Varias Comunidades Autónomas
recurren la LOCE ante el Constitucional

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la
ministra apuntó la posibilidad de ampliar el plazo de implantación
de la gratuidad de la Educación Infantil. Por su parte, Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Baleares anuncian que presenta- rán recursos contra la LOCE ante el Tribunal Constitucional.
El MECD contempla ampliar el plazo para la gratuidad de la Educación Infantil
La ministra posa con los consejeros de Educación de las CC.AA. en la Conferencia Sectorial de Educación. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. R.C.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estudia la posibilidad de ampliar un año más el calendario de implantación de la gratuidad en Educación Infantil, según reveló Pilar del Castillo, tras el Plenario de la Conferencia Sectorial de Educación. Además, declaró que "hay tiempo suficiente" para abordar la financiación de la Ley de Calidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Si se lleva a cabo esta ampliación, las Comunidades Autónomas dispondrán de tres cursos, en lugar de dos, para aplicar esta norma que figura en el proyecto de Real Decreto de calendario de implantación de la LOCE, que se fijaba en los cursos 2004-05 y 2005-06.
Al plenario de la Conferencia Sectorial de Educación asistieron los consejeros de educación de las Comunidades Autónomas, salvo los representantes de Cataluña y País Vasco. En el transcurso de la reunión se debatieron los proyectos de reales decretos de desarrollo de la LOCE y el calendario de implantación.

Foros de debate

La ministra afirmó que las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas "tienen todas las puertas abiertas" para formular propuestas sobre los reales decretos de desarrollo de esta reforma y formalizar sus aportaciones tanto en la Comisión General de Educación como en la Conferencia Sectorial.
De igual modo, subrayó que las medidas de la reforma que se apliquen el siguiente curso no conllevan un coste adicional, como es el caso de la supresión de la promoción automática, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera establecerá la dotación económica necesaria para desarrollar las medidas que demanden un presupuesto adicional. En este sentido, reiteró que "la reforma tendrá la financiación que necesite".
Entre otras cuestiones, la ministra precisó que las horas de Religión en Primaria serán las mismas que establecía la LOGSE (105) y, como novedad, 35 horas se dedicarán al idioma.

Recurso de inconstitucionalidad

Ante la decisión del Parlamento catalán de recurrir la LOCE ante el Tribunal Constitucional, Del Castillo manifestó el convencimiento de que no hay elementos por los que pueda declararse inconstitucional en materia competencial y que, en su momento, el Consejo de Estado no encontró indicios de inconstitucionalidad.
En esta línea, el Gobierno catalán presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la LOCE, porque considera que invade las competencias legislativas y ejecutivas asumidas por la Generalitat en materia de enseñanza, de función pública y de asistencia social.
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas de Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares, presentan recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Calidad, por lo que califican de "invasión de competencias legislativas y ejecutivas". Estas comunidades coinciden en que la LOCE relega aspectos fundamentales a un desarrollo reglamentario posterior y que invade sus competencias en cuanto a la organización de las enseñanzas y el desarrollo de su contenido. A este respecto, Pilar del Castillo ha señalado en declaraciones a Efe que "es sorprendente y singular" que "cada vez" que el Parlamento "aprueba algo", las comunidades autónomas socialistas "presenten recurso de inconstitucionalidad". La ministra ha asegurado que "no hay elementos de inconstitucionalidad en la ley" y que "ante la falta de argumentos" se recurre a esa instancia.

Apelaciones

Las apelaciones, que se presentarán antes del próximo 13 de abril, indican aspectos inconstitucionales en partes o la totalidad de un mínimo de 44 artículos y disposiciones de esta norma y un máximo de 60.
Para catalanes y baleares, la Ley atribuye al Gobierno central la potestad de dictar las enseñanzas comunes que deben aplicar las comunidades autónomas. Así se expresa, el consejero de Educación de Baleares, Damià Pons, quien considera que la LOCE impide la adaptación de la enseñanza a la realidad de las características culturales, lingüísticas, geográficas, demográficas y sociales de cada comunidad". También asegura que la enseñanza de la lengua propia de la comunidad deja de ser básica y pasa a ser sólo asignatura potestativa. A su juicio, la lengua catalana recibe un trato discriminatorio.
Por su parte, el consejero de Educación asturiano, Francisco Javier Fernández Vallina, afirma que esta norma supone un desarrollo "incorrecto" del artículo 27 de la Constitución en lo relativo a la potestad de planificación de la enseñanza por parte de los poderes públicos. Además, anunció que el Gobierno del Principado desarrollará la Ley, pero teniendo en cuenta "las señas de identidad" del sistema educativo centradas en la apuesta por la calidad para todos, sin exclusión.

Contexto regional

Para José Valverde, consejero de Educación de Castilla-La Mancha, "se está limitando el desarrollo del currículo en su adaptación a la realidad y al contexto regional". Según el Gobierno castellano-manchego, entre los aspectos en los que se aprecia intromisión en las competencias autonómicas están los relacionados con el desarrollo legislativo, al contener la Ley una detallada regulación de determinadas cuestiones que impiden un posterior desarrollo por parte de las comunidades.
Por su parte, la Junta de Andalucía presenta el recurso contra ocho artículos del texto normativo, por invasión de competencias autonómicas y por relegar aspectos fundamentales a un desarrollo reglamentario posterior. Estos artículos hacen referencia a la organización de la Educación Preescolar, la oferta de puestos escolares gratuitos en centros concertados, la promoción del alumnado en la ESO y las condiciones para la obtención del título de graduado en Secundaria, entre otros. Cándida Martínez, consejera de Educación, alude a los itinerarios de la ESO y expresa que "si el Gobierno central quiere poner cinco itinerarios en vez de tres o cuatro, puede hacerlo con esta Ley".
En este aspecto coincide el ejecutivo extremeño y según su secretario general de Educación, Angel Benito, "nunca los hemos aceptado pero menos ahora que el MECD puede modificar los que ya están establecidos e incluso añadir otros".
De igual modo, Eva Almunia, consejera de Educación aragonesa, opina que "dejar cuestiones como los itinerarios a futuros reglamentos genera incertidumbre, sobre todo a la hora de planificar el sistema educativo en la comunidad".

 

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