Madrid. ROSAURA CALLEJA
La Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional, que ha sido aprobada en el Senado con 126 votos a favor y 63 en contra, "es la primera que con carácter exclusivo regula las enseñanzas de FP", según manifestó Pilar del Castillo, quien destacó que cuenta con el "apoyo inequívoco de los agentes sociales y de la mayoría de las comunidades autónomas".
Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales han elaborado conjuntamente esta norma legal, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La Ley contempla la creación de un Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, con la finalidad de relacionar directamente la formación con el empleo. Por una parte, el Catálogo de Cualificaciones Profesionales incluirá las titulaciones que requiere el mercado de trabajo y, por otra, el Catálogo Modular de FP recogerá los módulos de formación necesarios para obtener esas cualificaciones.

Participación empresarial

Otro de los aspectos relevantes de esta normativa es la colaboración con el mundo empresarial, para garantizar mejor formación y más posibilidades de empleo. Esta cooperación se llevará a cabo con la identificación de las cualificaciones necesarias en el mercado, la definición de la formación necesaria y las estancias en empresas de alumnos y profesores, además de la participación de profesionales cualificados que contribuyan al proceso de aprendizaje.
Para favorecer la movilidad de estudiantes y trabajadores, las cualificaciones tendrán los efectos establecidos en las Directivas Europeas, por lo que el sistema de FP será homologable con la UE.
Con el desarrollo de esta norma, se integrarán los tres subsistemas de Formación Profesional: inicial o reglada; que impartían las administraciones educativas; ocupacional, dirigida a los desempleados; y continua, para actualizar la formación de los trabajadores y que organizaban los agentes sociales. En palabras de la titular del MECD", esta norma "hará realidad el principio de formación a lo largo de la vida, que garantizará la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, el progreso y la cohesión social".

Grupos desfavorecidos

Para los mayores de 45 años, las mujeres, trabajadores temporales, autónomos o con bajos niveles de cualificación y agrarios, que constituyen grupos con especial dificultad de integración laboral, las administraciones diseñarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades.
En su intervención ante el pleno del Senado, la ministra aludió a los centros integrados de FP, que posibilitarán la integración de las tres ofertas de FP y constituirán un referente para las empresas de su entorno.
Una de las novedades que introduce esta norma legal es el reconocimiento de la experiencia laboral o de aprendizajes no formales, a través del Catálogo de Cualificaciones que especificará los conocimientos requeridos para cada puesto de trabajo.
Por otra parte, determina los ámbitos de participación de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas y de los agentes sociales en el Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones.

Información y orientación

Este texto recoge la creación de un Sistema de Información y Orientación, para que trabajadores, empresarios, estudiantes y familias conozcan las cualificaciones profesionales que demanda el mercado de trabajo y los centros que imparten la formación correspondiente, además de las ofertas de empleo y la movilidad profesional.
Para garantizar la calidad del sistema de Formación Profesional y Cualificaciones y que se adecue de forma permanente a las necesidades del mercado laboral, se establece un sistema de evaluación y calidad externa, que realizará los ajustes necesarios para mantener la eficiencia y credibilidad del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Ante las críticas de los grupos de la oposición, que argumentan la falta de financiación para la puesta en marcha de esta ley, Pilar del Castillo subrayó que la dotación que se destina a la Formación Profesional alcanza más de cuatro mil millones de euros (unos 670.000 millones de pesetas), que aportan las diferentes administraciones y los fondos comunitarios.