Madrid. ROSAURA CALLEJA
Pilar del Castillo negó que desde su Departamento se transmita una visión catastrofista de la educación, como le habían reprochado los grupos de la oposición, durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, sino que reconoce "los avances del sistema educativo durante los últimos años".
Para la ministra resulta muy difícil avanzar en el diálogo si la oposición utiliza argumentos como que la finalidad del Gobierno es "excluir a niños que tienen dificultades, especialmente, si son pobres".
Seguidamente, expresó que el contenido del anteproyecto de ley parte de la "constatación de que existen problemas en el sistema" y que las reformas van encaminadas a que el "sistema pueda rendir de la mejor manera posible".
A su juicio, "uno de los problemas del sistema es, paradójicamente, que no cree en la diversidad", sino que propicia que todos los alumnos obtengan los mismos resultados.
En esta línea, continuó afirmando que en el sistema educativo actual el valor del esfuerzo en el aprendizaje es "periférico" y que se debe reincorporar el esfuerzo, pero "adecuado a la edad y a los objetivos".

Gasto educativo

En respuesta a Carme Chacón del grupo Socialista, quien reveló que el gasto en educación había descendido del 4,9% al 4,4 del PIB durante la gestión del Partido Popular, la ministra subrayó que en 1993 el presupuesto era de 3 billones de pesetas, mientras que en 2001 ascendía a 4 billones, en consecuencia el incremento había sido de más de 700.000 millones de pesetas, teniendo en cuenta la evolución de la inflación y del PIB.
Ante las preguntas que formularon los distintos grupos parlamentarios sobre la dotación presupuestaria prevista para el desarrollo de la nueva ley, Pilar del Castillo reiteró que mientras el MECD no haga pública la memoria económica, no tendría en consideración las cifras que estos grupos aportaban.
Por lo que se refiere a los itinerarios que establece la ley, recordó que el "grueso de materias es común", pero hizo hincapié en que "las motivaciones e intereses de los alumnos tengan una atención específica" y que son "voluntarios e intercambiables". En cuanto al currículum, señaló que los decretos de enseñanzas mínimas que establecen los contenidos no experimentarían cambios, salvo "modificaciones secundarias".

Prueba de Bachillerato

Asimismo, defendió la Prueba General de Bachillerato, que es equiparable a los exámenes que ya se realizan en distintos países europeos. En este aspecto, declaró que será necesario superar esta prueba para acceder a la Formación Profesional del grado superior.
En su intervención, calificó de "sustantivo" para la calidad, el refuerzo de la función directiva, además para la ministra es "fundamental" que el director y su equipo cuenten con recursos competenciales para gestionar el centro, pero que "no es contradictoria la participación". "Las administraciones educativas deben tener su papel, junto con el claustro y el consejo escolar", concluyó.

Consejo Escolar del Estado

Por otra parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado, celebrado la pasada semana, aprobó el dictamen de la Comisión Permanente al anteproyecto de Ley de Calidad, por mayoría absoluta con 43 votos a favor.
En su informe sobre el anteproyecto de Ley, propone que la carrera de Magisterio se convierta en una licenciatura, el reconocimiento de la antigüedad de los profesores interinos y los de Religión en la enseñanza pública y la mejora económica y profesional de los docentes que desempeñan labores de tutoría.
Este órgano consultivo también recomienda que se formulen tres vías de acceso a la FP de grado superior: desde el Bachillerato con la PGB aprobada; desde este mismo nivel, pero con una prueba específica; y a través de un curso-puente desde la FP de grado medio. Asimismo, se muestra partidario de que los centros impartan todos los itinerarios que establece la nueva normativa.
No obstante, los representantes de los sindicatos CCOO, FETE-UGT, STE's y CIGA, de la confederación de padres CEAPA, de asociaciones de alumnos CANAE y Sindicato de Estudiantes habían abandonado el Pleno por calificar de "antidemocrática" la actitud de Alfredo Mayorga, presidente del Consejo Escolar del Estado, quien, a su juicio, obstaculizó el debate de sus propuestas alternativas.
Asimismo, Marta Mata, representante de los Movimientos de Renovación Pedagógica y miembro del Consejo Escolar del Estado en calidad de "personalidad de reconocido prestigio", manifestó su protesta presentando la dimisión como consejera.