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Necesidades
educativas
de los niños con TDAH
Como
madre de un niño con Trastornos de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
(TDAH), quisiera llamar la atención sobre la falta de recursos que se
destinan en educación para los niños con esta problemática. Sería necesario
en primer lugar reconocer que los niños con TADH tienen necesidades educativas
especiales, tanto como niños sordos, ciegos, con síndrome de Down, etcétera.
Nuestros hijos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
están completamente olvidados, simplemente no existen, no se les nombra
en la LOCE, y me temo que tampoco se les tendrá en cuenta en la nueva
ley de educación.
Por favor,
necesitamos la ayuda de todos los estamentos educativos para que nuestros
hijos tengan las mismas posibilidades y derechos que el resto de los niños
en España. Si quieren más información sobre este trastorno, está la Asociación
de Niños con Díndrome de Atención con o sin Hiperactividad (ANSHDA) en
Madrid, tlf: 91 356 02 07.
Teresa
Santillana Sánchez
Madrid
El cambio necesario en la Educación
El
vuelco electoral y político del 14-M ha levantado un cúmulo de expectativas
en la mayoría de los ciudadanos. También, y de manera particular, entre
quienes estamos más directamente vinculados a la educación.
La enseñanza
pública, la única que puede garantizar el acceso a todos los niveles de
educación en igualdad de derechos, viene arrastrando un notable deterioro
desde hace años, al que han contribuido en grado diferente las sucesivas
reformas emprendidas por las distintas administraciones. A los serios
errores de orientación y aplicación de la LODE y la LOGSE dentro de un
sistema ya escindido en una doble o triple red de centros, se han venido
a sumar los derivados del sesgo aún más discriminador, sectario y regresivo
introducido por la LOCE y demás iniciativas legislativas impulsadas por
el último gobierno.
No se trata
de meras apreciaciones subjetivas o impresionistas. A la vista están -y
no faltan estudios rigurosos al respecto- indicadores harto alarmantes:
el acusado avance del sector privado en detrimento del público; la progresiva
fragmentación de la población escolar y el aumento de las desigualdades;
el considerable descenso de las exigencias y niveles formativos para amplias
capas del alumnado, lo que no impide índices escandalosos de fracaso y
abandono escolar en la ESO, tanto más graves por su dispar distribución
entre pública y privada, así como entre los distintos sectores sociales
y económicos (alcanzando cotas muy por encima de las cifras oficiales
del 25%); la proyección de esa disparidad en la desproporción de alumnos
procedentes de uno u otro sector que acceden al bachillerato y a la universidad...
Dentro de los centros se ha ido multiplicando el desconcierto ante la
ausencia de pautas que propicien un clima de trabajo disciplinado y eficaz
en el aula, las contradictorias orientaciones “pedagógicas”, los constantes
e inútiles cambios de currículo, entre los que cabe destacar el último
y provocador refuerzo de la injerencia de la Iglesia en la escuela, atentando
no sólo contra el carácter laico que debe presidirla, sino también contra
el más elemental sentido de proporcionalidad entre las materias en presencia.
En lo que al profesorado se refiere, se acrecienta la desmoralización
y desasosiego por la insoportable degradación de las condiciones en que
ha de ejercer la docencia, el aumento de la división, precariedad e inestabilidad
de las plantillas, la eliminación de los últimos resquicios democráticos
en la dirección y funcionamiento de los centros, la escasa consideración
social y administrativa de su labor, etc, etc, etc.
Nada es de
extrañar que, pese a las resistencias y protestas levantadas en distintos
momentos, se haya asentado entre muchos una cierta sensación de resignación
e impotencia ante los continuos pasos atrás experimentados en todos los
órdenes dentro de la enseñanza. Ahora, con el cambio de gobierno, provocado
por una reacción popular sin precedentes, parece abrirse una nueva situación
en la que muchos ciudadanos han recobrado la confianza en sí mismos y
se sienten animados a retomar la iniciativa para plantear sus exigencias
ante las fuerzas políticas que se han presentado como alternativa más
democrática y social.
Al igual que
en épocas pasadas, no se han hecho esperar las presiones de los sectores
más conservadores, para contener los impulsos de cambio democrático con
el señuelo de un nuevo “pacto por la educación”. Por los contenidos avanzados
para el presunto consenso (libertad de elección de centro, autonomía,...),
se pretendería una pura amalgama de leyes y objetivos contradictorios,
a fin de preservar sus muy particulares intereses económicos e ideológicos,
a la espera de tiempos más propicios para avanzar en la privatización
de un servicio público fundamental como es la educación. Por el contrario,
no obstante la larga experiencia de ilusiones frustradas y la perplejidad
que suscitan muchas de las propuestas presentadas en la campaña electoral,
en muchos de los ámbitos comprometidos con la enseñanza arraiga la idea
de que estamos ante un momento propicio para repensar, proponer y exigir
un verdadero giro, que logre revertir el curso declinante de la enseñanza
pública, abocada hoy a un paulatino desmantelamiento para someter el derecho
a la educación a las injustas leyes del mercado.
El Colectivo
Baltasar Gracián viene desarrollando una actividad continuada de
análisis, discusión y propuestas en torno a los procesos que vive la enseñanza
dentro y fuera de nuestro país. En buena parte, esa actividad se ve reflejada
en los artículos y trabajos publicados en la revista Crisis. Nuestro
referente no es otro que la defensa del derecho democrático a la educación
-responsabilidad primordial de los poderes públicos-, que sólo puede verse
garantizado en igualdad de condiciones para el conjunto de la sociedad
por un único sistema público de enseñanza, enteramente gratuito, obligatorio
en los niveles básicos, científico en sus contenidos y de carácter laico,
a fin de respetar la libertad de todas las conciencias individuales y
preservar, a la vez, un espacio común para la formación de niños y jóvenes
dentro de un proyecto de ciudadanía compartido. Somos conscientes, como
tantos otros, de lo mucho desandado en cada uno de esos elementos, que
han vertebrado, desde hace mucho tiempo, la lucha por la Escuela Pública
y la igualdad efectiva de derechos. También lo somos de las dificultades
para remontar las diversas inercias de un largo pasado y los diferentes
intereses espurios asentados en la educación. Pero nadie puede dudar de
la fuerza con que se han expresado las aspiraciones de la mayoría y la
exigencia generalizada de cambios imprescindibles de orientación. De ahí
que, en nuestra opinión, sea necesario abordar, de forma abierta, la discusión
de las medidas más urgentes y eficaces, que puedan representar pasos inequívocos
en dirección a evitar el creciente descrédito y ruina de la enseñanza
pública, como consecuencia directa del apoyo a la privada y de la acelerada
conformación de una educación “de mercado”.
La idea de
“recuperar espacio público y democrático” en la Escuela, para atajar el
grave deterioro que sufre el sistema público de educación, puede aunar
muchas voluntades y servir de cauce para las demandas educativas acumuladas
que, pensamos, tendrían expresión en torno a los siguientes ejes fundamentales:
-Freno a la
privatización: Plan de financiación a favor de la Escuela Pública frente
al crecimiento de la concertación. La igualdad del derecho a la educación
implica un plan general compensatorio de inversiones, con el fin de superar,
en lo posible, las desigualdades de origen y las manifestadas a lo largo
del proceso educativo.
-Promoción
de plazas públicas en todos los niveles de la educación, particularmente
en las etapas más deficitarias como la de preescolar, eliminando subvenciones
allí donde haya oferta pública suficiente o donde no se cumplan los requisitos
de igualdad de acceso y distribución de alumnos, gratuidad, coeducación,...
-Igualdad y
calidad en toda la enseñanza: Actuaciones precisas e inmediatas para lograr
el ascenso de los niveles formativos en todas las etapas del sistema educativo,
empezando, de modo prioritario, por la enseñanza Preescolar y los primeros
cursos de Primaria, sin ocultar la situación de los aprendizajes reales
hoy velados en los datos de éxito/fracaso de las estadísticas oficiales.
En este mismo sentido es preciso garantizar la homogeneidad en los niveles
de exigencia para obtener el título de Graduado de la E.S.O., de modo
que habilite a los alumnos para cursar, sin los actuales desajustes, la
Secundaria Postobligatoria. Paralelamente, la atención eficaz a la diversidad
debe incluir todos los instrumentos precisos para dar respuesta al conjunto
de los problemas derivados de la heterogeneidad de los alumnos y la imprescindible
atención específica compensatoria...
-Democratización
de los centros: Paralizar/derogar los últimos decretos sobre elección
de directores y devolver la capacidad de decisión a los claustros de profesores,
contra el propósito de imponer un modelo de gestión empresarial,...
-Dignificación
de la labor docente: Medidas claras que aseguren un nivel aceptable de
estabilidad en las plantillas (alto porcentaje actual y situación precaria
de interinos, profesores en expectativa o desplazados) y que mejoren sustancialmente
las condiciones de la docencia (número máximo de alumnos por profesor;
autoridad y respeto en el aula; reconocimiento profesional y económico
de tareas como la tutoría; refuerzo de personal subalterno para tareas
de control y vigilancia de los centros; descarga progresiva de horas lectivas
a partir de los 55 años; promoción profesional; etc.).
Mención aparte
merece la presencia y trato de privilegio otorgado a la religión confesional
en el marco escolar, en contradicción con los principios democráticos
que exigen la separación de los ámbitos públicos, comunes a todos los
ciudadanos, y los que hacen referencia a las personales convicciones y
creencias. Cualesquiera que sean los niveles de rectificación legal precisos,
ha de prevalecer la neutralidad del Estado y su respeto a la libertad
de conciencia de todos los alumnos, sin privilegio alguno. En el espacio
común educativo, la religión -como materia específica y en sus distintas
expresiones confesionales- no puede formar parte del currículo escolar.
En todo caso, su oferta transitoria en los centros educativos no puede
afectar sino, exclusivamente, a los alumnos que la demanden, sin oponerle
ninguna “alternativa” curricular para quienes no la soliciten.
En el Colectivo
Baltasar Gracián pensamos que debería abrirse un período de reflexión
y discusión entre todas las instancias administrativas y asociativas relacionadas
con la educación, discusión en la que estamos dispuestos a participar
activamente en la medida de nuestras posibilidades. En este sentido, hacemos
extensiva la presente propuesta a todas las organizaciones, a los representantes
de las diversas fuerzas comprometidas en el cambio democrático que la
educación precisa y, muy en especial, a los nuevos responsables de la
política educativa, manifestando nuestra disposición a intercambiar experiencias
y opiniones con el sano propósito de contribuir a la recuperación y mejora
del sistema público de enseñanza.
Chomin
Cunchillos
Por el Colectivo Baltasar Gracián
