El Congreso rechaza la revisión
del Convenio con la Iglesia

Una iniciativa socialista pretendía introducir una cláusula para garantizar los derechos fundamentales en el proceso de selección de los profesores de Religión

Madrid.
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha rechazado una iniciativa socialista en la que se instaba al Gobierno a revisar el Convenio suscrito entre el Estado y la Conferencia Episcopal Española en 1999, que determina el régimen económico-laboral de los profesores de Religión.
Dicha iniciativa solicitaba esa revisión al objeto de "eliminar cualquier disposición que en su aplicación o interpretación puede resultar contraria a los preceptos constitucionales". También proponía introducir "una cláusula general que garantice en el proceso de selección de profesores el respeto a los derechos fundamentales, de modo específico, el derecho a la intimidad, igualdad y no discriminación y a los principios constitucionales, incluida la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos".
Para la portavoz socialista en la citada Comisión, Amparo Valcarce, esta proposición surge, tras la "alarma social" generada al conocerse varios casos de profesoras de Religión que no fueron renovadas en sus puestos por circunstancias de su vida personal, como salir de copas o casarse con un divorciado. Según Valcarce, estos "despidos" responden a "razones que van en contra de los valores constitucionales", y se producen porque la Conferencia Episcopal Española hace una interpretación del citado Convenio "que vulnera los derechos constitucionales, que en ningún caso pueden ser cercenados". Por ello, pidió el voto favorable a su iniciativa "para que se reponga en su dignidad a las personas afectadas por una decisión que conculca los principios y valores constitucionales".

Rechazo del PP

La iniciativa no salió adelante al tener en contra los votos del Grupo Popular. Su portavoz en la Comisión, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, explicó que "la Administración no puede ni debe inmiscuirse legalmente en los criterios éticos o doctrinales que las distintas confesiones apliquen al elegir o rechazar a las personas presumiblemente adscritas a tales confesiones". Guerra Zunzunegui puntualizó que los citados casos de los profesores no responden a un "despido", dado que estas personas eran contratadas anualmente. Asimismo, recordó que convenios similares como el que se propone revisar fueron suscritos con otras confesiones religiosas por los gobiernos socialistas, como el firmado en 1996 por los entonces ministros de Educación, Jerónimo Saavedra, y de Interior, Juan Alberto Belloch, con la comunidad islámica en España.
Por su parte, Ignasi Guardans, portavoz de CIU en la Comisión de Educación, explicó el apoyo de su grupo a la primera parte de la iniciativa y se mostró partidario de revisar el convenio de 1999 sobre contratación de profesorado, "para eliminar del mismo cualquier disposición que pueda resultar contraria a los derechos constitucionales". Guardans coincidió con Valcarce en señalar que el modo de aplicar los tratados con la Iglesia -el de 1979 y el de 1999- "tiene un resultado inconstitucional y perverso". Por eso, pidió al Ejecutivo y a la Jerarquía Católica "que se sienten y negocien". "No vamos a decirles qué tienen que cambiar, pero, una vez constatado que en la aplicación del Convenio se violan derechos fundamentales, negocien otra aplicación o bien un nuevo texto", concluyó.

 

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