En el presente artículo, su autor, tras hacer referencia a la implantación, desarrollo y estado actual de la orientación escolar en nuestro país, expone una serie de consideraciones respecto
al tratamiento que este aspecto del sistema educativo recibe en la futura Ley de Calidad hecho público por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La orientación escolar,
criterio de calidad

José Quintanal Díaz
Doctor en Pedagogía, C.E.S. Don Bosco, Universidad
Complutense de Madrid

ABLAR  a  estas  alturas  de  la

orientación escolar como una necesidad suena más a una obviedad que a la consideración de un derecho que parece, o al menos parecía, consolidado, antes de leer el Documento de Bases de la Ley de Calidad que recientemente ha hecho público el Ministerio de Educación.
Las dos regulaciones legislativas que han tenido vigencia durante las tres décadas que cerraron el siglo, la Ley General de Educación y la LOGSE, nos permitieron una progresiva incorporación de la orientación escolar a la estructura académica, demostrando la presencia real y efectiva que hoy conocemos. Nos resistimos a que la futura ley pueda frenar el avance que hemos conocido, y del que nos sentimos partícipes, máxime cuando abandera un criterio como el de la calidad, que ha de desarrollarse, indefectiblemente, en consonancia con el hecho orientador.
El esfuerzo aplicado por muchos pedagogos y profesionales de la enseñanza al tema le permite hoy gozar de una estructura que, si bien consideramos mínima, básica, elemental, lejos de la estabilización o el anquilosamiento, necesita todavía el estímulo de su desarrollo y de una implicación plena en los procesos educacionales que la ley arbitra. Precisamente nuestro país resulta para otros muchos una referencia clara sobre el modelo a instaurar. Veamos algunas de sus características más sobresalientes:
En primer lugar podemos referirnos a él como un modelo institucionalizado, que toma en consideración el desarrollo del individuo y su adecuada satisfacción de necesidades, combinando la intervención personalizada con el desarrollo grupal de programas, bajo el modelo que Rodríguez Espinar identifica en su clasificación como de "servicios actuando por programas".
En segundo lugar destaca la aceptada complementariedad del sistema al contemplar una triple actuación: en el aula, a cargo de los tutores; en el centro, mediante los Departamentos de Orientación; y en el Sector, coordinando el trabajo aportado por los distintos Equipos Psicopedagógicos. Al menos en Secundaria, asistimos a una progresiva integración de todas estas funciones en el correspondiente marco educativo de los centros, por lo que era de esperar que la nueva ley permitiera ya un avance y se implantara la presencia real de los estamentos orientadores en las etapas de Infantil y Primaria, tan necesitadas de un Departamento específico como sus homóloga de Secundaria.

Profesionales cualificados

Además, contamos con profesionales cualificados para resolverlo. Ya son varias las promociones de psicopedagogos que han culminado un proceso de formación de nivel superior, que los capacita no sólo para asumir cuantas funciones parecen atribuírseles en el sistema escolar, sino que también son capaces de depararnos un avance significativo del mismo, haciendo que esa calificación de "calidad" que se le hace a la ley, y que parece un eufemismo, se convierta en una realidad, no por sus matices evaluadores ni dependiendo de calificaciones criteriales, sino desde la implementación efectiva de recursos que aporten excelencia al propio proceso educativo.
No podemos permitirnos dar un solo paso atrás. Muy al contrario, el empeño y el esfuerzo puesto por generaciones de educadores ha de desembocar en un sistema estructurado que aproveche los logros confirmados para aplicarles un estimulante empujoncito de mejora. Como sucede con la orientación.
Hablamos de una necesidad que progresivamente se integra con carácter propedéutico, asumiendo las funciones de prevención, desarrollo e intervención que satisface todas las necesidades educativas y enriquece los procesos de enseñanza. Un análisis detallado del Documento de Bases de la Ley de Calidad nos descubre que en él subyace esta consideración. Una lectura rápida del mismo nos confirma que en él subyace esta consideración, y que el legislador ha dado por hecho que el servicio de orientación está ahí presente. Luego, contando con su existencia, obvia toda explicitación posterior. No obstante, la entendemos necesaria, pues el articulado tal y como está, apenas trasluce unas leves pinceladas al respecto. Veámoslo: en el Preámbulo del anteproyecto aparecen unas referencias mínimas:
Apartado: Titulaciones de prestigio: la cultura de la evaluación. Se refiere a la orientación como un recurso que le facilitará al alumno de secundaria la posibilidad de "reconducir el proyecto educativo personalmente elegido".
Apartado: Un reto a la sociedad: el prestigio del profesorado. Señala la necesaria definición de las funciones del profesorado, valorando la importancia que presenta su formación. Queremos entender de este párrafo y de lo recogido en el apartado que se titula La futura ley: un sistema educativo con oportunidades de calidad para todos que la función docente trasciende la simple tarea formativa para pensar en una tutorización específica del alumnado.

Documento de Bases

El Documento de Bases de la ley continúa con el proyecto de lo que será el articulado de su contenido, en el que se hace la siguiente referencia al servicio de orientación:

  • Capítulo1 : Educación Secundaria. Apartado a) Educación Secundaria Obligatoria. Cursos Primero y Segundo. La Junta de Evaluación aparece asesorada por el Departamento de Orientación, a la hora de decidir qué alumnos han de constituir grupos de refuerzo educativo.
  • Cursos Tercero y Cuarto. Se le atribuye al Equipo de Evaluación (antes se refería a él como Junta, ahora incomprensiblemente cambia la denominación), la responsabilidad de emitir un Informe de Orientación Escolar (IOE), al que por otra parte no parece atribuirle gran valor (pensemos que está elaborado por un profesional, formado en la universidad específicamente para ello), convirtiéndolo en una simple referencia, supeditada al criterio de quien siendo neófito en el tema (padres y alumnos), ha de tomar la decisión final sobre el itinerario a seguir. Informe que volverán a recibir, bajo la misma consideración, acompañando su Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  • Una última referencia se hace al tema. Para localizarla tendríamos que ir al Capítulo 5: Función docente y carrera profesional donde se refiere a las funciones del profesorado, entre las cuales explicita "la labor de tutoría de los alumnos" y su "cooperación con los servicios de orientación académica y profesional del centro".

De todo ello extraemos algunas conclusiones que parecen evidenciar el estatus que alcanzará la orientación en la futura ley:

1º - El reconocimiento de la función tutorial, inherente a la responsabilidad docente del profesorado.

2º - La existencia de un servicio de orientación (académica y profesional) integrado en el Centro, participando de su actividad escolar.

3º - La necesidad de la orientación como aval que garantice las decisiones académicas que determinan el itinerario de los alumnos.

Lo que nos confirma que la orientación aparece subyacente como un criterio de calidad del sistema, participando de forma integrada de él y respondiendo a las funciones de coordinación, apoyo, orientación y desarrollo de los procesos educativos. Además, una ley que enfatiza los procesos evaluadores, necesita un sistema de compensación que le permita canalizar la satisfacción de las necesidades que emanen del propio ejercicio evaluador. Pero luego, no lo encontramos explicitado en el texto.

Carencias

Resultan evidentes las carencias que el Documento de Bases presenta al respecto, las cuales en nuestra opinión habrían de compensarse con referencias a la institucionalización de la orientación que arbitren su estructuración. Esta misma reflexión parece oportuna, por lo que reclamamos una revisión del contenido de la ley, fruto de la cual se puedan introducir algunas consideraciones de importancia:
En primer lugar, sería necesario institucionalizar la presencia de la orientación en el mismo Preámbulo, como un recurso educativo que participa de un modo integrado del sistema y que contribuye a optimizar los procesos que en él se llevan a efecto.
Además, se requeriría explicitar el reconocimiento de la orientación como un criterio de calidad, uno más de los que aparecen contemplados en el capítulo 1: Sobre la calidad de la educación, ya que es un principio que garantiza el adecuado desarrollo del sistema, que trasciende los procesos de enseñanza para buscar su máximo exponente en la satisfacción de necesidades de todos sus componentes.
La estructuración de un modelo de orientación que, basándose en los principios de prevención, desarrollo e intervención a los que ya se ha hecho referencia anteriormente, pueda brindar un servicio apropiado que intervenga mediante programas específicos de desarrollo. Un análisis detallado de necesidades nos permite sugerir la importancia que en estos momentos tiene superar y mejorar la ya lograda presencia real de la orientación en la escuela, confiriéndole una estructura departamental en todas las etapas educativas. De este modo, se complementaría la identidad tutorial que el anteproyecto de ley atribuye al profesorado con un adecuado sistema de intervención, respondiendo así a la atención personalizada que hoy en día precisa el alumnado.
Los estudios más recientes convergen en determinar la necesidad (imperiosa), de implantar una estructura básica de orientación en las etapas de Infantil y Primaria, desde las que se refuerce y operativice toda la acción tutorial. Al respecto, los capítulos cinco, seis y siete del Documento de Bases, tendrían que recoger la definición estructural de distintos estamentos educativos, uno de los cuales sería, por mérito propio, el de la orientación escolar.
Además, habría que incluir una identificación clara de funciones, que operativicen los objetivos educativos de cada una de las etapas, en cuanto a la configuración plena de la personalidad del sujeto, su autonomía y su formación, fines intrínsecos que caracterizan la propia educación.
Y por último, la consideración profesional que tantos especialistas están demostrando, y aún habrán de demostrar, en el marco estatutario de esta ley, ampliando de este modo la acción educativa más allá del reducido ámbito docente y atribuyendo carta de identidad a un estamento (el orientador) que desde la funcionalidad de su actuación, tan importante contribución es capaz de hacer a nuestra escuela.
Con todo lo cual, esperamos haber contribuido, desde una perspectiva constructivista, a conferir una idea de educación que responda con autenticidad a ese criterio de "calidad" que pretende caracterizarlo.

 

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