El Gobierno aprueba el Estatuto de los
Becarios de Investigación

Madrid. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto sobre el Estatuto de los Becarios de Investigación, cumpliéndose así uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en febrero de 2002.
La figura del becario de investigación carecía hasta ahora de una regulación general sobre su régimen jurídico mínimo, y el Estatuto proporcionará mayores y mejores prestaciones a los becarios de investigación, principalmente el régimen de la Seguridad Social. La finalidad del nuevo Estatuto, según se precisa en un comunicado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “es establecer con criterios de generalidad y homogeneidad el régimen jurídico de los becarios de investigación, definiendo una carta de derechos y deberes básicos de los mismos, y previendo, en particular, su acceso al régimen general de la Seguridad Social”.
El coste que supondrá para la Administración General del Estado la adscripción de los becarios al régimen de la Seguridad Social supera los 5.300.000 euros. En el desarrollo del Estatuto del Becario han participado cinco Ministerios: Trabajo y Asuntos Sociales; Educación, Cultura y Deporte; Sanidad y Consumo; Ciencia y Tecnología; y Defensa.

Contratos para investigadores en el Programa Ramón y Cajal 2003

Madrid. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha publicado en su página web las resoluciones de concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria 2003 del Programa Ramón y Cajal, para financiar 705 contratos de personal investigador con cinco años de duración. Los beneficiarios serán otros tantos doctores (cinco más de los inicialmente previstos), que se incorporarán a centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro. La primera anualidad de dichos contratos supone una inversión de 32 millones de euros.
El Programa Ramón y Cajal tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los grupos e instituciones de investigación y desarrollo, mediante la incorporación de investigadores que hayan obtenido el grado de doctor. En sus tres años de existencia el número de beneficiarios de esta iniciativa se ha elevado a 2.000 personas, y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) ha sido la encargada de la evaluación científico-técnica de los solicitantes, y de la memoria de actividad investigadora. El nuevo “Plan Nacional de I+D 2004-2007”, que se aprobará próximamente, contempla su continuidad en términos similares a los actuales, junto a otras “medidas novedosas en materia de recursos humanos”.

Ciencia y Tecnología y Comunidad de Madrid ultiman los proyectos de Ciudad Digital en Leganés, Tres Cantos y Aranjuez

Madrid. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comunidad Autónoma de Madrid han suscrito un convenio de colaboración para la realización de proyectos de Ciudad Digital en una zona del municipio de Leganés, en Tres Cantos y en Aranjuez. La realización de estos proyectos supone una inversión de más de 7,8 millones de euros, de los que, en virtud del convenio firmado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aportará 3,6 millones de euros, y el resto será aportado por las administraciones regionales y locales, hasta el año 2006.
El objeto de este convenio es desarrollar e implantar actuaciones tales como la Administración Electrónica, Ciudadanía Digital, Telemedicina, Teletrabajo, Portal del Ciudadano, o Comercio Electrónico, todas ellas en las tres localidades en que se implantará el proyecto. De esta manera se conseguirá que se desarrollen actuaciones y aplicaciones dirigidas al uso de Internet por los ciudadanos, así como a su formación en las nuevas tecnologías. En definitiva, según se precisa en un comunicado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “se trata de llevar la Sociedad de la Información a las ciudades en que se desarrollará el proyecto, y conseguir con ello la promoción y orientación de otras iniciativas”.
Dentro del Programa de Ciudades Digitales, está en tramitación la firma de convenios semejantes por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Gobierno de La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra y la Generalitat de Cataluña, que se añadirán a los ya suscritos con los municipios de Molina de Segura (Murcia), Alcoy (Alicante), León y Ceuta.

 
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