Madrid. R.C.
En respuesta a la consulta presentada por el Gobierno regional de Madrid, el Consejo de Estado ha dictaminado que el real decreto que interrumpe el calendario de aplicación de la LOCE, es de “obligado cumplimiento” por parte de todas las Comunidades Autónomas. No obstante, advierte que la Comunidad de Madrid “no tiene por qué derogar sus decretos y órdenes” y que puede “simplemente, ajustar su entrada en vigor a lo que señala la nueva legislación básica, dejando en vigor, no difiriendo en el tiempo, aspectos como la evaluación, promoción y obtención del grado en la Educación Secundaria, cuyo momento de implantación no ha cambiado la legislación básica”. Además, este organismo matiza que el real decreto “no tiene los supuestos efectos retroactivos” que este gobierno autonómico “parece atribuirle”.
Según especifica un comunicado del MEC, la plena legalidad y constitucionalidad del real decreto ya fue establecida en el primer dictamen que el Consejo de Estado emitió, tras ser consultado por el Gobierno. Esta norma establece el aplazamiento, por dos años, de la implantación de varios aspectos polémicos de la LOCE. En consecuencia, la situación educativa durante los cursos 2004-05 y 2005-06 será la misma que en el actual y que, durante esos dos años, “no habrá novedades en la ordenación académica, que sigue siendo la vigente hasta este momento”.

Resolución del Supremo

En esta línea se ha manifestado el Tribunal Supremo, con su rechazo a la “suspensión cautelarísima” de este real decreto, que habían solicitado los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Esta sala establece que “no concurren ni defectos de forma, ni se acredita suficientemente la urgentísima adopción de tal medida”.
Según declaraciones de María Jesús San Segundo, ministra de Educación y Ciencia, las decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo “respaldan la legalidad de la medida del Gobierno” y “dan tranquilidad al sistema educativo, a los profesores y a las familias”.
No obstante, el portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso, Eugenio Nasarre, considera que la paralización de la LOCE conllevará perjuicios para los alumnos y “graves y muy negativas consecuencias” para la calidad de la educación y concluye que “ dos años cruciales para la mejora de la enseñanza se van a perder”.

Validez legal

Tras conocer el dictamen del Consejo de Estado, Esperanza Aguirre ha decidido aplazar la entrada en vigor de los decretos que desarrollan la LOCE. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que esta Ley sigue “vigente en todos sus términos” y que, a excepción, de los itinerarios, la reválida, los Programas de Iniciación Profesional y la religión como materia evaluable, se aplica “en todo lo demás”.
Ante los dictámenes del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, los sindicatos FETE-UGT y CC.OO han manifestado su satisfacción y puntualizan que, con estas resoluciones, se evita la confrontación y la intranquilidad que se había generado en el ámbito educativo.
Por el contrario, la Federación de Enseñanza de USO ha transmitido su preocupación, “porque los próximos dos cursos, los alumnos de la ESO no van a encontrar soluciones para combatir el fracaso escolar”.