Madrid. G. A.
El PSOE ha pedido la retirada del proyecto de real decreto de desarrollo de la LOCE  que establece que el área de “Sociedad, Cultura y Religión” será evaluable y computable para la nota media en toda la enseñanza obligatoria, por entender que vulnera la Constitución y se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “¿Cómo se evalúa la fe?” es la pregunta que ha lanzado públicamente la portavoz socialista de Educación, Carme Chacón, quien ha recordado que el derecho a recibir voluntariamente enseñanza religiosa no debe comportar la obligación de estudiar otra materia para quien no lo desee, según el Alto Tribunal. E incluso el secretario general de este partido, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el citado decreto, “que retrotrae a los cánones educativos del siglo XIX”.
También IU ha pedido la retirada del proyecto por considerarlo discriminatorio y contrario a la Constitución, “que garantiza la libertad ideológica, de culto y religiosa, y determina que ninguna religión tendrá carácter estatal”. En su opinión, el Gobierno “no sólo se ha plegado a los intereses económicos de los grupos religiosos que copan en gran medida la educación privada, sino que también ha aceptado sus presiones a nivel ideológico para dar este paso, que rompe con un consenso mantenido desde la etapa de la transición”.

Informes favorables

Por el contrario, el PP ha pedido a estos partidos que respeten a los órganos de consulta como el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado, que recomiendan en sus informes que esta asignatura sea evaluable y computable. Según su secretaria de Educación, Sandra Moneo, son los “máximos órganos de representación de la comunidad educativa”, y su dictamen considera que la evaluación de esta disciplina sirve para estimular a los estudiantes y motivar al profesorado.
Y el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha manifestado que “el Gobierno no da un caramelo a la Iglesia católica, sino que se llega a una solución coherente con la legislación en vigor, y se cumplen en la práctica el derecho a la libertad religiosa y el de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Por ello, considera que esa mejor llegar a un pacto de Estado sobre estos temas, para que “una cuestión que afecta a los derechos fundamentales no esté al albur de los cambios de Gobierno”.

Recursos

Esta disparidad de opiniones también se traslada a las principales organizaciones de la comunidad educativa. Las federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT, CSI-CSIF y la Confederación de STEs han anunciado su intención de recurrir el decreto cuando se publique, amparándose en anterior jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el tema. CC.OO ha calificado el proyecto de “disparate académico y legal que no se atiene a derecho”, ha criticado al MECD por “permitirse el perverso lujo de definir la alternativa a la religión católica como Historia de las Religiones”, y ha añadido que todo ello es fruto “de un acuerdo entre el Gobierno y lo más rancio de la jerarquía eclesiástica, y no de propuestas educativas de un Estado democrático y aconfesional”.
FETE-UGT considera que “en el tema de la alternativa a la religión pueden existir aspectos anticonstitucionales y la vulneración de sentencias del Tribunal Supremo”, y cree que su trámite en el Consejo Escolar y el Consejo de Estado “se ha visto empeorado por el control político y la ideología religiosa dominantes del PP en estos órganos”. En cualquier caso, propone eliminar esta asignatura y “el adoctrinamiento religioso en los colegios públicos” y pide que se denuncien los acuerdos existentes con la Santa Sede.
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF cree que la intención del Ministerio supone “un total entregismo a la jerarquía católica, y podría incluso transgredir principios constitucionales”. Y dice que “no es admisible ni creíble el motivo alegado, que no es otro que potenciar la dignificación profesional del profesorado que imparte la asignatura, puesto que tanto la jerarquía eclesial como las autoridades académicas están denigrando continuamente a estos profesionales”.

Inconstitucional

Los STEs afirman que “la equiparación de la Religión con el resto de asignaturas es claramente inconstitucional y suponen retroceder a los tiempos de la dictadura”. Y creen que “el Gobierno continúa en su línea de obediencia irracional a la iglesia católica”, y de desaprecio a “la normativa laboral más elemental, cuando permite que la propia iglesia contrate y despida sin ningún control al profesorado de Religión que, sin embargo, cobra su asueldo del erario público”.
La CEAPA también califica de “discriminatoria e inconstitucional” la medida, pues cree que no es posible evaluar las opciones de esta materia “con unos criterios mínimos de parcialidad y justicia, puesto que en la modalidad religiosa la jerarquía eclesiástica elige al profesorado y los contenidos, mientras que en la no confesional son elegidos por el Estado”. Y advierte que “se producirán situaciones de desigualdad en los centros cuando los alumnos, a sabiendas de que la religión va a ser evaluada generosamente por su profesorado, decidan matricularse en masa en esa asignatura”.

Apoyos

Por el contrario, la CONCAPA ha felicitado al Gobierno “por prestigiar una materia, un conjunto de conocimientos que permite valorar la cultura de nuestro país desde una óptica real, la de los dos mil años que nos contemplan, y que ha producido frutos históricos que no se pueden obviar”. En su opinión, es “una asignatura eminentemente ética, que nos permite valorar las relaciones humanas desde una óptica trascendente, y está presente en todos los valores: la comprensión, la tolerancia, la convivencia, la aceptación de la diferencia, etc.”
La Federación de Enseñanza de USO comparte y apoya las tesis del MECD y afirma que la religión “debe tener un carácter evaluable y computable para la nota media”. Dice que otro tipo de solución desprestigiaría esta materia y su alternativa, rebajando la consideración de los profesores. Y considera que la educación en valores es “uno de los puntos más débiles del actual sistema educativo”, mientras que “las dos asignaturas que integran este área permitirán que los alumnos adquieran una mayor formación humanística, ética, religiosa y artística”.
La FERE ve “muy acertado” que el Gobierno haya decidido dado a esta asignatura “el mismo tratamiento académico que el del resto de materias, porque de esta forma se la sitúa mejor en el contexto escolar y se le otorga el rigor científico y cultural que toda área debe tener”. Y añade que “el conocimiento del hecho religioso aporta a los alumnos referencias fundamentales en una sociedad como la actual, donde la tremenda ignorancia que existe en este terreno incapacita a los mismos para comprender los acontecimientos de nuestras historia y nuestra sociedad”.

Equilibrio

Educación y Gestión considera “positivo” que se evalúe y compute esta asignatura, y dice que su peso en la nota final del Bachillerato es “equilibrado”. La patronal católica espera que el hecho de que la decisión del MECD se derive de una recomendación del Consejo de Estado sea una “salvaguarda” para que no se recurra ante el Tribunal Constitucional.
La otra patronal de la enseñanza concertada, la CECE, se ha mostrado “satisfecha” por la decisión del Ministerio, pues entiende que “es preciso comprender lo que significa formación integral de la persona, para exigir la implantación sería y comprometida de esta disciplina en los niveles no universitarios”. Y sostiene que “no basta con educar a los alumnos intelectual y físicamente; es imprescindible transmitirles paralelamente la formación en valores que completará su formación en el campo de los sentimientos, la humanidad y el espíritu”.
Por su parte, la ministra de Educación ha afirmado que la religión computa actualmente como “cualquier otra materia”, y ha añadido que “lo que ha cambiado no es el tratamiento de esta disciplina, sino los requisitos para pasar de un curso a otro, ya que antes se podía pasar hasta con todas las asignaturas suspendidas, y ahora la Ley de Calidad establece un máximo de dos”. Sobre los recursos anunciados por algunas organizaciones, Pilar del Castillo ha recordado que éste y los demás reglamentos que desarrollarán la LOCE “recogen buena parte de lo que aconsejan los informes del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado”, y ha reiterado su convencimiento de que las reformas derivadas de esta Ley “conducirán a establecer las condiciones adecuadas para conseguir más calidad y menos fracaso escolar”.