Madrid. ROSAURA CALLEJA
El capítulo 4 del documento de bases para una Ley de Calidad de la Educación está dedicado a la organización y dirección de los centros docentes públicos. En él se establece el calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas competentes, y que comprenderá un mínimo de 175 días de clase por año académico. En este aspecto, el último informe del Consejo Escolar del Estado manifestaba "su preocupación por el desequilibrio que empezaba a producirse entre unas comunidades y otras".
En cuanto a los centros docentes y su organización, este apartado del documento actualiza la denominación de los centros públicos que pasan a designarse Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria e Institutos de Formación Profesional.
Por otra parte, los órganos de gobierno de los centros docentes públicos estarán constituidos por director, jefe de estudios y secretario y los órganos colegiados de participación en el control y gestión serán el claustro y el consejo escolar.

Autonomía de los centros

De este documento se desprende que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica, "como medio necesario para la mejora continua de la calidad". Esta autonomía permitirá que en los centros se ofrezcan proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados ámbitos del currículo: lingüístico, humanístico, científico, artístico y las tecnologías de la información y la comunicación.
Por su parte, las administraciones educativas, en función de sus disponibilidades presupuestarias, facilitarán la contratación de personal cualificado para la gestión económica, así como de personal de apoyo con funciones no docentes, que ayuden a mejorar el clima de convivencia, de especialistas en la gestión de las bibliotecas escolares y para el mantenimiento de los equipos informáticos.
El Consejo Escolar del Estado solicitaba, en el informe citado, a las administraciones educativas que "establecieran un marco jurídico que mejore la gobernabilidad de los centros, que destinaran medios y recursos necesarios para fomentar la convivencia y que establecieran mecanismos para una mayor implicación de las familias y los distintos sectores educativos".

Libros de texto

La nueva Ley, según el documento de bases, garantiza que los equipos de profesores tendrán autonomía para elegir los libros de texto y materiales curriculares de cada ciclo o curso, y en cada área, asignatura y módulo. Además, estos materiales no necesitarán autorización administrativa previa, pero deberán respetar los principios de la Constitución Española. Así como, considerarán las exigencias establecidas en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y en los currículos correspondientes a las comunidades autónomas.
Este apartado determina los criterios generales para la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos: la renta anual per cápita de la unidad familiar, la existencia de hermanos en el centro y la proximidad del domicilio.
Según datos facilitados por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, el 61% de los centros de Primaria y el 64% de Secundaria no presentan candidaturas a director, por lo que la Administración procede a su nombramiento, y que sólo en España y Portugal la elección del director se realiza por el Consejo Escolar.
Estas mismas fuentes revelan que, en general, a los profesores "no les compensa presentarse a la dirección de un centro, por falta de motivación, de preparación, de vocación y de incentivos profesionales".

Función directiva

Con la puesta en marcha de la nueva normativa, el acceso a la función directiva se regirá por los principios de publicidad, mérito y capacidad. Las administraciones educativas anualmente convocarán un proceso selectivo para habilitar funcionarios docentes para el ejercicio de la función directiva. El documento de bases expresa que los aspirantes seleccionados deberán superar un programa específico de formación y quienes superen ambos procesos recibirán una habilitación provisional para el ejercicio de la dirección. La habilitación definitiva se obtendrá tras el desempeño de dicha función durante tres años (un mandato) evaluado positivamente.
Una Comisión formada por representantes de la administración educativa y de los órganos colegiados del centro seleccionará al director, entre los habilitados provisionalmente y los definitivos. Los directores desempeñarán su mandato en el mismo centro por un máximo de cinco periodos consecutivos de tres años, tras la evaluación positiva del trabajo realizado al final de cada uno de los mismos.

Liderazgo

Este documento redefine las competencias del director, reforzando su liderazgo y autoridad. Fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y la convivencia, impulsar la participación de los padres, promover planes de mejora e impulsar procesos de evaluación interna y colaborar en las externas, son algunas de estas funciones.
El Instituto Superior de Formación del Profesorado ofrecerá planes de formación para la profesionalización de la función directiva. Según refleja el documento de bases, "el ejercicio de cargos directivos constituirá un mérito para el acceso a la Inspección Educativa, para otros concursos de méritos y para el progreso en la carrera docente". Además, el director percibirá una retribución diferenciada y el MECD promoverá la presencia de los directores en el Consejo Escolar del Estado.

Especialización didáctica

Otro de los capítulos de este documento aborda la función docente y carrera profesional y determina las funciones del profesorado. Asimismo, establece un curso específico para la adquisición del título profesional de especialización didáctica, que se obtendrá a través de la superación de fases teórica y práctica, y cuya realización se simultaneará con los últimos cursos de los estudios universitarios. Según expresa el citado texto "este título será requisito imprescindible para el ejercicio de la labor docente en la Educación Secundaria, en las enseñanzas postsecundarias y en las de régimen especial".
Hasta la puesta en marcha de esta nueva norma, el título profesional de especialización didáctica estaba regulado por un Real Decreto de fecha 20-10-1995, de desarrollo de la LOGSE.
En este ámbito, los miembros del Consejo Escolar del Estado, en el informe 1999-2000, instaban al MECD a que estableciera "la exigencia de la titulación de licenciatura para el acceso y desempeño de la docencia en los niveles educativos no universitarios".

Carrera profesional

Por lo que se refiere a la carrera profesional, el documento de bases confirma que se revisarán el contenido y, en su caso, la configuración de la condición de catedrático, al que corresponderá la preferencia para el ejercicio de la jefatura de los órganos de coordinación docente, la tutoría de profesores en prácticas, la preferencia para la participación en los tribunales de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria y la dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica y educativa del centro.
Según se desprende de este texto, la formación permanente del profesorado constituye un elemento esencial para lograr una educación de calidad, "por lo que las administraciones educativas arbitrarán las medidas oportunas para facilitar la participación de los profesores en actividades formativas y fomentarán la evaluación periódica del profesorado, que se tendrán en cuenta a efectos de movilidad y de promoción". Así como, la formación en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los currículos escolares.
Paralelamente a ello, el Instituto Superior de Formación del Profesorado establecerá periódicamente Planes de Formación Permanente de alta cualificación, de acuerdo con las prioridades derivadas de la aplicación de la futura Ley de Calidad.

Participación del profesorado

En el ámbito del reconocimiento de la labor docente, el MECD apuesta por la participación activa del profesorado en el informe de Evaluación Escolar al finalizar la ESO y la participación colegiada en la junta de evaluación, para determinar el acceso a cursos superiores en la ESO. También deberá intervenir en la posible definición de la especialización curricular de su centro de destino y en la selección de los directores de centro, a través de los órganos colegiados. Otra de las medidas se concreta en fomentar la protección y la asistencia jurídica al profesorado de los centros públicos en las situaciones que se relacionen con el ejercicio de la profesión.