Madrid. G. ARIANES / M. GIRÓN
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha recurrido ante el Tribunal Supremo los reales decretos de desarrollo de la LOCE referidos a las enseñanzas de Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Calendario Escolar, publicados en el “BOE” entre finales de junio y principios de julio, según ha anunciado en rueda de prensa su secretario general, Fernando Lezcano. También ha denunciado que dichos decretos han sido aprobados sin pasar por la Mesa Sectorial, “a pesar de que sus contenidos suponen serias consecuencias en materia de plantillas y de condiciones de trabajo del profesorado”.
En su opinión, “el MECD se ha negado a negociar una propuesta de Estatuto donde se recojan nuestros derechos profesionales, mientras ha aceptado todas las exigencias planteadas por los sectores vinculados a las patronales de la enseñanza privada y a la Conferencia Episcopal”. Aunque cree que “lo que más grave” es que los citados decretos establecen, textualmente, que “para poder desarrollar al máximo las capacidades, formación y oportunidades de todos los alumnos, los centros docentes podrán ampliar el currículo, horario escolar y días lectivos” respetando, en todo caso, lo establecido por las administraciones educativas”.
Según Fernando Lezcano, los centros de la red pública “tendrán limitados esos aspectos por las directrices que marque la administración y por los recursos humanos de que dispongan”, mientras que los concertados podrán ampliarlos “a instancias del propietario, en toda la extensión que éste quiera”. Esto supone que “el profesorado de los centros privados será obligado a aumentar su jornada, con lo cual empeorarán sus condiciones de trabajo, y se establecerá una competencia ventajista de la enseñanza concertada respecto de la pública”. Por último, ha añadido que “la exigencia de que las enseñanzas alternativas a la Religión hayan de versar sobre contenidos relacionados con la cultura religiosa no tiene cobertura constitucional. La Constitución garantiza el respeto a la libertad de los ciudadanos para elegir para sus hijos una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, pero no puede imponerse a terceros la obligación de recibir enseñanzas de tipo religioso”.

Sin negociación

También va a recurrir estos decretos la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), porque “afectan a las condiciones de trabajo del personal docente y no docente, sin haber negociado con anterioridad dichas modificaciones con los representantes sindicales, tal y como obliga la Ley 9/1987”. Así lo ha anunciado el secretario general de FETE, Jesús Ramón Copa, quien también ha manifestado su oposición a la regulación que hacen de temas como los requisitos mínimos de los centros, el aumento del número de horas en los colegios concertados, la alternativa a la asignatura de Religión, el carácter asistencial que se da a la educación Preescolar, y a la invasión de competencias de las comunidades autónomas”.
Ha criticado que se admita la posibilidad de que los centros concertados amplíen horarios y calendarios, que ha calificado de “competencia desleal gravísima que no sabemos quién va a pagar: las familias o las administraciones”. Ha advertido que promover una dinámica de enfrentamiento pública-privada puede hacer estallar la educación en nuestro país”. Y ha afirmado que “la LOCE presenta “los mismos errores que la LOGSE, porque se pretende poner en marcha sin financiación”.
Jesús Ramón Copa ha sido especialmente crítico con la regulación de la asignatura de Religión y su alternativa, al afirmar que “Aznar ha entregado las llaves de la educación pública a la Conferencia Episcopal, y nuestra labor es devolverlas a la sociedad”. Ha advertido que el aumento de alumnado inmigrante de otras religiones, especialmente la islámica, podría plantear dificultades “si no se instaura el concepto de laicidad en los centros públicos”, y ha añadido que “no queremos ni imanes, ni obispos, ni curas, ni monjas en nuestras aulas”. Por todo ello, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y al Parlamento para que denuncien acuerdo suscrito en 1979 por el Gobierno español con la Santa Sede.

Falta de previsión

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Maite Pina, también ha expresado en rueda de prensa su apoyo a los recursos judiciales contra la nueva normativa de la clase de religión y su alternativa.
Además, Pina hizo responsable a las administraciones educativas de la falta de previsión para satisfacer las demandas de escolarización de chavales inmigrantes que se incorporan a los centros una vez iniciado el curso escolar. En algunas zonas de Cataluña la matrícula de estos alumnos se ha multiplicado por diez. Esto supone la superación de la ratio en los centros de Primaria y Secundaria, alcanzando los 28 y 35 alumnos respectivamente.
CEAPA también denuncia la falta de previsión de plazas en Educación Preescolar. En Madrid hay 22.000 familias que se han quedado sin plaza en este nivel educativo. La presidenta de CEAPA también denunció que hay Comunidades Autónomas que no cumplen el calendario escolar, como es el caso de la Comunidad de Madrid cuyo calendario es de 173 días en Primaria y 171 en Secundaria, frente a los 175 establecidos.
Por otra parte, el cambio de currículo académico que conlleva la Ley de Calidad dará lugar a una renovación de los libros de texto, circunstancia que –en opinión de la CEAPA- debería ser aprovechada por las comunidades autónomas para avanzar en la gratuidad del material escolar. Según Pina, el desembolso que suponen este año la adquisición de los libros de texto va de los 180 euros en Primaria a los 200 en Secundaria y 220 en Bachillerato. En cuanto al profesorado, CEAPA considera que en la LOCE se ha perdido una excelente oportunidad para reorganizar su formación, transformando los estudios de los maestros en licenciatura y exigiendo más conocimientos de Psicología a los profesores de Secundaria.

Liberalización

Por el contrario, las organizaciones de la escuela católica concertada han valorado positivamente la liberalización de horarios y el calendario lectivo, y han negado que suponga una competencia desleal de los centros privados con respecto a los públicos. El secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, ha recordado que esta “autonomía organizativa y pedagógica estaba ya ampliamente recogida en la LOGSE, y la LOCE no añade ahora nada nuevo. La posibilidad de aumentar horarios se otorga a todos los colegios, también a los públicos y, además, los concertados llevan tiempo impartiendo una hora más”. Y ha preguntado si ¿“se puede impedir que los centros que lo deseen ofrezcan unos refuerzos complementarios a sus alumnos”?
Por su parte, el presidente de la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG), Néstor Ferrera, ha afirmado que esta medida “permitirá rentabilizar al máximo los recursos públicos, porque así el profesorado consumirá sus horas de trabajo reguladas por los correspondientes convenios colectivos, cosa que en estos momentos no ocurre en todos los casos”. Asimismo, considera que “incrementar los mínimos no implica ni aumentar presupuestos, ni aumentar la jornada laboral de los profesores, ni empeorar sus condiciones de trabajo, ya que se trata de un tema de organización interna de los centros, donde el horario de los alumnos no tiene necesariamente que coincidir con el de los profesores”. Por tanto, cree que “es falso que esta medida suponga ventajas para la enseñanza concertada respecto a la pública”.