La ley de Calidad inicia su tramitación parlamentaria

Sindicatos y organizaciones de estudiantes convocan huelga y movilizaciones en la enseñanza
El proyecto de ley de Calidad inicia su tramitación parlamentaria el 3 de octubre, día en el que el Congreso de los Diputados debatirá las enmiendas a la totalidad del texto. Mientras tanto, los sindicatos CC.OO, CGT, CIGA FETE-UGT y STEs, y las asociaciones estudiantiles CANAE, FAES y SE, han convocado en contra de esta ley una jornada de huelga general en la enseñanza no universitaria para el próximo 29 de octubre. Por su parte, la titular del MECD, Pilar del Castillo ha afirmado que "no hay ninguna razón para hacer una huelga", y que, ante los temas educativos, hay que mantener una "actitud reflexiva y serena".
Pilar del Castillo se dirige a los miembros de la CONCAPA tras el acto de entrega de firmas
en apoyo de la gratuidad en la etapa infantil 3-6 años. Abajo, responsables de organizaciones sindicales y estudiantiles durante la rueda de prensa. (Fotos: Rafael Martínez)

Madrid. R. CALLEJA / G. GONZALEZ
A juicio de Pilar del Castillo, se pueden formular las opiniones "sin necesidad de hacerlo en la calle", porque hay otros ámbitos para expresarlas de forma más tranquila. La titular de Educación realizó estas declaraciones tras intervenir en la Universidad de Otoño, que organiza el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, donde hizo un repaso a la nueva Ley de Calidad.
Asimismo, respondió a las críticas de las organizaciones sindicales y de estudiantes convocantes de las movilizaciones, reconociendo que "la demagogia me preocupa, más allá de este caso concreto, porque creo que es perniciosa para la democracia".
En sus declaraciones, hizo referencia también al recurso que presentará el PSOE ante el Tribunal Constitucional para exigir la memoria económica de la Ley de Calidad, advirtiendo que "se dejen de agitar banderines y se vaya a lo importante" y reiteró que el gasto será determinado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como lo establece "nuestro sistema de financiación autónomica". Durante su intervención en la Universidad de Otoño, la ministra ha subrayado que "la Ley tendrá la financiación que necesite tener".

Oposición radical

Por su parte, dirigentes de las organizaciones convocantes de la huelga y las movilizaciones han reiterado en rueda de prensa su "oposición radical al proyecto de Ley de Calidad, en su propia raíz y espíritu" y han afirmado que sea trata de "la ley de la derecha más rancia y reaccionaria, de las patronales de la enseñanza concertada y de la iglesia católica". Y la han calificado de "contrarreforma educativa que supone una vuelta atrás, una apuesta por la discriminación del alumnado, y por favorecer y financiar a la escuela privada en detrimento de la pública".
El paro vendrá precedido por una campaña de movilizaciones que comenzarán a primeros de octubre, coincidiendo con el inicio de la discusión de la ley en el Congreso de los Diputados. El rechazo a esta norma ocupará también un lugar destacado en la manifestación que se celebrará el día 5 en Madrid, contra el decreto por el que se han modificado las prestaciones por desempleo (el llamado "decretazo"). Durante todo el mes se promoverán actuaciones informativas en los centros docentes, y diversas medidas de protesta en las distintas comunidades autónomas. "Según la evolución de los acontecimientos", las protestas podrían continuar durante el mes de diciembre, de forma paralela a la tramitación de la ley en el Senado, e incluso tras su más que probable aprobación, pues todas estas organizaciones han anunciado "una batalla de largo recorrido".

Manifiesto

Por otra parte, los máximos responsables del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; de IU, Gaspar Llamazares; de Iniciativa per Cataluña-Verts, Joan Saura; de CC.OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente; de sus federaciones de enseñanza, Fernando Lezcano y Jesús Ramón Copa; de la Confederación de STEs, Augusto Serrano, de la CEAPA, Maite Pina; y de las organizaciones estudiantiles FAEST y SE, Isabel Garnica y Miriam Municio; han presidido la presentación del Manifiesto "Una educación de calidad para todos", con el que dichas organizaciones proponen "un diagnóstico serio de los principales problemas de nuestro sistema educativo". También reclaman "un debate amplio y honesto que ayude a definir las medidas necesarias para poder resolverlos".
Los firmantes del escrito, que cuentan con el apoyo de relevantes personalidades del mundo de la cultura, como el premio Nobel de Literatura José Saramago, afirman que "en lugar de propiciar un auténtico debate abierto y participativo, el Gobierno ha optado por iniciar ya los trámites parlamentarios de la mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación". Y añaden que el Ejecutivo "ha hecho caso omiso a las críticas realizadas por las Comunidades Autónomas, los partidos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa, y se ha limitado a recoger las propuestas de la Conferencia Episcopal y la patronal de la privada".

Calidad para todos

También consideran que la futura ley apuesta por la segregación del alumnado, por expulsar del sistema educativo a los estudiantes con dificultades, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, y por consolidar dos redes de centros: "los centros públicos como red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y los centros privados con capacidad para seleccionar a sus alumnos". Frente a ello reclaman una "educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender".
Todas las organizaciones citadas piden medidas para prevenir el fracaso escolar, "incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde Primaria actividades específicas de apoyo para los alumnos que presentan dificultades, y garantizando en la Secundaria Obligatoria una oferta educativa diversa y no segregadora". Además, creen que hay que reforzar el papel de los centros públicos y dotarles de más autonomía; hay que apoyar la labor del profesorado, favorecer su reconocimiento y mejorar la convivencia en los centros; y hay que invertir más en educación "hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea". En este asentido, acusan al Gobierno de "ocultar la memoria económica de la ley en la que, por lo conocido hasta la fecha, se consignan cantidades ridículas para la mejora de la calidad de la educación, de las cuales aproximadamente el 80% van dedicadas a la enseñanza privada". Y concluyen con una exigencia al Gobierno para que retire el proyecto de Ley de Calidad, y con un llamamiento a la participación "en las acciones que se realicen contra la política educativa del PP".

Intoxicación

Por el contrario, la patronal Educación y Gestión considera que este manifiesto "trata de intoxicar a la opinión pública con argumentos falaces", niega "rotundamente" que el proyecto de ley favorezca a la enseñanza privada, y emplaza a quienes lo afirman a que detallen "los puntos concretos en los que el texto beneficia a esta red educativa complementaria de la pública". Afirma incluso que los artículos 69, 90 y 92 "olvidan a la privada concertada, pues incluyen medidas de apoyo al profesorado y a la función directiva únicamente para la escuela pública, como incentivos económicos, reducción de jornada lectiva, cursos de formación o complementos retributivos para el director aunque deje de serlo".
Educación y Gestión recuerda que el proyecto de ley dice que "todos los centros, públicos y privados, deben ofrecer todos los itinerarios para evitar la segregación de los alumnos. Y pide que en el trámite parlamentario "se garantice al máximo la concertación de la Educación Infantil, se modifique el actual proceso de designación y nombramiento del director en la escuela privada y se clarifique la naturaleza de los conciertos, dando a este sector el mismo trato que en la ley se otorga a la escuela pública en cuestiones que afectan al profesorado o a la función directiva".

Gratuidad en Infantil

Por otra parte, José Manuel Contreras, presidente de la organización de padres CONCAPA, entregó a la titular del MECD 519.438 firmas de padres y madres de toda España, que respaldaban la gratuidad de la Educación Infantil en el tramo de 3 a 6 años. Esta medida, que contempla de Ley de Calidad, pretende dar respuesta a la demanda de las familias españolas de puestos escolares en esta etapa, que tiene un carácter voluntario. Con su puesta en marcha, los padres, independientemente de su nivel de renta, tendrán acceso a una plaza escolar gratuita en este nivel de la enseñanza.
Asimismo, la nueva ley especifica el adelanto del inicio del aprendizaje de lectura y escritura, de las habilidades básicas del razonamiento numérico y del estudio de una lengua extranjera, así como de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

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