Madrid. ROSAURA CALLEJA
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, Pilar del Castillo reiteró que los principales objetivos de la reforma son reducir el fracaso escolar y mejorar la formación de los alumnos, además insistió en que "la reforma tendrá la financiación que necesite".
La ministra de Educación, Cultura y Deporte justificó el proyecto de Ley de Calidad en siete razones. La primera de ellas responde al convencimiento de que "la educación ocupa, y debe ocupar, el centro de la sociedad". Calificó de decisivo "garantizar la escolarización desde edades tempranas y la transmisión de conocimientos desde esas edades en materias básicas o instrumentales, como lectura, escritura o conocimientos básicos de cálculo, lo que permitirá un mejor desarrollo en etapas posteriores".
Para la ministra, "la educación demanda flexibilidad para adecuarse a los cambios que se producen en la sociedad". A su juicio, "el sistema educativo actual está caracterizado por su rigidez, que es resultado de la confusión entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Esta confusión es que inspira el modelo comprensivo de la LOGSE, importado del mundo anglosajón, un modelo que ya ha sido revisado incluso en los países en los que se puso en práctica".

Respuestas educativas

Integrar y mantener dentro del sistema educativo al mayor número posible de alumnos y mejorar sustancialmente la capacidad formativa del sistema, constituyen las dos exigencias a las que debe dar respuesta el sistema educativo, puntualizó. En el transcurso de la sesión parlamentaria, Pilar del Castillo manifestó que "la educación debe enfocarse como un sistema de oportunidades en el que cada alumno pueda obtener una formación de base sólida y acorde con sus aptitudes y aspiraciones". Además subrayó que "con medidas como los itinerarios o los Programas de Iniciación Profesional se consiguen estos objetivos".
Otra de las razones que expuso la ministra se concreta en que "la educación debe estar en permanente intercambio con un sistema social que, a su vez, cambia y progresa".En su intervención, reiteró que "es imposible una educación de calidad y de excelencia sin esfuerzo". Por ello, considera fundamental "revisar procedimientos como la promoción automática o la evaluación del sistema educativo, para medir con objetividad los resultados del trabajo de estudiantes, profesores y centros".

Integración del alumnado

Pilar del Castillo reveló que el Gobierno considera que el sistema educativo debe buscar "la integración de todos los alumnos en la calidad", en consecuencia, el proyecto de Ley apuesta por un sistema de oportunidades educativas de calidad para todos, previniendo y combatiendo el abandono escolar, para que los alumnos puedan obtener con garantías los conocimientos básicos y la titulación correspondiente.
Asimismo, recalcó que "un sistema educativo mal diseñado perjudica, sobre todo, a los más desfavorecidos", porque "es incapaz de proporcionarles una enseñanza de calidad". "El actual sistema iguala a la totalidad de los alumnos en la falta de estímulos y en la ausencia de calidad", señaló, y aclaró que la nueva ley ofrecerá "oportunidades para una mejor formación, mediante la creación de un conjunto de vías formativas que permitan una mayor integración".
Durante el debate parlamentario, precisó que la reforma sintoniza con las emprendidas en la Unión Europea y que pretende un acercamiento a Europa, mejorando las competencias de comunicación de los alumnos en otras lenguas y promoviendo la homologación del sistema con la UE. Por último, aludió al esfuerzo inversor del Gobierno en educación a pesar del descenso del número de alumnos y reiteró que la reforma contará con "la financiación necesaria". También insistió en que este proyecto de ley ha sido fruto del debate de "todos los que han querido contribuir positivamente a encontrar soluciones".

Críticas de la oposición

Los grupos parlamentarios que rechazaron este proyecto de ley alegaron invasión de competencias, falta de financiación, la segregación de los alumnos en la ESO y discriminación de la escuela pública a favor de la privada. Carme Chacón, portavoz socialista, afirmó que "el PP se ha quedado solo en la defensa de una ley que consagra los derechos de la escuela privada y obligaciones para la pública". También acusó al Gobierno de "haber roto el consenso en educación".
Por su parte, Jordí Martí de CIU defendió el texto alternativo que presentó su grupo asegurando que "no es una improvisación de fin de semana", como lo había calificado la ministra. Sin embargo, formuló su disposición al diálogo y "a llegar a acuerdos hasta el último minuto".
Para Marisa Castro de IU, la Ley de Calidad recupera "fórmulas caducas" y constituye un atentado a la autonomía de los centros y de las comunidades autonómicas.
El diputado del PNV, José Juan González de Chávarri, hizo hincapié en reforzar los materiales didácticos, la innovación educativa, la formación del profesorado y la autonomía de los centros, pero coincidió con los grupos de oposición en la vulneración de las competencias autonómicas.

Debate en Comisión

Tras el debate en el Pleno del Congreso, representantes de la comunidad educativa intervienen en estos días en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso para manifestar su opinión sobre el proyecto de Ley de Calidad.
Durante su comparecencia en la Comisión, los sindicatos de enseñanza han pedido que se incremente el gasto educativo y que se garantice por ley la financiación de las medidas que el Gobierno ha incluido en el proyecto de Ley de Calidad. El secretario general de la Federación de la Enseñanza de CC.OO, Fernando Lezcano, partió de un análisis "crítico" del sistema actual y de la necesidad de acometer cambios, pero reprochó al Gobierno que haya "instrumentalizado" los problemas que existen para plantear una reforma sin hacer un diagnóstico previo de la situación. Lezcano consideró que la reforma planteada adolece de un "tufo neocentralista" que va a propiciar el efecto contrario y que las comunidades autónomas elaboren sus propias leyes, y acusó al Gobierno de haber "secuestrado" la capacidad de actuación que tiene la Conferencia Sectorial de Educación y de haber "desperdiciado" la oportunidad de acometer una reforma consensuada.
El vicepresidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández Guisado, aseguró que la mayoría del profesorado respalda el proyecto, y en especial las medidas encaminadas a reforzar la función docente, primar el esfuerzo de los alumnos, suprimir la promoción automática de curso, mejorar la disciplina en las aulas y establecer itinerarios en el segundo ciclo de la ESO. También se refirió a la encuesta que esta organización hizo entre 10.000 docentes y que demuestra –dijo- que los profesores avalan un cambio en la normativa actual, y consideró que las leyes que regulan el sistema educativo han sido "superadas" y son "incapaces" de responder a las exigencias de formación y especialización "que impone el progreso social".
Por su parte, el secretario general de FETE-UGT, Jesús Ramón Copa, advirtió sobre los riesgos de que la reforma promovida por el Gobierno suponga una ruptura del consenso constitucional y denunció el planteamiento "segregador" que a su juicio subyace en el proyecto de ley. Copa criticó además la existencia de un itinerario "oculto" en el texto y aunque consideró necesario primar los valores del esfuerzo y la disciplina en las aulas estimó que no se debe hacer un texto legislativo basado sólo en esos dos pilares.
El presidente de la federación de enseñanza de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Ricardo Santos, insistió en la necesidad de que la Ley vaya acompañada de una memoria económica y criticó la "potenciación" que a su juicio se hace de la enseñanza privada. Asimismo, defendió algunos aspectos "positivos" de la Ley, entre ellos, la supresión de la promoción automática, los itinerarios, la reválida y los exámenes de septiembre.
También está prevista la comparecencia de representantes de otros sindicatos, así como de asociaciones de estudiantes, del profesorado, y de expertos como Jaume Carbonell, director de "Cuadernos de Pedagogía", o Marta Mata, antigua miembro del Consejo Escolar del Estado, entre otros. También expresarán sus criterios sobre el proyecto de Ley, Francisco Vírseda, secretario general de FSIE, y el representante de la Comisión Permanente Estatal de Directores de Instituto, Vicent Bagetto.
Paralelamente a ello, la titular del MECD ha celebrado una reunión con los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas gestionadas por el Partido Popular. En el transcurso del encuentro abordaron diferentes aspectos del proyecto de Ley de Calidad.