Los integrantes de esta plataforma abogan por un modelo de enseñanza que garantice los principios de igualdad, tolerencia y libertad de conciencia recogidos en la Constitución. (Foto: Rafael Martínez)

Constituida una plataforma por una enseñanza laica

La CEAPA ha promovido una "Plataforma en favor de una enseñanza laica, que garantice los principios de igualdad, tolerancia y libertad de conciencia que defiende la Constitución". Ante la polémica suscitada por los últimos despidos de profesoras de religión, Pilar del Castillo ha afirmado en el Congreso que, según la legislación vigente, el Estado no puede intervenir en la designación de estos docentes, competencia que corresponde a la Iglesia.

Pilar del Castillo afirma en el Congreso que el Estado no puede intervenir en la designación de los profesores de religión

Madrid. G. A.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la Fundación Educativa y Asistencial CIVES y la Sociedad Española de Profesores de Filosofía (SEPFI), han constituido una "Plataforma de acción en favor de una enseñanza laica". Su principal finalidad es promover la sociedad española un "verdadero conocimiento" de los valores del laicismo, "que pueda permitir una convivencia democrática entre todos los españoles y una aceptación consciente y crítica del pluralismo cultural y religioso".
Los máximos responsables de dichas organizaciones (Eulalia Vaquero, Victorino Mayoral y Luis María Cifuentes), han afirmado en una reciente rueda de prensa que esta Plataforma no es un movimiento anticlerical y antirreligioso. "Sólo pedimos una enseñanza laica que garantice los principios de igualdad, tolerancia y libertad de conciencia que defiende la Constitución Española". Por ello, piden que la religión se imparta fuera del currículum y del horario lectivo, y que no se discrimine a los alumnos que optan por no asistir a clase de esta asignatura y realizan otro tipo de actividades complementarias.
Ante la polémica suscitada por el despido de profesoras de religión católica en Almería, Canarias y Málaga, los dirigentes de la Plataforma consideran que el problema radica en los acuerdos firmados por el Gobierno Español y la Santa Sede en 1979. En consecuencia, van a impulsar una campaña informativa dirigida a padres, sindicatos y la opinión pública en general, "sobre la grave irregularidad jurídica que supone que miles de profesores de religión sean contratados y pagados por el Estado con dinero público y que, sin embargo, las autoridades educativas no tengan ningún control sobre su nombramiento, ni sobre los materiales didácticos que utilizan ni sobre la calidad de su acción docente". Y van a promover "la superación política y jurídica" de dichos acuerdos.

Recursos

Mientras tanto, la Federación de Enseñanza de CC.OO ha anunciado su intención de recurrir ante la Comisión Europea los citados despidos de profesoras de religión en Almería, Canarias y Málaga, "por causas vinculadas a la vida privada de éstas". Para ello apelará a una directriz de la Comisión de Cultura de la Unión Europea, en la que se contempla que "nadie puede ser represaliado por su religión, convicciones políticas y orientación sexual". CC.OO denunciará los citados acuerdos de 1979, y el firmado en 1999 por el MEC "por el que la Administración se compromete a abonar los sueldos a los profesores de Religión, aunque sean las diócesis las que propongan su nombramiento", según ha afirmado el secretario general de la citada federación, Fernando Lezcano, quien ha pedido "la equiparación de los derechos de estos docentes con el resto de los trabajadores".
Por su parte, la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) propondrá a los demás sindicatos y a los Ministerios de Educación y de Trabajo, la constitución de una mesa negociadora para la regulación de las condiciones laborales del profesorado que imparte religión en los centros públicos, aunque considera que dicha asignatura no debe impartirse en dichos centros y exige la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado Español de 1979. Considera que los últimos despidos "atentan contra el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución", y pide soluciones ante "la precaria situación laboral" de este colectivo.
Por contra, la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha apoyado las decisiones de los obispados, respaldadas por la Conferencia Episcopal, para determinar la idoneidad de los profesores de religión. El presidente de la CONCAPA, José Manuel Contreras, cree que en la polémica generada por los recientes despidos "subyace la falta de coherencia de los docentes y padres". En este sentido, ha añadido que "no parece lógico que un docente que imparte una asignatura muy peculiar y en la que se contempla la transmisión de valores, como es la religión, no lo haga compatible con el ejemplo vital. Y tampoco se obliga a ningún padre a ser católico ni a elegir un centro atendiendo a su confesionalidad".

Debate parlamentario

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha reiterado ante el Pleno del Congreso de los diputados que el Estado, por su carácter aconfesional, no puede intervenir en la designación de los profesores de religión. En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Amparo Valcarce sobre los citados despidos, ha afirmado que el marco legal vigente otorga a la Iglesia Católica las competencias en la designación de profesores de religión, y al Estado sus retribuciones. "Lo que sí puede hacer el Estado -ha añadido- es retribuir a estos docentes de forma equiparada al resto del profesorado e incluir a este colectivo en la Seguridad Social, y es precisamente lo que ha hecho el Gobierno en 1999".
Amparo Valcarce ha calificado estos despidos como "inadmisibles a los principios de un Estado laico que vela por la libertad religiosa". Se ha referido a una sentencia del Tribunal Constitucional (88/85) que determina que los contratos laborales deben hacerse de acuerdo a los principios de la Constitución Española. Y ha pedido a la ministra que el Estado denuncie el actual convenio con la Iglesia, que supone "una vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales de los profesores de religión".
Por último, el grupo federal de Izquierda Unida en el Congreso ha acusado a la jerarquía eclesiástica de usar "criterios fronterizos con el integrismo religioso" a la hora de evaluar a los profesores de religión", y ha añadido que "no se puede permitir que docentes pagados con fondos públicos y que imparten sus clases en centros públicos sean despedidos en función de este tipo de criterios". Por ello, también ha exigido al ejecutivo que inicie "las gestiones oportunas para modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica".

 

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