servir para afrontar los avatares con que se encuentre en la vida. A este respecto, señaló que la política del cachete no es pedagógica para quien lo recibe porque “no suele darse de forma aislada, sino que propicia otra consecución de cachetes y, al final, solo se educa con el cachete, que además casi nunca va acompañado de una explicación al menor”.
Para el Defensor del Menor, esto produce que el niño vea normal dar cachetes, con lo que ya desde pequeño se le esta inculcando un acto que, además, lo que le provoca es agresividad, por lo que considera que “hay que erradicarlo” y que la educación del menor pase por “decir cosas que coincidan con lo que estamos haciendo”.
Respecto al debate que se lleva a cabo en la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, sobre la permisión del cachete en los colegios siempre que no dejen huella, Morgades considera que se ha podido sacar de contexto el tema por “algún fallo de traducción”, pero repitió que, en cualquier caso, “hay que erradicarlo”.

Un instituto valenciano gana el I Concurso Nacional de Teatro Juvenil

Madrid. Una pieza de teatro que aborda el aburrimiento en todas sus facetas (en pareja, en soledad, en compañía, etc.) ha sido la ganadora del I Concurso Nacional de Teatro Juvenil, galardón que se falla este año por primera vez y que está patrocinado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Coca-Cola. La obra premiada, “Laburrimiento”, fue presentada por el instituto Doctor Faustí Barberá, perteneciente a la localidad de Alaquás (Valencia). El director general del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), José Antonio Campos, hizo entrega al director teatral de centro valenciano, Pedro Pérez, del Premio Candilejas en su categoría oro, consistente en una escultura y una semana de estancia en Madrid con todos los gastos pagados para los ocho estudiantes-actores y su profesor.
El Premio Candilejas categoría plata fue para la pieza “La cena de los idiotas”, presentada por el colegio Cooperativa San Agustín de Calahorra (La Rioja), y el bronce para “Mujeres solas”, del instituto Núñez de Arce de Valladolid. Ambos grupos teatrales fueron recompensados con sendas esculturas y, al igual que el ganador, con una estancia de una semana en la capital. Además, el jurado concedió una mención especial a todo el reparto femenino del Instituto Núñez de Arce por “su nivel actoral” en la interpretación de “Mujeres solas”. También hizo una mención especial a Héctor García y José Manuel Domínguez, del Colegio San Agustín, por su interpretación en “La cena de los idiotas”. Las tres obras fueron representadas esta semana en el teatro Pavón.

Profesores de Informática piden que
se separe esta materia de Tecnología

Madrid. La Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI) ha solicitado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, que interceda para que el Gobierno defienda la separación de esta asignatura de la de Tecnología “con la misma fuerza y honestidad” con la que el PSOE lo hacía, a su juicio, antes de las elecciones generales del 14 de marzo, informa Europa Press.
Estos profesores denuncian, en una carta enviada a la también ministra de la Presidencia, “cierto desprecio” y “ninguna voluntad” por parte de miembros del Ministerio de Educación y Ciencia por solucionar la situación de que la Informática quede desintegrada” en Tecnología, con la consiguiente supresión de su materia y declaración de la “inutilidad” de sus docentes para enseñar informática en Secundaria. En este sentido, PNAPI alega vulneración de los criterios constitucionales de objetividad, igualdad, mérito y capacidad para ejercer la función pública. Así lo expresa en los argumentos presentados ante el Tribunal Supremo sobre los reales decretos de contenidos de Secundaria y Bachillerato.