"Esta reforma contribuirá a recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas, con medidas como la supresión de la promoción automática"

"Los itinerarios constituyen una medida de atención a la diversidad que permite dar una respuesta adecuada a la pluralidad de intereses y expectativas de los alumnos"

Madrid. COMUNIDAD ESCOLAR
Recientemente, el Parlamento ha aprobado la Ley de Calidad y se han presentado ya los primeros decretos de desarrollo. ¿Qué instrumentos contempla esta norma para mejorar la calidad, combatir el fracaso escolar y recuperar la cultura del esfuerzo, tres aspectos en los que usted ha insistido en los últimos meses?

La Ley de Calidad de la Educación tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, combatir el fracaso escolar, que en nuestro país es de un 25%, por encima de la media de la Unión Europea. Esto significa que uno de cada cuatro alumnos no obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria. El segundo gran objetivo de esta Ley es mejorar el nivel de conocimiento de nuestros alumnos que, tal como han constatado estudios nacionales e internacionales, como el Informe PISA de la OCDE, es manifiestamente mejorable en materias básicas como Lengua o Matemáticas o en comprensión lectora, en las que los alumnos españoles muestran lagunas en comparación con otros países europeos. Estos son, por tanto, los dos grandes objetivos de esta reforma, que además contribuirá a recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas (con medidas como la supresión de la promoción automática); flexibilizar el sistema educativo (con medidas como la introducción de itinerarios o los Programas de Iniciación Profesional); mejorar las condiciones para el desarrollo de la función docente; organizar de una manera más eficiente la gestión y dirección de los centros y dotar de más instrumentos al profesorado para combatir el creciente problema de la indisciplina escolar.

¿Qué consecuencias ha traído la extensión de la promoción automática para la formación personal de los alumnos?

Creo que la promoción automática, el hecho de que los alumnos pasen automáticamente de curso con independencia del número de asignaturas suspendidas, no ha sido buena para nuestro sistema educativo porque ha contribuido a eliminar la cultura del esfuerzo y ha generado un gran desánimo entre los profesores. La promoción automática supone un fraude para los alumnos y para los padres, que terminan por desconocer el estado real de su aprendizaje, sus conocimientos, su madurez y su asimilación de habilidades y destrezas. Los estudiantes deben ser conscientes de que el aprendizaje y el estudio, como ocurre con todo en la vida, requieren un esfuerzo. Ese esfuerzo, por otra parte, requiere motivación. La Ley de Calidad introduce las medidas necesarias para motivar a los alumnos e incentivar el esfuerzo.
Estamos firmemente convencidos de que la promoción automática y la falta de controles externos y evaluaciones periódicas, entre otros factores, han impedido el fomento de una verdadera cultura del esfuerzo. En cualquier caso, debo decir que soy optimista en este terreno, pues creo que la sociedad está de acuerdo en que, sin esfuerzo, no hay aprendizaje posible.

PSOE e IU consideran que ésta es una ley "segregadora" y varios sindicatos, organizaciones de padres y asociaciones estudiantiles han protestado durante su trámite ¿No ha sido posible alcanzar un mayor consenso sobre la norma a lo largo de su tramitación?

Desde el inicio de la presente legislatura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha tenido una predisposición constante al diálogo con toda la comunidad educativa, y esto se ha podido observar en cada una de las reformas que hemos llevado a cabo. Una actitud muy distinta ha sido la de determinadas organizaciones, que han fomentado y organizado huelgas y movilizaciones incluso antes de conocerse el primer borrador de la Ley de Calidad. Creo, y así lo he manifestado en numerosas ocasiones, que la educación es un terreno en el que todos deberíamos jugar en el mismo equipo. Lo que ocurre es que hay quien ha tomado la educación como un campo de batalla y de confrontación, y se ha negado sistemáticamente a dialogar y a llegar a acuerdos. Y, créame, yo lo lamento profundamente. Pero es responsabilidad del Gobierno acometer aquellas reformas que sean necesarias para superar los problemas que tiene la educación española en la actualidad. Y eso es lo que hemos hecho con la Ley de Calidad, que ha sido debatida con todo el sector educativo.
Como recordará, en marzo se presentó un Documento de Bases, con las líneas generales de la reforma. Ese documento se discutió con todas las organizaciones del sector educativo: profesores, padres, alumnos, sindicatos, partidos políticos... Fruto de ese diálogo se elaboró un anteproyecto de ley, que fue nuevamente debatido en el seno del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado. Ambas instituciones emitieron dictamen favorable de la Ley. En julio pasado, el Gobierno aprobó finalmente el proyecto de ley, en el que se incorporaron numerosas sugerencias aportadas durante todo el proceso de debate. Y desde septiembre hasta diciembre, la Ley fue ampliamente debatida en el Parlamento, incorporándose enmiendas que han mejorado el texto.
Quiero añadir, además, que una gran mayoría del profesorado, a través de congresos, jornadas, seminarios, sondeos y artículos en revistas especializadas, o a través de sus representantes profesionales, de asociaciones o sindicatos, se ha mostrado a favor de un cambio normativo que mejore la calidad de la educación. Estoy segura también de que el conjunto de la sociedad demandaba igualmente cambios en el terreno educativo.

Otra de las críticas de la oposición es la falta de una memoria económica que acompañe a la ley ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo ya he manifestado en numerosas ocasiones que la financiación de la Ley de Calidad se circunscribe en un nuevo marco, que es el de la financiación de las Comunidades Autónomas. En diciembre de 2001, todas las Comunidades Autónomas -y reitero, todas las Comunidades Autónomas-, acordaron un nuevo sistema de financiación, por el cual los gastos derivados de la aplicación de las leyes, como en este caso la Ley de Calidad, serían estudiados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas tanto la Administración central como las Administraciones autonómicas. Es en ese nuevo marco en el que habrá que estudiar y evaluar los posibles costes que la Ley de Calidad va a suponer para las Comunidades Autónomas. Y lo hacemos así por respeto a las propias Comunidades, que son quienes gestionan la educación en nuestro país, y por respeto al sistema autonómico. Es importante resaltar esto. La Ley de Calidad tendrá los recursos que necesite para su puesta en marcha. Lo único que ha variado es el sistema de financiación, un sistema que, reitero, ha contado con el visto bueno de todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista.

Una de las novedades del texto son los itinerarios, que ofrecen al alumno diferentes opciones ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cabe la posibilidad de rectificar la primera elección y pasar de uno a otro?

El objetivo último de las medidas planteadas en la Ley es integrar a los alumnos que tienen más dificultades y dar más oportunidades de calidad para todos. Los itinerarios constituyen una medida de atención a la diversidad que permite dar una respuesta adecuada a la pluralidad de intereses, motivaciones y expectativas de los alumnos de la ESO. Por tanto, los itinerarios son vías formativas, opciones curriculares, que se ofrecen a los alumnos con el fin de que logren, de acuerdo con sus intereses y expectativas, los objetivos de esta etapa, de tal modo que puedan continuar los estudios posteriores o incorporarse al mercado laboral.
La situación generada por la LOGSE era que, en virtud del modelo comprensivo, todos los alumnos estudiaban lo mismo y en las mismas aulas hasta los 16 años. Este sistema tan rígido ha generado numerosas dificultades para los profesores, que vienen demandando desde hace años mayor flexibilidad para poder ofrecer una atención más personalizada conforme a las necesidades, aptitudes e intereses de los alumnos. Esa flexibilidad es precisamente la que ofrecen los itinerarios.
Como sabe, los alumnos podrán escoger a los 14 años entre dos itinerarios (científico-humanístico y tecnológico) y a los 15 entre tres (científico, humanístico y tecnológico). Quiero insistir en que la elección de itinerario será voluntaria, es decir, que serán los propios alumnos y sus familias quienes elijan la vía formativa que prefieren. Además, esta decisión será reversible, porque podrán cambiar de itinerario si así lo desean. Y, por último, todos los itinerarios conducirán al mismo título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Quiero destacar que este tipo de flexibilización se está implantando ya en otros países de nuestro entorno. Incluso en el Reino Unido, el primer país europeo que introdujo el modelo de escuela comprensiva, se está dotando de mayor flexibilidad al sistema educativo porque se ha comprobado que la rigidez de los sistemas comprensivos es perjudicial para los alumnos.
Con los itinerarios, los profesores tendrán una herramienta eficaz para satisfacer de una manera más personalizada los intereses, aptitudes y motivaciones de los alumnos, que de esta forma encontrarán más oportunidades en su proceso educativo.

Para los estudiantes que no estén interesados en estos itinerarios se contemplan los Programas de Iniciación Profesional ¿Cuáles son sus contenidos curriculares y a qué titulación dan acceso?

Ésta es otra de las novedades más importantes de la Ley. De lo que se trata es de dar más oportunidades a los estudiantes para que continúen en el sistema educativo y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que es el título mínimo que se concede actualmente en nuestro sistema educativo. Los Programas de Iniciación Profesional sustituirán a la actual Garantía Social. Estos Programas durarán dos años y podrán cursarse a partir de los 16 años y, excepcionalmente, a partir de los 15. En esos dos años, los alumnos tendrán una doble formación. En primer lugar, sobre aspectos básicos, como Lengua, Matemáticas... Y, en segundo lugar, sobre aspectos de Formación Profesional, a través de módulos de formación. De esta forma, el alumno que termine los dos años obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (algo que no es posible en la actualidad, pues la Garantía Social no da acceso a esta titulación), con lo que los alumnos tendrán la posibilidad de continuar estudiando Bachillerato o Formación Profesional, si así lo desean. Si sólo cursan un año de estos Programas de Iniciación Profesional, obtendrán también una certificación de los módulos de formación profesional cursados. Esta certificación estará homologada con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, creado por la Ley de Formación Profesional, lo que, sin duda alguna, redundará en más posibilidades de empleo.
Como puede apreciar, estos Programas constituyen una clara apuesta por dar más oportunidades a aquellos estudiantes que no se encuentran motivados por el sistema educativo, por las razones que sea, y supone sobre todo una oportunidad más para que esos alumnos, que ahora simplemente abandonan los estudios, puedan tener más vías para obtener el título de Graduado.

¿Qué actuaciones se prevén para reforzar las materias instrumentales y el aprendizaje de idiomas?

Como recordará, el Ministerio de Educación emprendió en el año 2000 la elaboración de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, conocidos como Decretos de Humanidades, que actualizaron los currículos de todas las materias. Con estos decretos se potenciaron las materias instrumentales (por ejemplo, se amplió el número de horas de materias como Lengua o Matemáticas y se actualizaron los contenidos) y también se mejoraron los currículos de idiomas. La Ley de Calidad sigue impulsando el aprendizaje de estas materias. Con respecto a los idiomas, se adelanta el aprendizaje del primer idioma a los 6 años y se adelanta igualmente el aprendizaje de un segundo idioma. Del mismo modo, se da especial importancia a la iniciación de la lectura, la escritura y las habilidades numéricas ya desde la Educación Infantil. Por otra parte, estamos llevando a cabo la revisión de los currículos de la Educación Primaria, para que también en esta etapa educativa se mejore la formación en materias básicas como Lengua o Matemáticas. Ésta es una clara apuesta por superar uno de los retos básicos que tiene planteado en la actualidad nuestro sistema educativo: mejorar el nivel de conocimientos de nuestros alumnos en esas materias consideradas básicas.

La Prueba General de Bachillerato es otra novedad ¿Estará homologada con exámenes similares que figuran en los sistemas educativos de los países de nuestro entorno?

La necesidad de establecer una prueba de homologación al final del Bachillerato era algo que no podíamos obviar, a la vista de lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Hoy por hoy, somos el único país, junto con Portugal y Grecia, que no dispone de esta prueba. ¿Cuál es su cometido? Pues, principalmente, el de homologar los conocimientos de los alumnos al final de esta etapa educativa. Hoy, un alumno puede acabar el Bachillerato sin que haya tenido que pasar en ningún momento ninguna prueba externa que homologue sus conocimientos. Y esto nos plantea problemas, por ejemplo, a la hora de homologarnos con otros países de la Unión Europea, pero también a la hora de tener un conocimiento real de lo que saben nuestros alumnos. Con la Ley de Calidad, los estudiantes tendrán que pasar una Prueba General de Bachillerato al final de este nivel. Por supuesto, tendrán varias posibilidades para poder aprobarla. Esta Prueba, junto con las notas del Bachillerato, dará acceso al Título de Bachiller. Reitero que esto es algo que sucede en la gran mayoría de los países de nuestro entorno y que es necesario para comprobar realmente cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos al final de esta etapa y para poder homologarnos con otros países de la UE.

Durante el debate también se ha destacado la necesidad de un mayor reconocimiento de la labor del profesorado ¿En qué medida la nueva ley va a reforzar aspectos como la carrera docente o la formación continua?

La Ley de Calidad de la Educación nace con una clara vocación de mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento social de la función docente. La Ley refuerza la carrera docente para que todos los profesores tengan mayores posibilidades de promoción profesional. También otorga mayor importancia a la formación del profesorado, tanto inicial como continua. A partir de ahora, además, se fomentará también la evaluación periódica y voluntaria del profesorado, cuyos resultados serán tenidos en cuenta para la movilidad, la promoción y la adquisición de los complementos de formación.
Del mismo modo, se establecen nuevas medidas de apoyo a la función docente. Medidas como la sustitución de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza, sin disminución de retribuciones, para los profesores mayores de 55 años; el reconocimiento de la especial complejidad de la función tutorial mediante los oportunos incentivos profesionales o económicos; el reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes de innovación educativa, por medio de incentivos económicos; la puesta en marcha de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado por sus acciones de innovación y por su dedicación y trabajo profesional; el desarrollo de licencias retribuidas, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas; el impulso de la protección y asistencia jurídica al profesorado de los centros escolares públicos, en todas las actuaciones de su actividad docente; y también la adopción de medidas para poder combatir de una forma más eficiente la indisciplina escolar.

El proyecto de ley dota a los centros de nuevas competencias ¿Cómo va a afectar a la función directiva y al sistema de elección de directores?

La Ley de Calidad refuerza las competencias de la función directiva, modifica el sistema de elección de los directores, otorgando más protagonismo a los profesores, y dota de mayor autonomía a los centros escolares.
Para lograr mayor eficacia en la gestión de los centros, se distingue entre el equipo directivo del centro (director, jefe de estudios, secretario y cuantos otros determinen las Administraciones educativas) y órganos de participación en el control y gestión de los centros (Consejo Escolar y Claustro de profesores). Estos últimos evaluarán el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del centro y analizarán los resultados de las pruebas externas al centro que se realicen.
En cuanto a la dirección de los centros, se refuerza su autoridad y su autonomía tanto en el área académica como de gestión para que el director pueda, entre otras cosas, aplicar medidas para garantizar la convivencia en los centros. La elección del director estará basada en los principios de publicidad, mérito y capacidad, y se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera. Los aspirantes a director deberán superar un programa de formación inicial y la selección será realizada por unas Comisiones de Selección que estarán constituidas por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el 50% pertenecerán al claustro de profesores del centro, de tal modo que los profesores podrán tener más protagonismo en la elección del director.
Por otra parte, a partir de ahora, las Comunidades Autónomas favorecerán el ejercicio de la función directiva dotando a los directores de más autonomía de gestión para impulsar y desarrollar los proyectos de mejora de la calidad. También se organizarán cursos de formación específicos para equipos directivos (y no sólo para los directores, como en la actualidad), y las Comunidades Autónomas podrán eximir total o parcialmente al equipo directivo y, especialmente, al director, de la docencia directa.
El ejercicio de los cargos directivos será retribuido de forma diferenciada, en atención a la responsabilidad y dedicación exigidas. Además, el desempeño de esos puestos constituirá un mérito para el desarrollo de la carrera docente y para la obtención de complementos económicos.
Por último, se refuerza la autonomía de los centros en materia pedagógica, organizativa y de gestión económica. Por ejemplo, estableciendo la posibilidad de que los centros se especialicen y refuercen determinados aspectos del currículo. El objetivo de esta especialización es conseguir la máxima calidad educativa en esos ámbitos académicos y servir de referencia para promover programas de innovación. Por esta razón, los centros podrán ampliar los horarios para desarrollar los correspondientes proyectos de especialización.

Cada vez es mayor el número de alumnos inmigrantes en las aulas. ¿Qué mecanismos contempla la ley de Calidad para afrontar las necesidades educativas de estos alumnos?

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es plenamente consciente de la necesidad de hacer de la nuestra una sociedad de acogida, capaz de afrontar con éxito la integración de los alumnos inmigrantes. Este año, se han incorporado a nuestro sistema educativo más de 170.000 alumnos extranjeros, lo que supone un incremento de casi un 45% con respecto al curso anterior. Consciente de esta realidad, la Ley de Calidad establece una serie de medidas que no tienen otro propósito que el de atender de la forma más eficaz a estos alumnos.
Con el fin de facilitar la integración de aquellos alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, se desarrollarán Programas de Lengua y Cultura y Programas de Aprendizajes Instrumentales Básicos. También se ofrecerán programas de formación del profesorado para que sepan cómo mejorar la atención que ofrecen a estos alumnos. Y, finalmente, siguiendo las recomendaciones del Consejo Escolar, se organizarán también programas específicos destinados a la atención educativa de los extranjeros adultos. Las medidas que contempla la Ley vienen a sumarse a las iniciativas que el Ministerio y las Comunidades Autónomas están desarrollando en la actualidad para atender a los alumnos extranjeros.

¿Qué papel deben desempeñar los padres ante el fenómeno de la indisciplina que se vive en muchos centros educativos?

En España, hemos de reconocer que todavía no hemos vivido episodios graves de violencia escolar, pero sí es verdad que los profesores denuncian una creciente indisciplina en los centros. Eso es evidente, y en parte está motivado por factores sociológicos. En este terreno, creo que las familias desempeñan un papel insustituible en la educación de sus hijos, sobre todo en la educación de valores como el respeto, la disciplina y la comprensión. No podemos dejar todo en manos de la escuela, como ocurre muchas veces, sino que las familias deben ser conscientes de la importancia que tienen en el proceso formativo de sus hijos. En todo caso, la Ley de Calidad da respuesta a la demanda del profesorado de contar con más medios para combatir esa indisciplina y fomentar un clima de convivencia en los centros.