Madrid. ROSAURA CALLEJA
Los participantes en este encuentro coincidieron en la necesidad de que las administraciones y los agentes sociales intervengan en la definición y desarrollo de las acciones formativas. Asimismo, proponen a las instituciones comunitarias que establezcan programas con líneas presupuestarias específicas, para financiar actividades de educación y formación en los países de origen, que propicien la integración laboral y social de los inmigrantes en los países de acogida.
También se mostraron partidarios de establecer líneas de cooperación bilateral, Unión Europea-país de origen, mediante convenios flexibles y con desarrollos a corto, medio y largo plazo. Estos acuerdos deben contemplar la realidad de las circunstancias que inciden en el hecho migratorio.

Integración

Promover la formación de los inmigrantes para facilitar su inserción social, cultural y laboral en los países de acogida era el objetivo del seminario organizado por el MECD, en el marco de la Presidencia española. Este encuentro ha contado con la colaboración de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Trabajo, además de organizaciones empresariales y sindicales.
Durante la inauguración de este seminario, Pilar del Castillo expresó que sería deseable que los inmigrantes salgan de su país de origen con un conocimiento mínimo de la lengua del país de destino y con una cualificación básica, para facilitar su inserción social y laboral. También se mostró partidaria de que los inmigrantes "sean conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones". La adquisición de un nivel superior de formación de la población inmigrante puede revertir en el país de origen y "estaremos colaborando en impulsar su desarrollo", puntualizó.

Fenómeno laboral

Por su parte, Enrique Fernández-Miranda, delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, considera que la inmigración debe enfocarse como un fenómeno eminentemente laboral y desde la óptica de que los países de acogida tienen una capacidad limitada y de ahí la importancia de promover la formación profesional en el país de origen y continuar la ampliación de esta formación en el de acogida.
Expertos de las administraciones nacionales comunitarias, miembros del Parlamento Europeo, consejeros del Comité Económico y Social de la UE, especialistas universitarios, empresarios y sindicalistas, además de representantes de comunidades autónomas han analizado iniciativas educativas y de formación de los inmigrantes en sus países de origen, como vía para mejorar la adaptación e inserción social en los estados de acogida y evitar situaciones de marginación social.

Actuaciones educativas

Los participantes apuestan por la regulación de los flujos migratorios y que los contratos se formalicen en los países de origen. Mientras que las acciones educativas incluirían conocimiento del idioma, sistema institucional, costumbres y cultura, sistema laboral, escolarización de los hijos y vivienda, entre otras.
La propuesta de la Presidencia española favorece el establecimiento de disposiciones jurídicas, programáticas y financieras, para apoyar la inserción ordenada de los flujos migratorios laborales en la UE; además de reforzar la política europea respecto a las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países; y de fomentar la realización de programas de co-desarrollo basados en acciones educativas y de formación entre países de origen y de acogida de los flujos migratorios.

Coordinación interministerial

En su intervención, José María Cuevas, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), confirmó que el pasado año España totalizó el 24% de toda la migración neta de la UE, que se traduce en unos 6 inmigrantes por cada mil habitantes, la segunda tasa más elevada de la Unión Europea. Cuevas demanda una mayor coordinación entre los Ministerios, especialmente Interior y Trabajo, y una mayor agilización del proceso de contratación de trabajadores inmigrantes.