Las líneas generales de la futura ley de Calidad serán presentadas en marzo en la Conferencia Sectorial. En la foto, imagen de su última reunión, en la que se analizaron las actuaciones a desarrollar durante la presidencia española de la UE. (Foto: Rafael Martínez)

El documento base sobre la ley de Calidad se presentará ante la Conferencia Sectorial en marzo

Organizaciones como CONCAPA, Educación y Gestión, CSI-CSIF, ACADE o el Colegio de Doctores
y Licenciados, se muestran favorables al proyecto
Pilar del Castillo ha revelado las líneas de trabajo que está siguiendo el MECD en la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley de Calidad, que pasan por reducir el fracaso escolar, mejorar el rendimiento de los estudiantes y potenciar la función directiva. El PSOE ha solicitado una "reunión urgente" con la ministra para discutir sobre esta ley, sobre la que los socialistas ya han avanzado que disponen de un texto alternativo. En el sector de la enseñanza la opinión se encuentra dividida: mientras que CONCAPA, ACADE y Educación y Gestión, entre otros, se muestran favorables al proyecto, CC.OO, FETE-UGT y CEAPA, son las organizaciones más críticas, y el Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado movilizaciones.
CC.OO, FETE-UGT, STES y CEAPA, son los más críticos con las propuestas ministeriales, mientras el Sindicato
de Estudiantes anuncia huelga y movilizaciones

Madrid. R.CALLEJA/G.ARIANES
Tras la celebración del pleno de la Conferencia Sectorial de Educación, que tuvo lugar la pasada semana -donde se analizaron las líneas de actuación educativa que se desarrollarán durante la presidencia española de la UE-, la ministra ha confirmado que el documento base sobre la futura ley de Calidad se presentará en marzo próximo ante dicha Conferencia y que durante las próximas semanas se seguirán manteniendo reuniones para ultimar diversos aspectos.
Reducir el fracaso escolar, mejorar la calidad del sistema educativo, permitir que todos los alumnos obtengan el máximo nivel de aprendizaje, así como potenciar la función directiva son, en palabras de la ministra, los objetivos de la reforma que su Departamento ha emprendido con la elaboración de este anteproyecto de ley. "No podemos seguir permitiendo esas tasas de fracaso", ha afirmado en diversos actos y ruedas de prensa la titular del MECD, quien ha precisado que el fracaso escolar está relacionado con la falta de exigencia en el aprendizaje. Según sus palabras, "el alumno tiene que volver a la cultura del esfuerzo".

Líneas de trabajo

En cuanto a las líneas generales de este proyecto, Del Castillo ha anticipado que se eliminará la promoción automática, que permite pasar a un curso superior con suspensos; el establecimiento de tres o cuatro itinerarios diferentes, que podrán elegir los estudiantes a los 14 años; y la posibilidad de cambiar de uno a otro a través de "puentes de flexibilidad". Estas medidas, según la ministra, "pretenden paliar la carencia de "factor esfuerzo" en el aprendizaje". A su juicio, la existencia de una oferta única en el sistema educativo propicia una situación "caótica", por lo que con esta ley se ofrecerán distintas vías de formación, para favorecer a todos los alumnos.
Por lo que se refiere a la prueba general de Bachillerato, Pilar del Castillo anticipó que será única y que la Selectividad quedará derogada cuando entre en vigor la nueva norma, prevista para el curso 2004-05. Asimismo, aludió a que en casi todos los países comunitarios se realizan pruebas similares para acceder a la universidad.
Respecto a las inversiones en enseñanza, la ministra ha señalado también en estos días que España esta "por encima de la media" de los países de la OCDE, y que se está haciendo un esfuerzo inversor continuado, "pese a que ha descendido el número de estudiantes". Asimismo ha precisado que debe hacerse "un análisis muy riguroso de cómo y cuanto dinero invierten las comunidades autónomas en enseñanza", ya que hay "diferencias muy notables entre unas comunidades y otras".

Niveles preocupantes

En defensa de la reforma educativa, el presidente de Gobierno, José María Aznar ha manifestado que "empezamos a tener niveles preocupantes" en materias como lengua, matemáticas o historia. "La aspiración a que se pueda hacer una redacción sin faltas, distinguir el sentido de una lectura o saber dónde están determinadas capitales en el mundo me parece algo razonable". No obstante, Aznar se muestra partidario de que se produzca "el mayor debate político y social sobre esta cuestión, y no empezando la casa por el tejado, sino fijándonos en los países que están haciendo reformas de sus sistemas educativos en su enseñanza secundaria".
Por su parte, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero ha descalificado la futura ley de Calidad afirmando que la "reválida" es una regresión a la política educativa predemocrática y "un regreso a la política de los años 50 y 60". También ha anunciado movilizaciones en contra de la reforma. Para el secretario general del PSOE, con estas medidas se propicia "un modelo educativo injusto y desigual y una discriminación clara de la escuela pública". También afirmó que "somos el país europeo con menos becas, con menos gasto por estudiante en educación y que la educación es el único instrumento verdaderamente importante para conseguir la igualdad". Posteriormente, el PSOE ha solicitado una "reunión urgente" con la ministra de Educación para discutir sobre esta ley, sobre la que los socialistas ya han avanzado que disponen de un texto alternativo. Las responsables de Educación del PSOE, Carmen Chacón y Amparo Valcarce han explicado que con esta reunión se quiere pedir al Ministerio "un diagnóstico compartido sobre los problemas del sistema educativo", así como conocer las propuestas concretas para solucionarlos y abrir un debate con los sindicatos de profesores y las familias.

Sectores educativos

Por su parte, las organizaciones representativas de la comunidad educativa están reaccionando de distinta forma ante los cambios anunciados por el MECD. Así, la CONCAPA se declara "radicalmente a favor" de dichas propuestas, pues considera que "ya era hora que un gobierno afrontara su obligación de poner remedio a problemas como el fracaso escolar, la falta de calidad del sistema educativo, etc." También está "plena y totalmente de acuerdo con que el Ministerio lleve adelante, como es su obligación, el conjunto de medidas que se nos avanzan", y califica de "ridículo y tendencioso plantear el debate solamente desde la conveniencia o no de la prueba al final del Bachillerato". Además, pide la "incorporación real y efectiva" de los padres en el proceso educativo, la potenciación de la función tutorial, y la gratuidad en el tramo 3-6 años.
La Confederación de Centros "Educación y Gestión" valora positivamente que el Ministerio afronte la reforma del sistema educativo, y está a favor de "una evaluación objetiva y externa que sirva para homologar y verificar unos mínimos" al final del Bachillerato. Al igual que la FERE, la patronal católica apoya la supresión de la promoción automática, y el establecimiento de itinerarios en la ESO, siempre que conduzcan a la misma titulación y se implanten en todos los centros, sean públicos, concertados o privados. Además, reclama "cambios radicales" en el acceso a la función directiva, "para poner fin al sistema asambleario vigente y permitir que en los centros concertados, como en cualquier empresa privada, sea competencia de los titulares el nombramiento y cese de los directivos". También pide un aumento de las ratios, la gratuidad para el nivel 3-6 años, y el incremento de la partida de "otros gastos" en los conciertos.

Debate imprescindible

Por su parte, ACADE cree que "la realización de una prueba externa que evalúe los conocimientos de los alumnos es en principio positiva", pero advierte que "este examen no incrementará por sí sólo los niveles de calidad de la enseñanza, ni evidenciará las carencias del fracaso de nuestro sistema educativo". Esta patronal de centros no subvencionados nuestra "inquietud ante la falta de concreción de las medidas anunciadas", y considera "imprescindible un debate en el que participe toda la comunidad educativa". Quiere que el primer ciclo de Educación Infantil se considere una etapa educativa, y valora positivamente que se introduzcan en su segundo ciclo, y se potencien en Primaria, contenidos referentes a las áreas instrumentales e idioma extranjero, la diversificación en itinerarios del último tramo de la ESO y la desaparición de la promoción automática. Por último, dice que hay que fomentar al máximo la autonomía y especialización de los centros.
Organizaciones como el Colegio de Doctores y Licenciados, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), y la Confederación de Estudiantes (CES) también son partidarias de la gran mayoría de las propuestas avanzadas por el Ministerio, por entender que ayudarán a combatir el fracaso escolar y mejorar la calidad de la enseñanza. Aunque otras prefieren esperar a que se presente públicamente el primer borrador de la futura Ley.

Falta de información

Entre ellas, el sindicato ANPE "lamenta que se estén haciendo públicos aspectos relacionados con la Ley de Calidad a través de los medios de comunicación, sin informar previamente a la Mesa Sectorial de Educación". Añade que "la falta de información a los representantes legítimos del profesorado está alcanzando niveles de escándalo", y reclama la convocatoria urgente de dicha Mesa. ANPE es partidaria de reformar "diversos aspectos de nuestro ordenamiento educativo", pero se pronunciará sobre el proyecto de Ley cuando conozca su contenido articulado. Sin embargo ya se ha pronunciado en contra de la prueba del Bachillerato, pero a favor de los itinerarios, de la eliminación de la promoción automática, y del refuerzo de los órganos directivos de los centros.
La Federación de Enseñanza de USO pide al MECD "que se deje de lanzar globos sonda, que no utilice a los medios de comunicación para probar la aceptación social que puedan tener sus medidas, y que haga uso de los mecanismos previstos para hacer llegar a los agentes sociales el contenido y alcance de sus propuestas". A la espera de "conocer el conjunto de la Ley antes de hacer una valoración precipitada", propone considerar la Educación Infantil como una etapa básica del sistema educativo; eliminar la promoción automática; introducir itinerarios en el segundo ciclo de la ESO, adelantar la edad de acceso a los programas de iniciación profesional; definir "de manera más coherente" los criterios de acceso desde la FP de grado medio a la de grado superior; incrementar las plantillas de los centros; garantizar su autonomía pedagógica; y permitir que el claustro de profesores elija al director.
CSI-CSIF muestra su satisfacción porque "se aborde al fin la tan cacareada Ley de la Calidad", pero ha exigido que se cuente con los profesores para su tramitación. Rechaza la posibilidad de que se incluya la comprensividad a partir del segundo ciclo de la ESO, pero apoya los itinerarios y propone un Bachillerato de tres años con una prueba final de evaluación. También pide "más personal de apoyo en los ámbitos de monitores de Infantil y vigilancia de alumnos en pasillos y recreos", así como más medidas compensatorias para paliar las desigualdades de origen, y mecanismos para la "verdadera integración de los inmigrantes" basados en el conocimiento de la lengua y cultura españolas.

Críticas

Las restantes organizaciones de profesores, padres y alumnos son más críticas con los planteamientos ministeriales. La Federación de Enseñanza de CC.OO considera "inadmisible que la comunidad educativa tenga que enterarse por los medios de comunicación de lo que parece ser el esquema básico de la futura Ley de Calidad". Cree que el MECD le ha "tomado el pelo" a la permanente del Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia Sectorial de Educación", y que sus propuestas sólo buscan soluciones del siglo pasado y se basan en una concepción elitista de la educación". Y propone medidas alternativas como "la compensación escolar desde el comienzo y no sólo a los 14 años; diversificar la organización curricular en Secundaria sin recurrir a itinerarios; apostar por la autonomía y mejorar la convivencia en los centros; dotar a los directores de apoyos por parte de la administración y la inspección; promover la educación en valores; y fomentar la revalorización social y la mejora de las condiciones laborales del profesorado.
FETE-UGT acusa al Ministerio de usar "métodos autoritarios y prepotentes, lanzándose a presentar una serie de medidas unos días después de anunciar un proceso de diálogo sobre la futura Ley". Se muestra dispuesta a negociar el diseño de una prueba estatal para acceder a la universidad, "pero no una en cada una de las universidades como recoge la LOU". Esta organización admite "una prueba general externa, no ligada a la obtención del título de Bachillerato y que, entre otros aspectos, permita comprobar también la evaluación que se hace en los centros privados y concertados". Podría admitir asimismo la supresión de la promoción automática, "aunque por sí sola no soluciona los problemas, ya que se requerirá apoyo especial para los alumnos que repitan curso". E incluso unos itinerarios "que sean realmente opciones y no aparcamientos segregadores de alumnos, y que tengan el mismo valor pedagógico".

Paso atrás

La Confederación de STEs rechaza "frontalmente el fondo y la forma en que el MECD ha dado a conocer las líneas básicas de lo que han dado en llamar Ley de Calidad" que, a su juicio, supondrá "un paso atrás en el acceso democrático a un derecho básico como es la educación, y un atropello sin paliativos a la enseñanza pública". Cree que el Ministerio "confunde interesadamente calidad con privilegio para unos pocos, modernización con retroceso, y optatividad con segregación". Y añade que "no solucionarán ningún problema las arcaicas pruebas de reválida, rescatadas del olvido para interponer nuevos obstáculos a la promoción del alumnado, mientras que los itinerarios agravarán la situación para el alumnado más necesitado de apoyo, que a temprana edad se verá abocado a elegir un camino sin retorno que mermará sus posibilidades de formación".
La CEAPA rechaza las propuestas ministeriales, y muestra su "indignación por el desprecio que supone para la comunidad educativa conocer los cambios fundamentales de la reforma a través de los medios de comunicación". Según esta Confederación de padres, "los problemas que se detectan necesitan respuestas desde las primeras etapas educativas, y la apuesta de una sociedad democrática debe ser la de integrar a todos los alumnos en el sistema, y no segregar; incorporar en las aulas a los que no están, y no expulsar a los que llegan". Además, opina que los itinerarios "suponen la renuncia definitiva a dar una solución a los problemas de aprendizaje que precisan muchos alumnos, y la reválida al finalizar el Bachillerato supedita dos cursos académicos a una sola prueba, poniendo en peligro la continuidad y el acceso de miles de estudiantes no sólo a la Universidad, sino también a la FP de grado superior".

Movilizaciones

Por su parte, las asociaciones de alumnos FAES, CANAE y el Sindicato de Estudiantes (SE) rechazan frontalmente las medidas anunciadas, y han convocado para el 7 de marzo una jornada de huelga general y movilizaciones. El SE considera que "el Ministerio pretende endurecer el acceso a la enseñanza superior para millones de estudiantes con una prueba más dura y memorística", mientras que los itinerarios demuestran que "el PP quiere una enseñanza más clasista, y pretende desviar a un sector de hijos de trabajadores hacia los itinerarios de peor nivel y cualificación. Todo ello constituye una declaración de guerra a los padres, profesores y estudiantes que deseamos una enseñanza pública de calidad".
FAES y CANAE creen que los itinerarios pretenden "separar a los estudiantes en listos, menos listos y tontos, y la reválida supone no confiar en los centros y poner un obstáculo más a los alumnos". Por ello, piden la confección de un "Libro Blanco" que analice la situación desde la implantación de la LOGSE y avale cualquier reforma, y la apertura de un debate público con toda la comunidad educativa. Además, han coincidido con el Consejo de la Juventud al lamentar el "talante intolerante y la desfachatez de la ministra", por afirmar que los estudiantes que se movilizarán contra la Ley de Calidad serán los de menor nivel educativo.

 

arriba