Madrid. R.C.
Los días 24 y 25 de octubre la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados debatirá las 1.400 enmiendas al proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, una vez superada la fase de ponencia. Tras la reunión de la Mesa de Portavoces, Eugenio Nasarre, presidente de la Comisión, anunció que el debate se dividirá en 10 bloques y que el próximo día 31 de octubre pasará al Pleno.
Mientras Sandra Moneo, secretaria ejecutiva de Igualdad de Oportunidades y Educación del PP, asegura que este proyecto de Ley se debate "dentro de un marco de absoluta participación por parte de toda la comunidad educativa", el grupo parlamentario Socialista critica que esta discusión se celebre en la misma semana en la que se debaten los Presupuestos Generales del Estado. Moneo señala que su partido está siendo "extremadamente cuidadoso con el cumplimiento de plazos, para que la ley tenga la máxima participación de todos los grupos políticos". No obstante, Amparo Valcarce, portavoz socialista de Educación, considera que este calendario ha sido "una imposición intolerable" hacia todos los grupos de la posición que "unánimemente hemos pedido que la Comisión se celebre la próxima semana".

Fase de ponencia

En la fase de ponencia, el grupo Popular presentó 40 enmiendas al proyecto de Ley con mejoras técnicas al texto del MECD, entre las que figura ampliar la garantía de la protección y asistencia jurídica al profesorado. Los populares pretenden que esta protección añada "la cobertura de la responsabilidad civil en relación con los hechos que se deben de su ejercicio profesional". En referencia a la solicitud de becas, los populares plantean que la información de carácter tributario sea suministrada directamente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria por medios informáticos y telemáticos, con la finalidad de simplificar los trámites a los solicitantes.
Por ello, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación de sus declaraciones tributarias. Así, el certificado y demás documentos serán sustituidos por una declaración responsable del interesado de que cumple las obligaciones señaladas y una autorización expresa del mismo, para que la Agencia Tributaria proporcione la información requerida.

Atención especial

Otra de las enmiendas se concreta en que el sistema educativo disponga de los recursos necesarios, para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar "desde el momento de su escolarización o de la detección de la necesidad" los objetivos establecidos.
El Grupo Popular solicita que las administraciones educativas adopten procedimientos singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las que "por las características socioeconómicas y socioculturales de la población correspondiente, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada, con especial atención a la garantía de igualdad de oportunidades en el mundo rural".
Paralelamente a ello, insta al Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, a que establezca las especialidades básicas de inspección educativa teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes.

Enmiendas de la oposición

Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición han presentado cerca de un millar de enmiendas parciales al proyecto de Ley, con la finalidad de potenciar la enseñanza pública y el respeto de las competencias autonómicas educativas.
El Grupo Socialista ha introducido 350 enmiendas, que proponen apoyar a los alumnos con dificultades y, también, a los superdotados; respaldar la labor de los docentes, el papel de las familias, la gestión de los centros e incrementar las competencias de las administraciones locales en educación. Estas medidas van acompañadas de una memoria económica, en la que se incluyen las partidas necesarias para su aplicación en los próximos cinco años.
Los socialistas se muestran partidarios de intervenir a tiempo de superar las dificultades, reforzando el carácter educativo y la oferta de plazas en Educación Infantil, ofreciendo actividades complementarias en Primaria y Secundaria, a través de una oferta educativa "diversa y no segregadora" y con medidas específicas en los centros y zonas de atención educativa preferente.

Apoyo al profesorado

En esta línea, presentan un conjunto de medidas para apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social, con la finalidad de atender a las nuevas demandas de la sociedad de la información y del conocimiento y para incrementar la participación de las familias en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos. A su juicio, este planteamiento requiere que los centros tengan más autonomía para ofrecer una educación "más personalizada".
Además, proponen mecanismos para incrementar las competencias de las administraciones locales en educación y establecen objetivos educativos para el período 2003-07, para garantizar que el Gobierno se comprometa periódicamente en una enseñanza de calidad para todos los alumnos.

Gasto educativo

El Grupo Socialista sostiene que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para que, en el plazo de cinco años, el gasto público en educación crezca en España hasta alcanzar la media de la Unión Europea. Por último, apuesta por que la nueva Ley entre en vigor una vez se establezca por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la financiación necesaria para la aplicación de las medidas que contenga, así como el compromiso presupuestario del Estado en relación con esta financiación.
Del mismo modo, el Grupo de IU ha presentado un centenar de enmiendas, para reforzar políticas educativas participativas, democráticas, laicas y respetuosas con las competencias autonómicas, desde la perspectiva de la calidad como igualdad de oportunidades. Con su propuesta, pretende dar mayor participación a los órganos de gobierno de los centros, fomentar la enseñanza pública e impedir la "ruptura" del ciclo educativo de 0-3 años.

Competencias autonómicas

Asimismo, Coalición Canaria plantea 74 correcciones del texto, de forma que se impulse la igualdad educativa desde un sistema compensatorio, en el que las autonomías deberán tener competencias "claras" sobre todo para poner en marcha medidas de atención a la diversidad y ordenar las asignaturas optativas.
Por su parte, el grupo Catalán presentó 135 modificaciones del proyecto, con la finalidad de garantizar un modelo educativo propio para Cataluña, ya que, a su juicio, la sociedad catalana tiene una "personalidad colectiva propia" y fomentar una educación de calidad.
Una de las propuestas se concreta en reforzar el carácter educativo de la etapa 0-3 años de Infantil, pero también apuesta por diversificar las áreas de la ESO, suprimir la Prueba General de Bachillerato y establecer que se aprueben las asignaturas como requisito para obtener la titulación. Además, los catalanes se muestran partidarios de la elección de los directores de los centros a través de convocatoria pública, con la intervención del Consejo Escolar.
El grupo parlamentario Vasco formuló 51 enmiendas parciales y propone que las administraciones autonómicas impulsen la evaluación de diagnóstico del sistema y la formación continua de los docentes, así como que desarrollen la inspección de la enseñanza y los concursos de traslados y, por último, que las administraciones educativas elaboren los programas de lengua y cultura española y autonómicas para los alumnos extranjeros.