Madrid. G. A.
El sindicato ANPE cree que “el PSOE tiene ahora la posibilidad de alcanzar acuerdos que proporcionen una mayor estabilidad al sistema educativo, y contempla aspectos tan primordiales como la financiación de la enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes, el funcionamiento de los centros, la educación compensatoria y la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas”. También pide al futuro Gobierno“un decidido apoyo a la enseñanza pública y que emprenda acciones que restituyan el respeto, la autoridad y consideración social que le corresponde a la función docente”, como la elaboración de un Estatuto del Profesorado, las mejora de sus condiciones laborales, el establecimiento del nivel de licenciatura para los maestros, etc.
CSI-CSIF ha pedido que los cambios educativos que realice el próximo Gobierno se hagan “mediante el consenso sobre unos mínimos, expresados en un pacto de Estado”, y que deje de utilizarse a la educación como “un arma arrojadiza de confrontación constante”. En cualquier caso, sus dirigentes creen que las “impecables palabras” del futuro presidente en la noche electoral sobre diálogo y cambio, “pueden estar abonando un terreno que sería propicio para ese pacto, que demandamos desde las aulas y en nombre de los docentes y de su criterio profesional”.
La Federación de Enseñanza de CC.OO recuerda que la LOU y la LOCE “se tramitaron en contra de la inmensa mayoría de la comunidad educativa y provocaron importantes movilizaciones, en las que participó activamente el PSOE”. Exige que el nuevo Ejecutivo paralice los desarrollos legislativos de dichas leyes, y le insta a que considere la educación como un asunto prioritario para la próxima legislatura, “por lo que debe ser objeto de un compromiso político y social en el que participen todos los partidos políticos, las comunidades autónomas, los rectores de universidad, las organizaciones sindicales y empresariales, las asociaciones de padres y de estudiantes, los movimientos de renovación pedagógica, etc.”

Nueva Ley

Por su parte, los máximos responsables de FETE-UGT creen que hay que “avanzar hacia una nueva ley del sistema educativo no universitario, a partir de la LODE, la LOGSE y la LOPEG”. Consideran que “debe haber diálogo y consenso, pero no para repetir lo que han hecho el PP y la Conferencia Episcopal. Hay que abrir una etapa de diálogo, pero para restablecer la línea de las reformas que se habían iniciado antes de la aprobación de la Ley de Calidad”. Y piden financiación para cumplir “la promesa socialista de impulsar un plan de choque para la red pública”.
Los responsables de los STES reclaman la derogación de la LOCE y la retirada de la enseñanza religiosa del currículo escolar. Reconocen que “son muchos los retos” a los que tendrá que hacer frente el nuevo equipo rector del MECD, y dicen que son prioritarias “la promoción de la enseñanza pública y implantación de las medidas que garanticen una educación de calidad para todo el alumnado”. También pide acuerdos que proporcionen una mayor estabilidad al sistema educativo, y dan prioridad a los temas relativos a la financiación de la enseñanza, las condiciones de trabajo de los docentes, el funcionamiento de los centros, la educación compensatoria y la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas.
La Federación de Enseñanza de USO vuelve a reclamar “un gran pacto social por la educación, que despolitice la enseñanza y aporte estabilidad y profesionalidad para que la formación en España mejore sus resultados. No puede ser -añade- que estemos inmersos cíclicamente en un ambiente de cambios radicales, de poner todo patas arriba, actitud que tan peligrosos resultados ha tenido para el ambiente escolar”. Además, pide al PSOE que “gobierne pensando en el bien de todos los ciudadanos”, y respete “la decisión y la libertad de tantos miles y miles de padres que desean que sus hijos reciban una educación distinta a la estatal, en igualdad de condiciones, sin privilegios, y sin que ello tenga por qué suponer ningún castigo ni para sus bolsillos ni para su dignidad como ciudadanos”.

Prioridad

Los principales dirigentes de CEAPA, la Confederación laica de padres, han celebrado la victoria del PSOE y han manifestado su deseo de sentarse con los futuros responsables educativos, para tratar sobre los aspectos más negativos de la LOCE que podrían perjudicar a la escuela pública, como la “segregación” de los estudiantes, con el fin de que se puedan modificar porque todavía no han entrado en vigor. Confían en que la enseñanza sea un “tema prioritario” para el próximo Gobierno, y consideran que “a medio plazo sería ideal alcanzar un pacto a nivel nacional, para evitar que cada partido que llague al poder cambie las leyes y, con ellas, los planes de estudio y libros de texto”.
También la Confederación católica de padres, CONCAPA, quiere “un gran pacto nacional por la educación y la familia, que permita asentar las bases de un futuro educativo y familiar alejado de los vaivenes electorales, que traiga paz y sosiego al sector evitando cualquier tipo de enfrentamiento y revanchismo”. Ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero “que gobierne para y en beneficio de todos los españoles”, y al PSOE, “como partido constitucionalista de ámbito nacional”, que garantice “los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, como el de libre elección de centro y de las familias para elegir la forma de educación que desean para sus hijos”.
La CECE ha mostrado su satisfacción “por las primeras declaraciones del futuro presidente, en el sentido de gobernar para todos los españoles en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y, en consecuencia, en cumplimiento de su artículo 27 que proclama la libertad de enseñanza”. Recuerda “la obligación de los poderes públicos de atender la demanda social”, y se muestra “absolutamente convencida de que el nuevo Gobierno garantizará que los padres españoles puedan elegir en libertad el modelo educativo que desean para sus hijos”. Por último, esta patronal muestra su disposición “para seguir colaborando en defensa de los intereses de los centros privados, de la libertad de enseñanza y de la calidad de nuestro sistema educativo”.

Preocupación

Más crítica se ha mostrado, Educación y Gestión, cuyo presidente se ha referido a los precedentes de comunidades “que han pasado de un Gobierno popular a uno socialista, en las que se ha fomentado un trato tremendamente restrictivo a la escuela concertada, como podría ocurrir en el ejecutivo central”. Los dirigentes de la patronal católica están preocupados por “las previsibles políticas restrictivas en los conciertos”, creen que una posible derogación de la LOCE “dejaría a la enseñanza en una situación muy peligrosa, muy seria y nefasta”. Y advierten del “grave retroceso y complicaciones que supondrá para la vertebración del sistema educativo el hecho de que el PSOE no tenga mayoría absoluta, porque tendrá que contar con el apoyo de grupos nacionalistas, “cuya concepción de dicho sistema tiene enormes diferencias”.
Sin embargo, la FERE ha ofrecido al nuevo Gobierno “su colaboración para que la tarea de garantizar una educación de calidad a todas las familias españolas sea una labor dialogada, fruto del consenso, y que tenga en cuenta a todos los miembros del sector educativo”. También confía en que el futuro ejecutivo “tenga en cuenta también a la escuela concertada, sabiendo que ésta presta un servicio social y es fuertemente demandada por la sociedad”. Finalmente ha reiterado su propuesta para lograr “un pacto escolar, que incluya el problema de la inmigración, para que la legítima alternancia política en el poder no suponga retrocesos, sino sinergias en la consecución de la mejor calidad posible para nuestro sistema educativo”.
El Sindicato de Estudiantes (SE) ha pedido al PSOE que derogue “inmediatamente las reaccionarias LOU y LOCE, con el fin de quitar de las escuelas la Prueba General del Bachillerato (PGB), los itinerarios y la religión”. También han solicitado un plan de choque para las inversiones en la enseñanza pública, con el fin de garantizar una oferta gratuita de los 0 a los 8 años, terminar con las subvenciones a los empresarios de la enseñanza privada, e “incrementar drásticamente” el dinero destinado a becas”.