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Madrid.
La
ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, afirmó durante
su primera comparecencia en la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso
de los Diputados, ante la que expuso las líneas generales de actuación
de su Departamento, que el MEC cumplirá los compromisos adquiridos con
la ciudadanía en materia de igualdad de oportunidades educativas, desarrollo
de políticas propias de un Estado de las Autonomías y de convergencia
real con el resto de la Unión Europea. Asimismo, la ministra de Educación
y Ciencia se comprometió a equiparar el próximo año la cuantía de las
becas de Formación de Personal Investigador (FPI) con las becas de Formación
de Personal Universitario (FPU), y a incluir todas ellas en el régimen
de la Seguridad Social.
En el
ámbito autonómico, según precisó en su intervención María Jesús San Segundo,
el MEC reforzará los órganos de coordinación ya existentes entre la Administración
Central y los distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas, y con
objeto de impulsar y potenciar este compromiso anunció la creación de
nuevos organismos, como la Conferencia Sectorial de Ciencia y Tecnología.
En relación
con el compromiso de favorecer “la búsqueda constante de la igualdad de
oportunidades”, la ministra resaltó los cambios urgentes en los programas
de becas a aplicar en el curso 2004-2005, hizo referencia a la reciente
aprobación por el Consejo de Ministros de un incremento extraordinario
de 66 millones de euros en el presupuesto de becas, y expuso las líneas
básicas de reforma de la gestión y extensión de los programas de becas
y ayudas.
Revisión
de la LOU
En
materia de universidades, María Jesús San Segundo expuso ante la Comisión
de Educación y Ciencia “las tres líneas básicas de actuación propuestas
para los próximos meses por el MEC: en primer lugar, la modificación de
la legislación actual en colaboración con las Comunidades Autónomas y
las propias universidades; en segundo lugar, el impulso y colaboración
con el resto de los países de la Unión Europea en la definición y desarrollo
del Espacio Europeo de Educación Superior, y en tercer lugar, la constitución
de una comisión que analice el modelo de financiación de la Universidad
pública”.
Respecto a
la “revisión de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y normativa de
desarrollo”, la ministra señaló como aspectos más conflictivos, que han
generado problemas en estos dos años y medio de vigencia de la LOU, “los
costes humanos y económicos que suponen las habilitaciones; las reclamaciones
y recursos que se plantean continuamente ante los informes de la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación); y la inquietud
creada por la normativa de acceso a la Universidad, que impide conocer
con exactitud el procedimiento de admisión que estaría vigente en los
próximos años en las diversas titulaciones y centros públicos que las
imparten”.
Tras señalar
la conveniencia de la revisión de la LOU en los aspectos antes citados,
María Jesús San Segundo precisó ante la Comisión que “dicha revisión y
consiguiente modificación ha de sentar los principios generales para ordenar
el servicio público que presta la Universidad con criterios de calidad
y cohesión”.
Reforma
de la ANECA
La
ministra de Educación y Ciencia afirmó ante la Comisión del Congreso que
“la habilitación se ha revelado costosa e ineficaz”, y señaló que “en
las cuatro primeras convocatorias, los tribunales han requerido la participación
de entre 500 y 700 profesores permanentes para seleccionar a 200 ó 250
habilitados”.
Tras resaltar
que “los costes y la frustración, generada en convocatorias muy concurridas,
especialmente para plazas de profesores titulares, han sido muy negativas
para la incentivación de una carrera profesional que se espera exigente
pero con reconocimiento y atractivo”, San Segundo afirmó que “es necesario
retomar el consenso existente acerca del diseño de procedimientos de acreditación
nacional que garantice la calidad de los candidatos y que agilicen los
procesos de cobertura de plazas permanentes con los profesores de mayor
valía”.
La ministra
calificó asimismo como necesaria “la revisión de la estructura, composición
y competencias de la ANECA, garantizando en todo caso su naturaleza pública”,
y preciso que “el referente de importante institución deben ser las mejores
agencias de evaluación y acreditación europeas, y sus actuaciones deben
dar apoyo a todo el sistema universitario, en coordinación y colaboración
con las agencias que desarrollan las Comunidades Autónomas en sus territorios”.
Sistema
de acceso y movilidad
Otro
de los aspectos prioritarios de la política de su Departamento, según
especificó la ministra en su comparecencia, es el relativo a “la reforma
del artículo 42.3 de la LOU y del artículo 37.4 de la LOCE”, que “debe
de establecer el derecho de acceso a la Universidad con una única prueba
general”. A este respecto, San Segundo precisó que “inmediatamente después
de esa reforma se procederá a sustituir el real decreto de acceso por
uno nuevo que garantice ese derecho y articule los procedimientos de admisión
en las universidades públicas”, y añadió que “la prueba general debiera
servir no sólo para el acceso a la Universidad española, sino para facilitar
el reconocimiento de nuestros estudiantes en los procedimientos de acceso
a otros países de nuestro entorno”.
La ministra
hizo mención asimismo a que “la reforma rápida, con el consenso que esperamos
conseguir, de estos aspectos de la LOU ayudará a la continua mejora de
la calidad del sistema universitario”, y destacó la importancia del establecimiento
de los programas que faciliten la movilidad geográfica e institucional,
tanto de profesores como de alumnos, “para incrementar así los recursos
de más alta cualificación”, precisando a este respecto que “la expansión
del programa de becas Séneca actúa en esa dirección” y anunciando el establecimiento
de otras medidas “que aumentarán las posibilidades de movilidad de los
profesores entre centros españoles, universidades y en el extranjero”.
Fomento
de la investigación
La
ministra María Jesús San Segundo resaltó en su intervención ante la Comisión
de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados en el compromiso
del Ejecutivo de “incrementar en un 25% el presupuesto anual de Ciencia,
Tecnología e Innovación”, expresó su intención de “impulsar la creación
de la Conferencia Sectorial de Ciencia y Tecnología”, y apuntó la conveniencia
de “revisar algunos aspectos de la Ley de Fomento y Coordinación de la
Investigación Científica de 1996”.
Asimismo, la
ministra señaló que el Gobierno revisará el actual Plan Nacional de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) y expresó su intención de Transformar
los organismos públicos de investigación en elementos vertebradores de
la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con las Comunidades Autónomas
y las universidades. Entre estos organismos, la ministra citó el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto
Geológico Minero, apuntando que “todos ellos deben tener más autonomía
y flexibilidad en su gestión administrativa, presupuestaria y de personal”.
Finalmente,
San Segundo expresó su intención de reforzar la participación de científicos
españoles en proyectos internacionales y la presencia de España en consorcios,
así como de crear comisiones de alto nivel que cuenten con la participación
de científicos, tecnólogos y ex – responsables de política científica.
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