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Madrid.
En su intervención
ante el Pleno del Congreso, la ministra de Educación, Cultura y
Deporte, Pilar del Castillo, afirmó que "la educación
es la clave de la dinámica social, y si ha habido una lección
de la última mitad del siglo XX es que no son los recursos naturales
sino los recursos humanos los que potencian el crecimiento económico,
la calidad de vida y la fortaleza del sistema democrático; es más:
la educación es el instrumento que permite afrontar los efectos
negativos de un mundo más global".
Pilar del Castillo
resaltó asimismo que "el contenido del proyecto de Ley de
Universidades amplía las competencias en materia de enseñanza
superior de las Comunidades Autónomas; incrementa el grado de autonomía
de las universidades; permite a la Administración General del Estado
asumir sus responsabilidades en la cohesión y vertebración
del sistema universitario, y establece los cauces apropiados para fortalecer
los vínculos recíprocos entre la sociedad y la Universidad".
"El texto
que se somete a su debate –precisó la ministra en su intervención-
denota, de manera inequívoca, la confianza de la sociedad en sus
universidades. Nuestra sociedad desea y necesita que su sistema universitario
mejore sensiblemente su calidad y competitividad para afrontar con posibilidades
de éxito su integración en el espacio europeo de enseñanza
superior y para formar, con el parámetro irrenunciable de la calidad,
a los ciudadanos y a los profesionales que asumirán la responsabilidad
de impulsar el desarrollo social, cultural, científico, económico
y político de España en el siglo XXI".
Pilar del Castillo
añadió que el texto del proyecto de Ley de Universidades
ofrece una arquitectura normativa para la creación de un sistema
universitario moderno, "capaz de enfrentarse al reto de la integración
europea en materia universitaria y a la mejora de la calidad", y
resaltó que el proyecto de ley "es el resultado de un trabajo
constructivo, pues se ha debatido durante decenas de horas en el seno
del Consejo de Universidades y se han recogido cientos de aportaciones,
con lo que se acredita la voluntad de diálogo del Gobierno".
Rechazo
de las nueve enmiendas a la totalidad
El
Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ese mismo día,
27 de septiembre, con los votos en contra del Grupo Popular y de Coalición
Canaria y la abstención de Convergencia i Unió, las nueve
enmiendas a la totalidad que habían sido presentadas contra el
proyecto de Ley de Universidades por los grupos PSOE, IU, PNV, BNG, EA,
IC-Verds, PA, CHA y ERC. Los portavoces de estos grupos coincidieron en
calificar el texto de proyecto como "uniformador, retrógrado
y reglamentista", y denunciaron "la invasión de competencias
autonómicas".
El portavoz
de Educación del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, mostró
las disposición de su grupo a dialogar y consensuar, durante el
trámite parlamentario iniciado, "modificaciones parciales
que contribuyan a mejorar el proyecto de ley".
Partido Popular
y Coalición Canaria votaron en contra de las nueve enmiendas a
la totalidad, mientras que CiU se abstuvo en todas las votaciones excepto
en la correspondiente a la enmienda presentada por el PSOE, única
que incluía una propuesta alternativa al proyecto presentado por
el Gobierno, a la que votó en contra.
La portavoz
de Educación del Grupo Socialista, Carme Chacón, criticó
que se "haya pretendido demonizar" a quienes han discrepado
del proyecto, y añadió que la reforma propuesta "multiplicará
los problemas actuales de las universidades".
Chacón
señaló que el proyecto de Ley de Universidades "limita
la autonomía universitaria, supone un recorte de competencias para
las Comunidades Autónomas" y, a su juicio, "abrirá
una brecha entre las universidades de élite, situadas en el extranjero,
las universidades privadas y las universidades públicas españolas,
que quedarán como una especie de FP".
Presentadas
casi 800 enmiendas parciales
Los
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado cerca
de 800 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Universidades, orientadas
en su mayoría hacia el refuerzo de la autonomía universitaria
y a la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas.
El plazo de presentación de enmiendas parciales se amplió
hasta las ocho de la tarde del pasado día 4 de octubre.
Según
informa EFE, la supresión de la obligación de que los rectores
y los claustros cesen tras la entrada en vigor de la nueva Ley y la potenciación
de la presencia con voz y voto de los representantes de la Junta de Gobierno
en los Consejos Sociales son algunas de las propuestas de enmiendas parciales
en las que han coincidido prácticamente todos los grupos, incluido
el PP.
El grupo parlamentario
Popular ha presentado 77 enmiendas parciales al texto del proyecto, muchas
de ellas de carácter técnico, con el fin de mejorar la redacción
inicial del texto, y otras "importantes por su contenido", según
explicó el portavoz de Educación del PP, Zunzunegui, que
destacó entre ellas la referida a la eliminación de la obligatoriedad
de realizar elecciones a rector seis meses después de entrada en
vigor de la nueva Ley, y la que propone que el rector, el secretario general,
el gerente, los estudiantes, el profesorado y el personal de servicios
estén representados en el Consejo Social de las universidades.
El grupo socialista
ha presentado más de 200 enmiendas, y su portavoz, Carme Chacón
explicó que entre ellas destacan las dirigidas a "sustituir
el sistema de habilitación propuesto en el proyecto por un sistema
de acreditación abierta; el refuerzo de la autonomía académica
de las universidades; la mejora de los mecanismos de rendición
de cuentas de las universidades ante la sociedad y a que la Agencia Nacional
para la Evaluación de la Calidad tenga un carácter independiente
de la administración central""
CiU ha presentado
57 enmiendas, IU ha presentado 55 y EA más de 60. Por su parte,
PNV presentó 62 enmiendas parciales, CC otras 29, al igual que
BNG, 25 enmiendas ERC y 104 el grupo IC-Verds.
Comparecencia
de la ministra en el Senado
La
ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, compareció,
el día 2 de octubre, a petición del grupo parlamentario
socialista y del Gobierno de Baleares, en la Comisión de las Comunidades
Autónomas del Senado, donde explicó las implicaciones competenciales
del proyecto de Ley de Universidades, y aseguró en su intervención
que la futura ley "profundizará las competencias autonómicas.
Los representantes
de las Comunidades Autónomas con gobierno socialista denunciaron
"la falta de diálogo y de consenso con que nace la nueva Ley",
mientras que los representantes de las Comunidades Autónomas gobernadas
por el PP rechazaron tales críticas y se mostraron de acuerdo con
los principios del texto del proyecto.
Pilar del Castillo
explicó que las nuevas competencias previstas en el proyecto permitirán
a las Comunidades Autónomas la planificación, coordinación
y gestión de las universidades de su territorio; autorizar estructuras
de enseñanza no presencial y desarrollar el régimen retributivo
del profesorado", y precisó que "las administraciones
autonómicas establecerán las normas y procedimientos para
el desarrollo y ejecución de los presupuestos de las universidades,
así como para el control de los ingresos, las inversiones y los
gastos mediante las correspondientes técnicas de intervención,
bajo la supervisión del Consejo Social.
Por otra parte,
estudiantes de las universidades de toda España estudian la convocatoria
de diversas movilizaciones a lo largo del próximo mes de noviembre
para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Universidades, así
como la convocatoria de "una semana de paro académico"
y de una huelga general en la Universidad a celebrar el día 14
de noviembre.
Las organizaciones
estudiantiles FAES, CANAES y Sindicato de Estudiantes y representantes
de los sindicatos FETE-UGT y CC.OO., juntos con representantes de las
juventudes de IU y PSOE, tienen prevista una reunión para el día
9 de octubre con objeto de estudiar la creación de la Plataforma
en Defensa de la Universidad Pública, similar a la existente en
el ámbito de la enseñanza no universitaria, integrada por
las citadas organizaciones más CEAPA y otras fuerzas sindicales.
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