En esta sección se publicarán las cartas dirigidas por correo o vía electrónica. El tema será libre y no deberá superar las 30 líneas. COMUNIDAD ESCOLAR se reserva todos los derechos para seleccionar, extractar y publicar las cartas recibidas. Para colaborar es necesario enviar nombre y dos apellidos y el DNI, datos que se mantendrán en absoluta reserva
comunidad.escolar@educ.mec.es

 
     
   

Necesidades educativas
de los niños con TDAH

Como madre de un niño con Trastornos de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), quisiera llamar la atención sobre la falta de recursos que se destinan en educación para los niños con esta problemática. Sería necesario en primer lugar reconocer que los niños con TADH tienen necesidades educativas especiales, tanto como niños sordos, ciegos, con síndrome de Down, etcétera. Nuestros hijos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad están completamente olvidados, simplemente no existen, no se les nombra en la LOCE, y me temo que tampoco se les tendrá en cuenta en la nueva ley de educación.
Por favor, necesitamos la ayuda de todos los estamentos educativos para que nuestros hijos tengan las mismas posibilidades y derechos que el resto de los niños en España. Si quieren más información sobre este trastorno, está la Asociación  de Niños con Díndrome de Atención con o sin Hiperactividad (ANSHDA) en Madrid, tlf: 91 356 02 07.

Teresa Santillana Sánchez
Madrid

 
     
   

El cambio necesario en la Educación

 El vuelco electoral y político del 14-M ha levantado un cúmulo de expectativas en la mayoría de los ciudadanos. También, y de manera particular, entre quienes estamos más directamente vinculados a la educación.
La enseñanza pública, la única que puede garantizar el acceso a todos los niveles de educación en igualdad de derechos, viene arrastrando un notable deterioro desde hace años, al que han contribuido en grado diferente las sucesivas reformas emprendidas por las distintas administraciones. A los serios errores de orientación y aplicación de la LODE y la LOGSE dentro de un sistema ya escindido en una doble o triple red de centros, se han venido a sumar los derivados del sesgo aún más discriminador, sectario y regresivo introducido por la LOCE y demás iniciativas legislativas impulsadas por el último gobierno.
No se trata de meras apreciaciones subjetivas o impresionistas. A la vista están -y no faltan estudios rigurosos al respecto- indicadores harto alarmantes: el acusado avance del sector privado en detrimento del público; la progresiva fragmentación de la población escolar y el aumento de las desigualdades; el considerable descenso de las exigencias y niveles formativos para amplias capas del alumnado, lo que no impide índices escandalosos de fracaso y abandono escolar en la ESO, tanto más graves por su dispar distribución entre pública y privada, así como entre los distintos sectores sociales y económicos (alcanzando cotas muy por encima de las cifras oficiales del 25%); la proyección de esa disparidad en la desproporción de alumnos procedentes de uno u otro sector que acceden al bachillerato y a la universidad... Dentro de los centros se ha ido multiplicando el desconcierto ante la ausencia de pautas que propicien un clima de trabajo disciplinado y eficaz en el aula, las contradictorias orientaciones “pedagógicas”, los constantes e inútiles cambios de currículo, entre los que cabe destacar el último y provocador refuerzo de la injerencia de la Iglesia en la escuela, atentando no sólo contra el carácter laico que debe presidirla, sino también contra el más elemental sentido de proporcionalidad entre las materias en presencia. En lo que al profesorado se refiere, se acrecienta la desmoralización y desasosiego por la insoportable degradación de las condiciones en que ha de ejercer la docencia, el aumento de la división, precariedad e inestabilidad de las plantillas, la eliminación  de los últimos resquicios democráticos en la dirección y funcionamiento de los centros, la escasa consideración social y administrativa de su labor, etc, etc, etc.
Nada es de extrañar que, pese a las resistencias y protestas levantadas en distintos momentos, se haya asentado entre muchos una cierta sensación de resignación e impotencia ante los continuos pasos atrás experimentados en todos los órdenes dentro de la enseñanza. Ahora, con el cambio de gobierno, provocado por una reacción popular sin precedentes, parece abrirse una nueva situación en la que muchos ciudadanos han recobrado la confianza en sí mismos y se sienten animados a retomar la iniciativa para plantear sus exigencias ante las fuerzas políticas que se han presentado como alternativa más democrática y social.
Al igual que en épocas pasadas, no se han hecho esperar las presiones de los sectores más conservadores, para contener los impulsos de cambio democrático con el señuelo de un nuevo “pacto por la educación”. Por los contenidos avanzados para el presunto consenso (libertad de elección de centro, autonomía,...), se pretendería una pura amalgama de leyes y objetivos contradictorios, a fin de preservar sus muy particulares intereses económicos e ideológicos, a la espera de tiempos más propicios para avanzar en la privatización de un servicio público fundamental como es la educación. Por el contrario, no obstante la larga experiencia de ilusiones frustradas y la perplejidad que suscitan muchas de las propuestas presentadas en la campaña electoral, en muchos de los ámbitos comprometidos con la enseñanza arraiga la idea de que estamos ante un momento propicio para repensar, proponer y exigir un verdadero giro, que logre revertir el curso declinante de la enseñanza pública, abocada hoy a un paulatino desmantelamiento para someter el derecho a la educación a las injustas leyes del mercado.
El Colectivo Baltasar Gracián viene desarrollando una actividad continuada de análisis, discusión y propuestas en torno a los procesos que vive la enseñanza dentro y fuera de nuestro país. En buena parte, esa actividad se ve reflejada en los artículos y trabajos publicados en la revista Crisis. Nuestro referente no es otro que la defensa del derecho democrático a la educación -responsabilidad primordial de los poderes públicos-, que sólo puede verse garantizado en igualdad de condiciones para el conjunto de la sociedad por un único sistema público de enseñanza, enteramente gratuito, obligatorio en los niveles básicos, científico en sus contenidos y de carácter laico, a fin de respetar la libertad de todas las conciencias individuales y preservar, a la vez, un espacio común para la formación de niños y jóvenes dentro de un proyecto de ciudadanía compartido. Somos conscientes, como tantos otros, de lo mucho desandado en cada uno de esos elementos, que han vertebrado, desde hace mucho tiempo, la lucha por la Escuela Pública y la igualdad efectiva de derechos. También lo somos de las dificultades para remontar las diversas inercias de un largo pasado y los diferentes intereses espurios asentados en la educación. Pero nadie puede dudar de la fuerza con que se han expresado las aspiraciones de la mayoría y la exigencia generalizada de cambios imprescindibles de orientación. De ahí que, en nuestra opinión, sea necesario abordar, de forma abierta, la discusión de las medidas más urgentes y eficaces, que puedan representar pasos inequívocos en dirección a evitar el creciente descrédito y ruina de la enseñanza pública, como consecuencia directa del apoyo a la privada y de la acelerada conformación de una educación “de mercado”.
La idea de “recuperar espacio público y democrático” en la Escuela, para atajar el grave deterioro que sufre el sistema público de educación, puede aunar muchas voluntades y servir de cauce para las demandas educativas acumuladas que, pensamos, tendrían expresión en torno a los siguientes ejes fundamentales:
-Freno a la privatización: Plan de financiación a favor de la Escuela Pública frente al crecimiento de la concertación. La igualdad del derecho a la educación implica un plan general compensatorio de inversiones, con el fin de superar, en lo posible, las desigualdades de origen y las manifestadas a lo largo del proceso educativo.
-Promoción de plazas públicas en todos los niveles de la educación, particularmente en las etapas más deficitarias como la de preescolar, eliminando subvenciones allí donde haya oferta pública suficiente o donde no se cumplan los requisitos de igualdad de acceso y distribución de alumnos, gratuidad, coeducación,...
-Igualdad y calidad en toda la enseñanza: Actuaciones precisas e inmediatas para lograr el ascenso de los niveles formativos en todas las etapas del sistema educativo, empezando, de modo prioritario, por la enseñanza Preescolar y los primeros cursos de Primaria, sin ocultar la situación de los aprendizajes reales hoy velados en los datos de éxito/fracaso de las estadísticas oficiales. En este mismo sentido es preciso garantizar la homogeneidad en los niveles de exigencia para obtener el título de Graduado de la E.S.O., de modo que habilite a los alumnos para cursar, sin los actuales desajustes, la Secundaria Postobligatoria. Paralelamente, la atención eficaz a la diversidad debe incluir todos los instrumentos precisos para dar respuesta al conjunto de los problemas derivados de la heterogeneidad de los alumnos y la imprescindible atención específica compensatoria...
-Democratización de los centros: Paralizar/derogar los últimos decretos sobre elección de directores y devolver la capacidad de decisión a los claustros de profesores, contra el propósito de imponer un modelo de gestión empresarial,...
-Dignificación de la labor docente: Medidas claras que aseguren un nivel aceptable de estabilidad en las plantillas (alto porcentaje actual y situación precaria de interinos, profesores en expectativa o desplazados) y que mejoren sustancialmente las condiciones de la docencia (número máximo de alumnos por profesor; autoridad y respeto en el aula; reconocimiento profesional y económico de tareas como la tutoría; refuerzo de personal subalterno para tareas de control y vigilancia de los centros; descarga progresiva de horas lectivas a partir de los 55 años; promoción profesional; etc.).
Mención aparte merece la presencia y trato de privilegio otorgado a la religión confesional en el marco escolar, en contradicción con los principios democráticos que exigen la separación de los ámbitos públicos, comunes a todos los ciudadanos, y los que hacen referencia a las personales convicciones y creencias. Cualesquiera que sean los niveles de rectificación legal precisos, ha de prevalecer la neutralidad del Estado y su respeto a la libertad de conciencia de todos los alumnos, sin privilegio alguno. En el espacio común educativo, la religión -como materia específica y en sus distintas expresiones confesionales- no puede formar parte del currículo escolar. En todo caso, su oferta transitoria en los centros educativos no puede afectar sino, exclusivamente, a los alumnos que la demanden, sin oponerle ninguna “alternativa” curricular para quienes no la soliciten.
En el Colectivo Baltasar Gracián pensamos que debería abrirse un período de reflexión y discusión entre todas las instancias administrativas y asociativas relacionadas con la educación, discusión en la que estamos dispuestos a participar activamente en la medida de nuestras posibilidades. En este sentido, hacemos extensiva la presente propuesta a todas las organizaciones, a los representantes de las diversas fuerzas comprometidas en el cambio democrático que la educación precisa y, muy en especial, a los nuevos responsables de la política educativa, manifestando nuestra disposición a intercambiar experiencias y opiniones con el sano propósito de contribuir a la recuperación y mejora del sistema público de enseñanza.

Chomin Cunchillos
Por el Colectivo Baltasar Gracián

 
       
arriba