Madrid.
El sindicato ANPE ha mostrado su preocupación porque “se anuncia la suspensión de la aplicación de la LOCE, pero no se plantean soluciones alternativas”. Y también su sorpresa por el hecho de que “el nuevo Gobierno, que ha anunciado diálogo y un nuevo talante negociador, utilice los medios de comunicación social para informar de lo que está haciendo o hará, sin contar con el profesorado”. Afirma que “todas las medidas anunciadas afectarán a las condiciones de trabajo de los docentes y a todo el sistema educativo”, y cree que “el hecho de no haber consultado, y ni tan siquiera informado, a sus legítimos representantes es un menosprecio, un error y una temeridad”. Por todo ello ha pedido la “convocatoria urgente” de la Mesa Sectorial de Educación”.
Por el contrario, la Federación de Enseñanza de CC.OO coincide con las medidas anunciadas sobre la paralización “de algunos de los aspectos más negativos de la LOCE”. Considera positivo que se vuelva a considerar la etapa 0-3 años como educativa, desapareciendo el calificativo de asistencial, y que se elimine la prueba de Bachillerato, el carácter evaluable de la Religión, y los “itinerarios segregadores” en Secundaria. Pero también cree que la nueva regulación de la inspección, la elección de directores o la creación del cuerpo de catedráticos “van a generar perjuicios y disfunciones importantes en el funcionamiento de los centros”. En consecuencia, dice que es “ineludible” la convocatoria de la Conferencia de Consejeros para tratar todos estos temas.

Satisfacción

También FETE-UGT ha mostrado su satisfacción, especialmente porque “se evite la puesta en marcha de los itinerarios en la ESO, se suprima la obligatoriedad de estudiar la versión aconfesional de la alternativa a la Religión, desaparezca la reválida al finalizar el Bachillerato, no se pongan en marcha los programas de Iniciación Profesional”, y porque el ciclo 0-3 años “recupere su carácter educativo”. Sin embargo, lamenta que hasta la aprobación de la nueva seguirán vigentes normas introducidas por la LOCE, como las relativas a elección de directores, la admisión de alumnos, la desaparición de la “promoción automática” en Secundaria, o la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria “de recuperación”. En cualquier caso, considera que “es necesario el impulso de un pacto social por la educación”.
Los STEs han difundido un comunicado en el que manifiestan su “alivio y satisfacción”, pero van más allá y piden la derogación de la LOCE en su totalidad. Mientras tanto, CSI-CSIF propone establecer “un amplio debate” con las comunidades autónomas y la comunidad educativa sobre las demandas del sistema escolar, sin olvidar “la ineludible participación del profesorado. Llevamos muchos años reivindicando esta contingencia y lamentamos que, una vez más, se promuevan leyes y reformas en la enseñanza marginando y menospreciando a los docentes, con quienes no se cuenta aunque son los auténticos protagonistas del proceso educativo”.

Declaración de intenciones

La Federación de Enseñanza de USO cree que esta decisión del Gobierno “puede crear un peligroso precedente en el mundo educativo”, aunque añade que sólo es “una mera y formalista declaración de intenciones, sin ninguna respuesta jurídica”. En su opinión, la LOCE sigue en vigor y “si desean cambiar la legalidad vigente tendrán que hacerlo siguiendo los cauces legalmente establecidos”. También afirma que el Ejecutivo pretende “poner en vía muerta esta Ley”, mientras que no ha presentado “ninguna solución encaminada a mejorar el sistema educativo”. Y defiende el tratamiento dado por dicha normativa a temas como los Programas de Iniciación Profesional, la Prueba General de Bachillerato, los itinerarios “que favorecen la igualdad de oportunidades”, o la asignatura de Religión, elegida por “más del 70% de los padres en los centros públicos”.
La FERE cree que “la comunidad educativa espera y desea que las medidas anunciadas contribuyan a acabar con la tremenda indefinición organizativa que originó la moratoria de la LOCE”, y añade que los centros tienen que saber cuanto antes qué hacer el próximo curso, ya que “no podemos esperar otro mes a que se aprueba el nuevo calendario. Aunque entiende que “lo más lógico habría sido mantener una Ley que acaba de entrar en vigor y, como ya sucediera con la LOGSE, haber ido mejorando aquellos aspectos que no hubieran funcionado”. En cualquier caso, afirma que “si el anuncio de paralización de la LOCE fue precipitado, aplicarla sin consenso puede tener también consecuencias negativas”, por lo que pide que “se confiera a palabras como pacto, diálogo y consenso un verdadero significado”.

Precipitación

Educación y Gestión entiende que “la manera precipitada de frenar la aplicación de la LOCE genera incertidumbre, malestar e, incluso, caos en la comunidad educativa”. Y advierte que “en el caso de la Educación Infantil la situación es particularmente grave, porque hay centros que han hecho la planificación del próximo curso con la nueva estructura, y ahora su aplicación está en duda”. La patronal católica desconfía del talante dialogante del nuevo Gobierno, porque ha decidido paralizar la Ley “sin contar previamente con la comunidad educativa,”considera que esta decisión “generará desconcierto y repercutirá negativamente entre padres, profesores y alumnos”, y pide al PSOE que gobierne “para todos, tanto para los que optan por la escuela pública como para los que eligen la concertada”.
La CONCAPA entiende que “no se ha debido frenar la LOGSE de forma tan precipitada, sin consultar con las organizaciones educativas y las comunidades autónomas, y sin dejar el tiempo preciso para ver si realmente no era positiva para la educación en nuestro país”. Considera que esta medida “divide a la sociedad y resulta una burla para una gran parte de los españoles”, y acusa al Ejecutivo de “actuar con revanchismo político al gobernar para un determinado grupo en lugar de para todo el país”. También afirma que “más del 75% de las familias reclaman la Religión”, y añade que “la Prueba General es necesaria si pretendemos homologar nuestro Bachillerato con los países comunitarios”. Por último, reclama la gratuidad de la Educación Infantil y del Bachillerato, y propone un pacto por la educación “sustentado en un amplio consenso social”.