Madrid. ROSAURA CALLEJA
Estos proyectos serán enviados también al Consejo Escolar del Estado. Por tratarse de asuntos relacionados con el personal docente, los proyectos que hacen referencia al Título de Especialización Didáctica y a la inspección educativa se debatirán también en la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial y en la Mesa Sectorial de Educación.
Con la reforma educativa se establece una nueva estructura de la carrera docente, que contempla mayores posibilidades de promoción y de reconocimiento y estímulo para los profesores, además de arbitrar diversas medidas relacionadas con la formación inicial y continua del profesorado.
Hasta ahora los docentes cursaban el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), pero el MECD consideraba precisa una adaptación del sistema a los nuevos requisitos de la sociedad y del nuevo sistema educativo. Este proyecto de Real Decreto estructura los elementos relacionados con estos aspectos formativos, así como los planes de estudios del Título de Especialización Didáctica se adaptarán también a las características de las enseñanzas de Formación Profesional y de Régimen Especial.

Cualificación pedagógica

Esta titulación, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se obtendrá tras la superar un curso de cualificación pedagógica de un año académico como mínimo y que consta de una fase teórica y una práctica. Los profesores deberán contar con este título para impartir Educación Secundaria, FP de grado superior y las enseñanzas de régimen especial.
Según especifica el documento, la fase teórica podrá ser cursada simultáneamente a los estudios universitarios. En el transcurso de las carreras, los alumnos elegirán un número determinado de asignaturas optativas, de manera que los que deseen encaminar su carrera a la función docente, escogerán las materias de libre configuración, que conduzcan a la obtención final de ese título.
Tras haber superado el periodo académico, las prácticas se desarrollarán en los centros y serán tuteladas por una Comisión Calificadora nombrada por las administraciones educativas. Con una duración de seis meses, esta fase incluirá un curso de formación de 12 créditos como mínimo y un tutor se hará cargo de cada profesor en prácticas.
Una vez concluido este periodo, los estudiantes presentarán un proyecto didáctico que conducirá a la obtención del Título de Especialización Didáctica.
A partir de la publicación de este Real Decreto, las administraciones educativas organizarán la formación inicial del profesorado, asegurando el inicio de la implantación de estas enseñanzas antes del 1 de septiembre de 2004.

Inspección educativa

Por otra parte, el modelo de inspección educativa que la LOCE configura es exigencia de una sólida profesionalización, por lo que los inspectores deberán contar con las especialidades requeridas para el desempeño de las actividades fundamentales de la inspección.
Este Real Decreto determina las especialidades básicas de inspección educativa y, a través de las mismas, se llevarán a cabo los procedimientos de acceso y movilidad con los concursos de traslado de ámbito nacional.
Según refleja este nuevo proyecto, "es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo", por lo que las administraciones ejercerán la inspección dentro de su ámbito territorial y asegurarán el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de los participantes en los procesos enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
Asimismo, se especifican el asesoramiento que demanden los inspectores en su trabajo y su formación permanente, que desarrollarán las administraciones en colaboración con las universidades e instituciones de formación del profesorado.

Requisitos de los centros

En esta línea, el nuevo proyecto sobre requisitos de los centros escolares establece las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y seguridad, además de las medidas arquitectónicas que posibiliten el acceso de los alumnos con discapacidad física.
Esta normativa recoge que los centros de Educación Infantil contarán con un mínimo de tres unidades y como máximo acogerán a 25 niños por unidad. Las enseñanzas serán impartidas por maestros con la especialidad correspondiente.
Mientras que los centros de Educación Primaria deberán tener, como mínimo, una unidad por curso y un máximo de 25 alumnos por cada una, atendidos por maestros. En esta etapa, se potenciará la biblioteca que dispondrá de fondos bibliográficos y de equipos informáticos suficientes.
De igual modo, los centros que impartan ESO contarán con una unidad por cada curso de los que componen la etapa y los institutos de Bachillerato ofrecerán, al menos, dos modalidades y cuatro unidades, como mínimo. El número de estudiantes será de 30 en la ESO y de 35 en Bachillerato, por unidad. En ambos niveles, los profesores serán licenciados, arquitectos o ingenieros y haber obtenido el Título de Especialización Didáctica.
La Formación Profesional se impartirá en centros de Secundaria o en centros exclusivos y el número de estudiantes será de 20 a 30 por unidad. Los profesores deberán disponer de la misma titulación que los docentes de ESO y Bachillerato. No obstante, para determinados módulos, las administraciones podrán autorizar a profesionales del ámbito laboral como docentes.

Nota aclaratoria

Por otra parte, ante una información publicada en relación con los requisitos de los centros que atienden a niños de 0 a 3 años, el MECD ha hecho público un comunicado en el que señala que "en el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar, que se encuentra actualmente en fase de debate en el Consejo Escolar del Estado, se especifica que, debido al carácter educativo-asistencial de estas enseñanzas, serán las comunidades autónomas las que determinarán los requisitos mínimos que han de cumplir estos centros. Por tanto, si existirán requisitos mínimos, que serán fijados por cada comunidad, y que en cualquier caso deberán cumplir los criterios básicos que marca el texto del Real Decreto".
En este sentido, el MECD aclara que el texto del proyecto especifica que las administraciones competentes atenderán las necesidades que concurran en las familias y coordinarán una oferta de puestos capaz de satisfacer la demanda social. Asimismo, se estipula que esta etapa será impartida por profesionales con la debida cualificación para prestar una atención apropiada a los niños de esas edades.
Del mismo modo, se especifica que "corresponderá a las comunidades autónomas la organización de la atención educativa y asistencial dirigida a los niños hasta tres años, así como el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones. En todo caso, deberán ofrecer las condiciones de higiene y seguridad necesarias, así como disponer de instalaciones suficientes y adecuadas para la consecución de los objetivos establecidos".
Por último, el texto del proyecto fija que las comunidades autónomas establecerán los controles y la inspección necesarios para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de las normas que lo regulan, y que la Inspección de Educación ejercerá la supervisión de los aspectos educativos de este servicio. El documento establece que todos los centros deberán cumplir condiciones concretas de higiene, seguridad, instalaciones y calidad en la atención educativo-asistencial a los niños, además de arbitrar mecanismos de control y supervisión para el cumplimiento de estas condiciones.