CC.OO quiere convocar en otoño una huelga general en la enseñanza
contra la ley de Calidad


Mientras PSOE e IU califican la norma de "segregadora", organizaciones con CECE, FERE y Educación y Gestión valoran positivamente los objetivos del anteproyecto


El sindicato CC.OO considera que el antreproyecto de ley de Calidad presentado por el Gobierno es "un ataque frontal a la enseñanza pública", por lo que amenaza con una huelga general en la enseñanza el próximo otoño, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la norma. Por su parte, PSOE, IU y CEAPA califican la futura ley de "segregadora", mientras que organizaciones como FERE, CECE y Educación y Gestión valoran positivamente el contenido del articulado.


Madrid.
La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, estima que la única modificación del borrador se ha introducido para asumir las peticiones de la Conferencia Episcopal y la escuela privada, mediante la extensión de conciertos al tramo de Educación Infantil. Chacón lamenta además que "los alumnos que repitan más de dos veces durante los diez años de educación obligatoria no obtengan el Título de Educación Secundaria", que se concede una vez finalizada la ESO y es "imprescindible para acceder a un trabajo digno". Los socialistas han anunciado que están dispuestos a movilizarse si el Gobierno no modifica aspectos relevantes del proyecto.
En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, para quien más que una Ley de Calidad, el proyecto del Ejecutivo es una "ley de cantidad", por los beneficios que reportará a la enseñanza privada, "y de caridad" para la jerarquía católica. Llamazares califica la norma de "segregadora, regresiva y clasista", y ve indicios de ilegalidad en las concesiones a la Iglesia Católica, "inadmisibles" en un estado aconfesional. "No descartamos volver a los tribunales si se confirma que vulnera la ley", aseguró.

Llamamiento a la huelga

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO ha propuesto al resto de los sindicatos y a las asociaciones estudiantiles y de padres, la convocatoria de una huelga general en la enseñanza para el primer trimestre del próximo curso, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la Ley. El secretario general de esta organización, Fernando Lezcano, ha justificado esta decisión por "el desprecio con el que ha tratado la administración educativa a los marcos de participación institucional" y porque, en su opinión, el proyecto es "un ataque frontal a la enseñanza pública" y supone igualmente una "instrumentalización de los problemas reales del sistema educativo para, de paso, satisfacer las reivindicaciones de los sectores votantes del PP". Lezcano ha se ha referido a "las inadmisibles concesiones del Ministerio a los sectores eclesiásticos y empresariales de la enseñanza privada", al introducir en el proyecto como "nuevos pilares de la Ley" dos elementos que estaban ausentes en el Documento de Bases. Se trata de "la financiación del segundo ciclo de la Educación Infantil, y la regulación de la enseñanza religiosa al capricho de la Conferencia Episcopal". Ha añadido que "se discrimina a los alumnos por medio de los criterios de admisión, se deja abierta la posibilidad de que los itinerarios no sean impartidos por igual en todos los centros, y se apuesta por la financiación de niveles no obligatorios, con el peligro de que los centros públicos se conviertan en subsidiarios de la red concertada". Por último, cree que el MECD plantea una "Ley revanchista, partidista y concebida para los suyos, que producirá una mayor segregación y exclusión de los alumnos más desfavorecidos socialmente y con necesidades educativas especiales". Y echa en falta medidas para financiar las reformas que se proponen.

Rechazos

Hasta el momento, el PSOE ha anunciado que participará en todas las movilizaciones que se convoquen contra la ley de Calidad, mientras que la Federación de Enseñanza de la UGT (FETE-UGT) no descarta tomar parte en una huelga contra dicha ley, pero "siempre que se convoque "de forma unitaria y cuente con el máximo consenso de la comunidad educativa", según ha manifestado su secretario general, Jesús Ramón Copa. Para esta organización el proyecto ministerial "no es el resultado final de ninguna negociación ni soluciona los problemas de la educación en nuestro país". Según FETE el texto incluye medidas que "empeoran gravemente" las condiciones laborales del profesorado, y "hay una calculada ambigüedad en temas como la concertación de la Educación Infantil, los criterios de admisión de alumnos, la especialización curricular de los centros, etc.". También considera que "la ESO se confirma como una etapa de segregación y selección del alumnado y se refuerza el autoritarismo y la jerarquización", y afirma que "el Gobierno se ha arrodillado ante la Conferencia Episcopal respecto a la religión y su alternativa".
La Confederación de STEs ha difundido un comunicado en el que denuncia que "el MECD ha elaborado este proyecto al margen de las organizaciones que representan los intereses generales de la comunidad educativa", y afirma que "las novedades introducidas con respecto al Documento de Bases no hacen sino empeorar lo que era de por sí difícilmente empeorable". Añade que "con este borrador el Gobierno completa el círculo de la contrarreforma privatizadora iniciada con la LOU y proseguida con la Ley de FP". Y valora muy negativamente aspectos como "la concertación de una etapa no obligatoria como la Infantil, cuyo carácter será ahora asistencial y no educativo; la introducción de itinerarios que condicionarán el futuro del alumnado en función de sus condiciones socioeconómicas, y de otros obstáculos como la revalidada o la modificación del sistema de repeticiones"; la regulación de la asignatura de Religión, o el recorte de competencias de los consejos escolares.
Por contra, la Federación de Enseñanza de USO realiza una "valoración general positiva" del documento, que "aporta soluciones para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y la igualdad de oportunidades, y deja de marginar a los centros concertados a la hora de acceder a la financiación de la Educación Infantil". Además, apoya la creación de itinerarios en el segundo ciclo de la ESO, que se adelante a los 15 años la entrada a los programas de Iniciación Profesional, "y que esos programas incluyan módulos asociados al Catálogo Nacional de Cualificaciones". Pero solicita "una urgente actualización de los presupuestos destinados a los conciertos educativos, tras años de progresiva pérdida del poder adquisitivo". Por su parte, el sindicato ANPE está de acuerdo con la implantación de itinerarios y el resto de las modificaciones académicas, pero reclama mayor debate sobre las condiciones laborales del profesorado y la gestión interna de los centros.

Planteamiento positivo

Mientras la CECE considera" positivo el planteamiento que hace el anteproyecto de una red dual pública-privada, que toma en cuenta las características de ambos colectivos", y se muestra de acuerdo" con la casi totalidad de los enfoques y soluciones adoptados". Sin embargo, echa en falta una memoria económica que garantice la ejecución de la Ley, pide que se concrete por escrito la gratuidad de la Educación Infantil, y solicita que "se elimine como requisito para el acceso a los ciclos de Grado Superior el haber aprobado la Prueba General de Bachillerato".
La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ha valorado positivamente los objetivos y las reformas pedagógicas que plantea la ley de Calidad, teniendo en cuenta que, según sus datos, alumnos, profesores, padres y directivos de centros, han apoyado sus puntos más destacados, como el establecimiento de una Prueba General de Bachillerato (50%), la organización de distintos itinerarios formativos (78%) y el fin de la promoción automática (93%). Además, la FERE acoge "favorablemente" la decisión de que la Educación Infantil (3 a 6 años) sea gratuita, "dada la elevada demanda social de la misma", si bien, a su juicio, "es preciso mantener la cautela puesto que el anteproyecto de ley no garantiza la concertación", tal y como demanda la Federación.
La patronal Educación y Gestión califica de "serio y coherente" el anteproyecto de ley de calidad de la enseñanza, aunque opina que "no queda resuelta" del todo la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil. También destacan como positivo el establecimiento de la "figura de carácter propio del centro" educativo, de forma que no se podrá obligar a un padre a que lleve a su hijo a un colegio con un ideario que no acepta.

Privatizador

Por su parte, tanto el Sindicato de Estudiantes como la CEAPA han calificado de "segregador, privatizador, elitista, injusto e insolidario" el proyecto y han reafirmado su voluntad de convocar una huelga general de enseñanza. El Sindicato de Estudiantes se muestra favorable a la convocatoria de huelga general en la enseñanza planteada por CC.OO. Para la secretaria general del Sindicato, Míriam Municio, los itinerarios previstos en Secundaria "son una forma de expulsar a los estudiantes con menos posibilidades". En su opinión, el proyecto se ha "plegado a la patronal de la enseñanza y a la jerarquía católica", por lo que defendió una enseñanza laica ya que el estado "no debe financiar ningún tipo de enseñanza religiosa". La presidenta de CEAPA, Eulalia Vaquero, considera que esta ley acabará con la democracia participativa en los centros por el "golpe mortal" que asesta a la participación de todos los sectores en los consejos escolares.

 

arriba