El Congreso rechaza las
enmiendas al proyecto de Ley de FP

La cooperación entre formación y mercado laboral, principio fundamental de la nueva normativa
"Este proyecto de ley abre una nueva etapa", señaló la
ministra en su presentación del proyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones, ante el Pleno del Congreso del pasado 14 de marzo, que rechazó las nueve enmiendas de la oposición.
Según dijo la ministra, a través de los Centros Integrados se producirá una "real interconexión" entre los subsistemas de la FP. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. R.C.
En su intervención, Pilar del Castillo constató el aumento del prestigio social de la formación profesional, aunque reconoció que "aún estamos lejos de los índices que estos estudios presentan en los principales países de la UE". Ese reconocimiento social de la FP, lo atribuye a "la regulación de 139 titulaciones, un notable incremento cualitativo y cuantitativo de medios y recursos materiales, un buen profesorado y más amplias expectativas en el mercado laboral". Seguidamente, afirmó que "un 67% de los estudiantes accede a un empleo cualificado en un plazo inferior a los seis meses desde la finalización de sus estudios".
La titular del MECD indicó que el sistema educativo tiene que considerar los profundos cambios en los sectores de producción y servicios, la evolución demográfica y el aumento de la inmigración.
A su juicio, con esta reforma se pretende coordinar la FP con las políticas activas de empleo, promover la formación a lo largo de la vida, garantizar la validez y transparencia de la formación adquirida a través de cualquier vía y facilitar la libre circulación de los trabajadores.

Centros Integrados

La ministra puso de manifiesto que, a través de los Centros Integrados de Formación Profesional, se producirá una "real interconexión" entre los subsistemas de la FP y puntualizó que mantendrán relaciones con empresas y agentes sociales, gestionarán recursos y medios adecuados a la complejidad y flexibilidad de los distintos tipos de formación que impartan y a la variedad de los destinatarios, entre los que se encuentran alumnos en edad escolar, trabajadores ocupados y desempleados.
Por su parte, los partidos de la oposición, que presentaron cuatro enmiendas de devolución al Gobierno y cinco enmiendas a la totalidad, con texto alternativo al proyecto de Ley, coincidieron en criticar la falta de financiación y la invasión de competencias autonómicas.
En este sentido, Amparo Valcarce, portavoz de Educación del PSOE, criticó tanto el procedimiento previo de elaboración de la Ley, "porque ha habido debate pero no acuerdo", como la falta de un diagnóstico previo. Además, apuntó la necesidad de un Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la FP, a través de una Agencia Nacional, con participación de los gobiernos autonómicos, agentes sociales y ayuntamientos.
A pesar de que IU reconoció que este proyecto tiene un "cierto consenso" con los agentes sociales, su portavoz, Marisa Castro, hizo referencia a la inexistencia de un tratamiento de las condiciones laborales de los docentes.
Para Ignasi Guardans de CIU, esta nueva normativa "ignora el reparto competencial" y solicitó que el Catálogo Nacional de las Cualificaciones recoja las propuestas de las comunidades autónomas en función de sus sistemas productivos.

 

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