Madrid.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha presentado un informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, sobre las actividades realizadas por esta institución durante la primera parte de su mandato, en el segundo semestre del año 2000, tras haber tomado posesión de dicho cargo el 15 de junio de dicho año. Un dato que destaca en dicho informe es que la administración educativa es la que más quejas ha originado en el año 2000, con 6.267 de las 26.784 que se han presentado y las 121 actuaciones promovidas de oficio. Y también que la calidad de la enseñanza ha sido uno de los problemas que más han preocupado a los españoles durante ese período.
El informe destaca que la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a condiciones sociales o culturales desfavorecidas, plantea "problemas a los que debe prestarse una atención prioritaria". Y advierte que "la afluencia al sistema educativo de alumnos procedentes de la inmigración requerirá la adopción de medidas, que palien las dificultades de estos estudiantes para su adecuada incorporación, y las generadas en los centros que los reciben para la atención adecuada de los restantes alumnos".

Transporte y becas

La Oficina del Defensor del Pueblo cree asimismo que hay que "intervenir sobre el régimen de admisión de alumnos y sobre el transporte escolar gratuito, del que se ven privados, entre otros, numerosos alumnos de Educación Infantil residentes en núcleos de población en los que no existe oferta de enseñanzas complementarias". Por lo que respecta a la situación de los beneficiarios de becas destinadas a la formación de personal investigador, propone "un cambio en su estatuto jurídico que les permita, por un lado, acceder a los beneficios sociales de los que dispone quien participa en una relación laboral y, por otro, que los servicios prestados y el trabajo realizado sean tomados en consideración a efectos laborales".
El informe también reclama medidas para que "los alumnos que cursen enseñanzas constitucional y legalmente definidas como obligatorias y gratuitas dispongan al menos del material escolar imprescindible para cursarlas, sin que ello suponga una carga económica, a menudo considerable, para las familias". Incluye los libros de texto entre ese material gratuito, e insta a los servicios de inspección de las administraciones educativas "para que lleven a cabo actuaciones generalizadas en los centros docentes concertados, para constatar si cumplen o no las condiciones establecidas en los conciertos educativos, especialmente en lo referido a la gratuidad de la enseñanza".

Práctica habitual

En concreto, el Defensor del Pueblo se refiere a "la presunta práctica, más o menos generalizada, según la cual tales centros perciben determinadas prestaciones económicas de los padres de los alumnos, por conceptos diversos no siempre justificados". Dice que muchos cobros se presentan como "donaciones supuestamente voluntarias", o se obtienen a través de "organizaciones, fundaciones o asociaciones de padres de alumnos interpuestas". Y señala que las propias administraciones educativas reconocen que esta práctica es habitual, y que los centros alegan que emplean estos mecanismos porque los conciertos no alcanzan para financiar el coste real de cada puesto escolar.
El informe indica que "se trata de un problema real y generalizado, que si no se ha hecho más explícito es porque los padres de los alumnos son conscientes de que el desembolso que realizan es, en todo caso, muy inferior al que se derivaría del abono de las enseñanzas en un centro privado no concertado". Y añade que estos pagos quizás se aceptan también porque pueden ser "un mecanismo de selección indirecta de alumnos, que contribuye a alejar de esos colegios a niños procedentes de entornos sociales desfavorecidos, de familias inmigrantes o de minorías étnicas".

Desmentido

La patronal católica Educación y Gestión, mayoritaria en la enseñanza concertada, ha negado que exista en sus centros "una práctica generalizada de cobros anómalos a las familias por actividades y servicios para sus hijos". El presidente de esta organización, Néstor Ferrera, afirma que la Administración no cumple la parte de los conciertos que le corresponde, "al no asumir el costo real de la enseñanza que ofrecen los centros concertados. Por ese motivo los padres, en el uso de su libertad, buscan fórmulas alternativas de financiación, lo que resulta totalmente legítimo". Y estima que también "es la Administración la que al no asumir el costo real de cada puesto escolar está impidiendo la entrada en nuestros centros de alumnos de familias inmigrantes, de minorías étnicas o procedentes de entornos socialmente desfavorecidos, y no un supuesto mecanismo de selección".