El Congreso aprueba el proyecto de Ley de Formación Profesional

El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones, con el apoyo del PP y de Coalición Canaria. Este texto, al que se han incorporado treinta enmiendas parciales, ha sido remitido al Senado para su debate.
Pilar del Castillo en un momento de su intervención en el pleno del Congreso. (Foto: EFE)

Madrid R.C.
Tras su aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones se remite al Senado para su debate. Este texto, respaldado por el Partido Popular y Coalición Canaria, incorpora treinta enmiendas parciales (19 de la oposición y 11 del PP) de las 250 presentadas.
Para Pilar del Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deporte, las diferencias de los grupos nacionalistas con el texto se atribuyen a una "distinta interpretación de donde residen las competencias", al tratarse de una norma que contempla aspectos educativos y laborales. No obstante, subrayó que el proyecto deja muy claro" el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades y que el Gobierno considera que "la Constitución es taxativa". "Entendemos que si hay un mercado único de trabajo tiene que haber un solo sistema de cualificaciones profesionales, sin menoscabo de las adaptaciones de las administraciones", puntualizó la ministra, quien calificó de "extraordinario" el respaldo social que esta nueva normativa ha suscitado y el apoyo del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social que han emitido un informe favorable.

Críticas de la oposición

En este sentido, se había manifestado el diputado de CIU Ignasi Guardans afirmando que "la ley es anticonstitucional". A su juicio, el Gobierno se atribuye competencias en materia de evaluación y acreditación de la FP o en la designación de los directores de los centros y reiteró que la posibilidad de presentar la futura ley al Tribunal Constitucional.
A pesar de apoyar la normativa, María del Mar Julios, de Coalición Canaria, resaltó la necesidad de adecuar la formación a los cambios sociales con la introducción de las nuevas tecnologías.
Por su parte, la portavoz socialista Amparo Valcarce reclamó al Ejecutivo un esfuerzo económico para cumplir la estrategia que los miembros de la UE se fijaron en Lisboa y que se incrementen, durante los próximos cuatro años, las partidas destinadas a la FP para alcanzar la media de gasto comunitario.
De "centralista" calificó el portavoz de IU a la nueva norma e insistió en la ausencia de diálogo durante su tramitación. Luis Carlos Rejón solicitó una financiación fija desde los Presupuestos Generales del Estado.
En su intervención, José Eugenio Azpiroz, representante del PP, constató que su grupo ha hecho un "esfuerzo de acercamiento" a los diferentes grupos parlamentarios y señaló que se han introducido más del 10% de las enmiendas presentadas. Por último, no descartó que se incorporen más propuestas durante el debate en el Senado, entre ellas una que permitirá a las comunidades autónomas participar en la composición y funciones de los centros integrados de FP.


El texto incorpora treinta enmiendas de las 250 presentadas, antes de ser remitida al Senado