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Madrid.
G. ARIANES
La Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha recurrido
ante el Tribunal Supremo la normativa que regulará la asignatura de religión
y su alternativa a partir del próximo curso, por considerarla inconstitucional,
según ha anunciado en rueda de prensa la presidenta de esta organización,
Maite Pina. En su opinión, la LOCE y las normas que la desarrollan en
esta materia vulneran los artículos 14, 16 y 17 que, entre otros principios,
consagran la no discriminación de las personas por sus creencias religiosas,
la libertad ideológica, de religión y de culto, la neutralidad del Estado
y su separación respecto de las distintas confesiones, y la libertad de
enseñanza.
Maite Pina
se ha apoyado en anteriores sentencias del Alto Tribunal para afirmar
que la religión no puede ser evaluable, y su posible alternativa no debe
tener entidad de asignatura obligatoria, “porque se parte de una situación
de desigualdad. En el área de Sociedad, Cultura y Religión -ha añadido-
los contenidos de la opción no confesional (el hecho religioso o historia
de las confesiones) los establecerán las administraciones educativas,
mientras que los de la confesional (religión católica) los marcarán las
autoridades eclesiásticas, por lo que no pueden ser evaluados en condiciones
de igualdad. Además, ¿cómo y quién va a evaluar la fe o las propias creencias?”.
Discriminación
La
presidenta de la CEAPA cree que esta desigualdad también afecta al profesorado,
“que en un caso estará formado por titulados que han aprobado unas oposiciones,
y en el otro será elegido y cesado por las autoridades religiosas, aunque
los pague el Estado”. Además, considera una “imposición ilegal” el carácter
obligatorio de ambas opciones, “puesto que surge de la intención de salvaguardar
los derechos de quienes quieran recibir la enseñanza religiosa, pero imponiendo
unas obligaciones a quienes no deseen recibirla”. Y denuncia que los programas
de la opción no confesional exaltan los valores religiosos “como única
fuente que da sentido a la humanidad, y tienen contenidos “valorativos
y no científicos en los que, por ejemplo, se habla al mismo tiempo de
ateísmo de Estado y holocausto”.
Por todo ello,
la CEAPA ha interpuesto sendos recursos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo contra los reales decretos 830, 831 y 832 promulgados
el 27 de junio de 2003, por los que se establecen las enseñanzas comunes
de la Educación Primaria, de la Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
respectivamente. En cualquier caso, quiere que la religión y su alternativa
no sean obligatorias ni evaluables, ni computen en la nota media para
la concesión de becas o para la selectividad. También va a promover la
campaña “Educar es aprender en libertad” a favor de una escuela laica.
Los
trámites
También
FETE-UGT ha recurrido ante el mismo organismo los citados decretos, y
los relativos a la Educación Preescolar y la Infantil (828 y 829 de 2003),
tal y como había anunciado su secretario general, Jesús Ramón Copa, durante
la rueda de prensa que ofreció con motivo del comienzo del presente curso
(Comunidad Escolar núm 728). En todos los casos, y una vez admitidos a
trámite estos recursos, el Supremo solicitará al MECD el expediente administrativo
de cada uno de los reales decretos, y los demandantes deberán aportar
la documentación pertinente y presentarán sus argumentos.
Asimismo, los
dirigentes de la Confederación de STEs, Justo López y Begoña Suárez han
anunciado que esta organización va a recurrir ante el Supremo que la religión
y su alternativa sean evaluables a todos los efectos y cuenten como otra
materia más para pasar de curso y para la nota media en el expediente
académico. Creen que esta medida es “un retroceso”, y consideran que los
temarios de la rama no confesional “no tienen desperdicio” y su contenido
es “aberrante”, ya que incluyen enunciados como “totalitarismo y religión
en el siglo XX”, “el ateísmo de Estado”, o “la catástrofe moral de los
totalitarismos. El holocausto”. Por último, el coordinador general de
IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado que esta coalición va a apoyar todos
estos recursos contra la LOCE y su desarrollo reglamentario, incluidos
los presentados anteriormente por CC.OO.
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