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tema
educativo, sin merma de las competencias de las CC.AA., y Coalición
Canaria, que reconoció la necesidad de modificar el sistema y la
introducción de "avances" en el paso de la norma por
el Congreso, respaldaron el texto de ley.
Los diputados
de la oposición rechazaron el proyecto elaborado por el Gobierno,
y calificaron las medidas contenidas en el mismo de "elitistas" y
"segregadoras", denunciando también una tramitación
"maratoniana". CIU se sumó a las críticas por considerar
que la reforma invade competencias autonómicas en materia de enseñanza,
y pidió, junto a los demás grupos, una financiación
para el texto.
Tras su paso
por la Comisión de Educación, el texto del Gobierno sale
del Congreso con un total de 100 modificaciones propuestas por los grupos
CC, CIU y PSOE de mejoras técnicas y de redacción (80 enmiendas
aceptadas en Ponencia y 20 en Comisión). Los grupos de IU, PNV
y Grupo Mixto abandonaron el trámite de Comisión, según
indicaron, por la "imposición de plazos para su debate" y
"por el abuso de la mayoría parlamentaria del PP".
Esfuerzo
por llegar a acuerdos
En
declaraciones a la prensa después de el Pleno la ministra de Educación,
Pilar del Castillo, dijo que su departamento "ha hecho todo lo posible
por realizar un debate sereno sobre la Ley de Calidad y llegar a puntos
de encuentro" con el PSOE, cuya actitud ha sido "rotunda y atrincherada"
en las tres reformas educativas (LOU, FP y Ley de Calidad). En su opinión,
"en el proyecto había espacio para encontrar acuerdos, ya que cuando
el PSOE ha tenido momentos de lucidez y ráfagas de serenidad ha
planteado cuestiones coincidentes con las recogidas en el texto", apuntó
Del Castillo.
Según
la ministra, se trata de una "reforma sencilla porque parte de un
análisis que huye de la retórica, del ruido y de la ideología",
motivo por el que la "inmensa mayoría del profesorado apoya
el texto".
Del Castillo
se lamentó de que las enmiendas del grupo Socialista "eran
mil y una formas de decir no a la reforma", y por ello "no tenían
cabida porque supondrían retirar el proyecto". Sin embargo,
valoró las propuestas de Coalición Canaria "que han
venido a mejorar aspectos como la protección jurídica del
profesorado o la carrera docente". Respecto de la posición
de CIU, la titular del MECD se lamentó de que no haya sido posible
llegar a un acuerdo porque "han elegido la Ley de Calidad para distanciarse
del Gobierno". "Estamos convencidos de que la norma se ha hecho
desde el respeto al marco competencial", respondió la ministra
a las críticas de invasión de competencias autonómicas.
Durante la
tramitación del proyecto de Ley en el Pleno del Congreso del proyecto
de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, los diputados
de la oposición calificaron de "triste" su paso por la
Cámara Baja, como mero "trámite administrativo", y
con acusaciones de "violación" de los principios y la
dignidad parlamentarios. En este sentido, insistieron en reabrir un proceso
de diálogo para alcanzar un consenso del que, desde su punto de
vista, la reforma carece.
Críticas
contra reválida e itinerarios
Criticaron
especialmente propuestas como los itinerarios, la "reválida"
y la elección de directores por la Administración, además
de denunciar un "recorte" de competencias autonómicas
y "merma" de la democracia en los centros, la falta de financiación,
diálogo y consenso y fomento de la escuela privada frente a la
pública.
El portavoz
de Educación del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, calificó
a la oposición de "demagoga" y aseguró que las
generaciones futuras "agradecerán" la aplicación
de la futura legislación, además de resaltar que cuenta
con el apoyo de padres, profesores y escuelas.
Por el grupo
socialista Carme Chacón, consideró que esta ley supone una
"ruptura" con los grandes consensos educativos y es una propuesta
del Gobierno para "segregar al alumnado", "recortar la participación",
dar "privilegios" a la enseñanza privada, desanimar a
los docentes y aplicar la "tijera" presupuestaria.
Por su parte
el portavoz de CIU Ignasi Guardans, justificó la falta de acuerdo
porque PP y Gobierno no quisieron entender el "límite"
de los nacionalistas catalanes que les impide apoyar una reforma que va
"contra las competencias de la Generalitat". Insistió
en que CIU recurrirá la futura ley ante el Tribunal Constitucional,
al considerar que invade competencias autonómicas.
La portavoz
de IU, Marisa Castro, rechazó la ley porque no ahonda en la "igualdad
de oportunidades" en el acceso, proceso y resultado de la enseñanza,
tal y como solicita su formación. Así, calificó las
medidas contempladas en texto de "centralistas" y de "recetas
trasnochadas". También pidió a la ministra que reflexionase
por la oposición de los sectores educativos, reflejada en la huelga
educativa del pasado 29 de octubre.
Por el PNV,
José Joan González de Txábarri, mostró su
preocupación por el "lamentable" ejemplo dado por todos
los grupos a la sociedad durante el paso del proyecto por la Comisión,
que PNV, IU y Grupo Mixto abandonaron por lo que calificó como
"atropello" del PP. También definió de "caducas,
clásicas y elitistas" las propuestas que presenta la futura
ley.
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