Madrid.
El traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas han incrementado las diferencias territoriales teniendo en cuenta la tasa de escolarización y el volumen de gasto público por alumno, según el informe "España 2002. Una interpretación de su realidad social", presentado recientemente por la  Fundación  Encuentro.  El  informe,

de carácter anual, analiza en esta edición cuestiones como la irrupción de las nuevas tecnologías, la evolución del empleo, la familia, la convergencia autonómica y dedica un extenso capítulo a la educación bajo el epígrafe "Descentralización de la Educación en el Estado autonómico".
El catedrático de Historia de la Educación de la UNED, Manuel de Puelles, uno de los redactores del informe y autor del mencionado capítulo, subrayó en su presentación que estas disparidades regionales se observan especialmente en el ámbito de la Educación Infantil y la Educación Secundaria postobligatoria, concretamente en el Bachillerato y en la FP. En su opinión, la corrección de estas desigualdades debe ser abordada por un órgano de carácter supranacional bajo competencia del Estado, que garantice la igualdad básica.
Según el informe, si se observa la tasa bruta de escolaridad en los niveles educativos no obligatorios por comunidades, perviven tres grupos claramente diferenciados. Canarias, con un notable esfuerzo inversor, asciende al grupo de la España alfabetizada; donde también mejoran Aragón y Galicia. En el grupo medio avanzan Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Sin embargo, empeora la Comunidad Valenciana, que con Andalucía queda por debajo de la media. "Desde hace al menos un siglo, se sigue reproduciendo en el mapa educativo una línea imaginaria que, desde Extremadura hasta la Comunidad Valenciana, señala el desnivel norte y sur", apunta el estudio.

Educación Infantil

Por otra parte se destaca el crecimiento de la Educación Infantil pero con desequilibrios regionales. Así, en el tramo de 3 a 5 años, la tasa bruta de escolarización se ha incrementado 26 puntos: de 66,1 en 1984 a un 92,5 ya en 1998. Por ejemplo, Canarias ha pasado de una tasa de 58,5% a otra del 94,7%, un avance de 36,2 puntos; Extremadura ha ascendido 29,5 puntos; Andalucía, más de 29 puntos; Castilla-La Mancha, 28 puntos; y el mayor incremento se produce en Asturias con 39,5 puntos. A pesar de ello el informe considera que persisten grandes diferencias entre las comunidades en un tramo tan decisivo: 16,8 puntos separan al País Vasco de Andalucía. Asimismo se constata un déficit de plazas públicas en la primera etapa de Infantil (0-3 años). En 1998, entre los niños de 0 a 2 años que estaban escolarizados, el 43,8% asistía a centros públicos y el 56,2% a centros privados. Las diferencias regionales siguen siendo muy grandes, ya que hay comunidades donde no hay oferta pública y las familias tienen que cubrir el gasto.
También existen diferencias de casi 30 puntos en la Secundaria postobligatoria: en Bachillerato y Formación Profesional hemos avanzado nueve puntos en la escolarización, del 58% en 1984 al 66,8% en 1998. "En este tramo -señala el informe- tan decisivo para desarrollar capacidades y competencias" hay 28,2 puntos de diferencia entre el País Vasco (81%) y Baleares (52,8%), que con Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía queda muy por debajo de la media.

Gasto en educación

Por otro lado, siempre según el informe de la Fundación Encuentro, la inversión pública en educación disminuye en vez de crecer. El gasto global en educación (el público más el privado a cargo de las familias) supuso en 1997 el 5,7% del PIB, mientras que la media de la OCDE estaba en el 6,1%. Según los últimos datos facilitados por la OCDE para 1998, el gasto global baja en España al 5,3 % y el gasto público hasta el 4,4%.
Se hace referencia al último informe del Consejo Escolar del Estado, el del curso 1999/00, que cifra el gasto público en el 4,5% del PIB, y subraya que "en pesetas del 2000 gastamos casi medio billón menos que en 1993". Por otro lado, el gasto público en educación escolar por alumno –descontando la enseñanza superior y universitaria- fue en 1998 de 339.609 pesetas. A la cabeza, Navarra con 491.561 pesetas por alumno y año, seguida de cerca por el País Vasco (479.420) y a cierta distancia por Canarias (390.733), Galicia (384.076) y la media de las comunidades gestionadas por el Ministerio de Educación (365.405). Por debajo de la media quedan la Comunidad Valenciana (297.020), Cataluña (294.791) y Andalucía (278.728) en último lugar.
El estudio de la Fundación Encuentro también considera preocupante que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) apenas haya sufrido cambios importantes durante el proceso autonómico y resalta la resistencia de la Administración central a reducir sus espacios de poder. Al mismo tiempo se afirma que organismos como la Conferencias Sectorial de Educación, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y el Consejo Escolar del Estado deben acometer una profunda revisión para hacer frente a la descentralización educativa.

Reforma

Por otro lado, Puelles también se refirió a la reforma de la enseñanza prevista en la futura Ley de Calidad, que calificó de "sumamente compleja" y que "deberá ser ejecutada por las Comunidades Autónomas". "No podremos garantizar la continuidad de la reforma escolar si la política del Gobierno no se convierte en una política de Estado y la Educación se convierte en un asunto de Estado y objeto también de un Pacto de Estado", añadió. Desde su punto de vista, la Ley de Calidad debe ser pactada por todos los partidos parlamentarios pero también con las Comunidades Autónomas, que son las administraciones que la ejecutarán, y con el consenso de la comunidad escolar, es decir, que la reforma también necesita un Pacto Social.