Madrid. G. A.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha celebrado en Santiago de Compostela el “31 Congreso de la Enseñanza Privada” entre el 16 y 19 de octubre, para debatir sobre el tema “Libertad y Calidad. Escuelas del Siglo XXI”. La LOCE, su desarrollo normativo y su puesta en marcha en las distintas comunidades autónomas han tenido un tratamiento especial en este encuentro, en el que también se han tratado la integración de alumnos con discapacidades o la implantación de las nuevas tecnologías en la escuela.
La presidente de la CECE, Isabel Bazo, ha afirmado durante la presentación de este Congreso que “es una falacia el planteamiento que hacen los defensores de la enseñanza pública, cuando afirman que los conciertos suponen un desvío de dinero a los centros privados en detrimento de los públicos”. En su opinión, “no hay tal desviación sino igualdad de oportunidades para las familias, que son las que se benefician de la concertación de los centros, y es la única manera de que no se vea cercenado su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos”.
En la inauguración del Congreso, el consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Celso Currás, ha recordado que ésta fue la primera comunidad autónoma que subvencionó la Educación Infantil, en 1990, además de llegar en el curso 1992-93 a “importantes acuerdos para mantener el empleo en los centros privados y concertados”. Y ha prometido su apoyo “tanto la educación pública como la privada”. Por su parte, la secretaria general de Educación del MECD, Isabel Couso, ha agradecido “la actitud responsable de la CECE” ante las reformas que ha promovido el Ministerio, se ha referido al derecho a la libertad de enseñanza que viene expresamente citado en el artículo 27 de la Constitución, y ha recordado que el 32,6% de los escolares estudian en colegios concertados.

Informatización

Los trabajos de este Congreso se han estructurado en torno a talleres prácticos, sobre tecnología, calidad, formación profesional, integración y la LOCE. Y conferencias impartidas por relevantes personalidades del ámbito educativo, como el presidente del Consejo Escolar del Estado, Alfredo Mayorga, quien ha afirmado que “urge acabar con el enfrentamiento entre la escuela pública y la privada”. Y ha añadido que hay que fomentar la participación en los centros de todos los estamentos de la comunidad educativa, especialmente la familia que “es un factor insustituible”.
El presidente del ITE de la CECE, Mariano del Castillo, se ha referido a la informatización de la escuela, y ha recomendado crear en los centros “puestos clave relacionados con la tecnología”. Ha señalado que el perfil ideal es el del educador que sepa informática, y ha informado que “la CECE forma cada año a cerca de 30.000 docentes, lo que demuestra que el personal de los centros no rehuye la formación”.
El profesor de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, ha explicado que “la integración de niños con necesidades educativas especiales es un proceso largo que hay que acometer a medio plazo, ya que los resultados tardan en verse de manera efectiva”. En su opinión, el éxito en la integración pasa, entre otros aspectos, por las actitudes positivas y la formación adecuada del profesorado, la colaboración y aportación de recursos por parte de la administración, y la vinculación y colaboración con la comunidad educativa.
Por todo ello, la CECE pide a las fuerzas políticas “un acuerdo social sobre la educación, que excluya a la escuela de la liza política y salvaguarde su papel esencial para toda la sociedad”. En las conclusiones del Congreso, se afirma que “escuela pública y privada constituyen modos constitucionales de dar respuesta a la libertad de elección de las familias en materia de educación. Por tanto deben proponerse estrategias sociales y políticas que presenten esas opciones a la sociedad, y las dignifiquen de forma conjunta”.

Ayudas

Además, la CECE reclama a las administraciones educativas “ayudas a la modernización de la escuela concertada en campos como el bilingüismo, la informatización y la puesta a punto de los centros escolares”. Y dotación de “puestos clave de la organización escolar”, como orientadores, expertos en informática y directivos. Insiste al exigir la renovación de la política de conciertos, “adecuándolos a los gastos reales en las diversas partidas”, y extendiéndolos al Bachillerato y la FP de Grado Superior.
El Congreso de la CECE solicita la eliminación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los centros, un “amplio margen de autonomía y libertad” para que puedan establecer un proyecto educativo propio, y medidas y recursos para propiciar la motivación y el reconocimiento social de los docentes. Por último, considera que deben crearse aulas de enlace concertadas para atender a los inmigrantes, e incrementar los medios, el personal de apoyo y la formación del profesorado dedicados a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.