Se promueve la mejora del sistema
universitario con la creación de la Agencia de Evaluación
y Acreditación de la Calidad

El Consejo de Ministros remite al Parlamento el proyecto de Ley de Universidades

El Consejo de Ministros, en reunión celebrada el pasado día 27 de julio, aprobó, a propuesta de la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, el anteproyecto de Ley de Universidades, que la semana precedente
había recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado y que ahora se remite, en forma de proyecto de Ley, al Parlamento.

El texto íntegro
del anteproyecto
de Ley de
Universidades aprobado
por el Consejo
de Ministros y que
será remitido
al Parlamento está
disponible en
la dirección web:
www.mec.es/gabipren/documentos.htm
La supresión de la selectividad, contemplada en la nueva Ley, y la implantación del Distrito Abierto, modificarán sustancialmente el ámbito universitario español. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
Tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el anteproyecto de Ley de Universidades, la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, explicó ante los medios de comunicación las líneas básicas y generales del nuevo texto, y destacó en su intervención que el principal objetivo de Ley de Universidades es "la mejora de la calidad de la enseñanza superior, que, por primera vez y de forma sistemática, desarrollará un método de evaluación de las universidades para informar a padres y estudiantes de la calidad de los centros universitarios". En este sentido, la ministra destacó la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación, a la que calificó como "piedra angular de la reforma universitaria".
Asimismo, Pilar del Castillo afirmó que las modificaciones incorporadas "permitirán una gestión más ágil y eficaz de las universidades, la movilidad de estudiantes y profesores y el establecimiento de mecanismos efectivos de participación de la sociedad en la Universidad en todas aquellas decisiones que tengan trascendencia económica y presupuestaria".

Órganos de gobierno

Uno de los objetivos del proyecto de Ley de Universidades es "facilitar una gestión más ágil y eficaz de las universidades", y para ello se establece "una diferenciación clara entre los órganos de dirección y gestión y los órganos de representación y supervisión de las universidades".
Al Consejo de Gobierno, según se establece en el proyecto, le corresponderá, como máximo órgano de gobierno de la Universidad, "la aprobación de las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad en lo que hace referencia a recursos humanos, investigación, organización de las enseñanzas, recursos económicos y elaboración de los presupuestos".
El Consejo de Gobierno estará formado por el rector, que lo presidirá, el gerente y el secretario general, y tendrá un máximo de 40 miembros, elegidos en un 30% por el rector, en un 40% por el Claustro y el 30% restante, según los Estatutos, entre decanos y directores de Escuelas e Institutos de la Universidad. Además, formarán parte del Consejo de Gobierno, con voz pero sin voto, el presidente y dos representantes del Consejo Social.
El proyecto de Ley de Universidades, en el que se rediseñan las competencias del rector y las de su equipo de gobierno, se establece que el rector será elegido por la comunidad universitaria mediante "sufragio universal, libre y secreto", con una ponderación de voto "que representará adecuadamente a los distintos sectores de la comunidad universitaria".
Para lograr un mejor desarrollo de las funciones que se encomiendan al equipo de gobierno, éste contará con una Junta Consultiva, que tendrá funciones de consulta y asesoramiento y estará constituida por profesores e investigadores de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas.
El proyecto de Ley de Universidades refuerza las competencias y funciones del Consejo Social para que perfeccione el cumplimiento de las tareas de supervisión y de rendición de cuentas de la Universidad. Son competencias del Consejo Social, entre otras, la supervisión de actividades económicas; la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual; dar conformidad a la propuesta del rector para el nombramiento del gerente; acordar complementos retributivos del profesorado; la supervisión del desarrollo y ejecución de los presupuestos, y aprobar la creación de fundaciones y de otras personas jurídicas.
Todos los miembros del Consejo Social, según contempla el proyecto, serán ajenos a la propia Universidad y nombrados conforme a lo que establezca la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas. El rector, el gerente y el secretario general serán miembros del Consejo Social con voz pero sin voto.
Al Claustro, órgano de representación que estará presidido por el rector, le corresponderán, entre otras funciones, la elaboración de los estatutos, la elección del 40% del Consejo de Gobierno, y, además tendrá la potestad de ejercer control sobre el rector y, en determinados casos, proponer la convocatoria de elecciones.
El Claustro tendrá una composición mayoritaria de profesores funcionarios doctores (51%), quedando el 49% restante según determine cada Universidad en sus estatutos.

Profesorado

El proyecto de Ley de Universidades establece un proceso de selección del profesorado más abierto, competitivo y transparente, con objeto de garantizar el mérito y la capacidad, que contempla la implantación de la habilitación para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes.
La evaluación de los candidatos será llevada a cabo por una comisión que estará compuesta por siete miembros, elegidos por sorteo y con méritos de investigación reconocidos. Los candidatos que superen estas pruebas de calidad quedarán así habilitados para acceder a una plaza universitaria. Esta acreditación facultará para participar en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, que convocarán las universidades. Para este proceso de selección en cada Universidad se exige que los miembros de las comisiones de acceso a las plazas deberán reunir los mismos requisitos de investigación que los integrantes de las Comisiones de Habilitación.
En cuanto a la composición del profesorado, el proyecto articula un adecuado equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Las universidades podrán contar con la docencia de profesores funcionarios y de profesores contratados, si bien en el nuevo texto se establece que siempre habrá un mayor número de profesores funcionarios que de profesores contratados.

Investigación

Respecto a la investigación, el proyecto de Ley de Universidades, mediante un título propio, otorga carta de naturaleza a la actividad investigadora y declara que la investigación, básica y aplicada, es una función esencial de la Universidad.
Para fomentar la investigación en la Universidad, el proyecto, en su articulado, pretende favorecer la movilidad de los investigadores; la contratación de profesores dedicados preferentemente a la investigación, como con la figura del profesor contratado doctor; la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación en las universidades; la creación de centros mixtos entre las universidades, los organismos públicos y privados de investigación y las empresas, y asimismo asegura la presencia de la Universidad en el proceso de innovación tecnológica, de modo que se puedan crear empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria.

Evaluación de la calidad

Para promover e impulsar la calidad de las universidades, según se establece en el proyecto de Ley, se desarrollarán programas de evaluación y acreditación, y con este fin se creará la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que, de forma independiente, evaluará la calidad de las universidades, tanto públicas como privadas.
Este organismo permitirá introducir elementos de innovación, competitividad y mejora de la calidad de las universidades de manera transparente, lo que conferirá vigor y credibilidad al sistema universitario español.
Las funciones que el proyecto de Ley de Universidades establece para esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad son las siguientes: medirá y hará público el rendimiento del servicio universitario; proporcionará información a los estudiantes, a las familias y al conjunto de la sociedad sobre la calidad de los centros universitarios; impulsará la competitividad, comparación y transparencia de las universidades; potenciará la mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión; aportará información cualificada a las Administraciones, fundamental para la toma de decisiones, y fomentará la competitividad de las universidades españolas en el ámbito europeo e internacional.

Estudiantes

En el proyecto de Ley de Universidades se incluye un título específico relacionado con los estudiantes, en el que se tratan y establecen el sistema de acceso a la Universidad, la oferta de plazas, los derechos y deberes de los estudiantes y las ayudas y becas al estudio.
Las medidas que el proyecto recoge sobre la evaluación de las universidades permitirán a los estudiantes contar con una mejor y más transparente información para la elección de la Universidad o centro a que quieran dirigirse.
Por otra parte, la implantación del Distrito Abierto permitirá la movilidad de los estudiantes y abrirá las opciones de acceso de los estudiantes a los centros y estudios de su elección, con absoluta independencia de su procedencia.
En cuanto al gobierno de las universidades, la elección directa del rector permitirá una participación directa de los estudiantes en el proceso, mientras que en lo relativo a la participación del alumnado en los restantes órganos de gobierno, el nuevo texto deja el porcentaje y grado de participación de los estudiantes en función de los Estatutos de cada Universidad, que podrá, siempre con las garantías de representación que la ley establece, adaptar la representación estudiantil a sus propias circunstancias.

Proceso transitorio

El MECD considera que es fundamental promover la participación del conjunto de la comunidad universitaria en la elaboración de los nuevos Estatutos de los que tendrán que dotarse las universidades españolas tras la entrada en vigor de la nueva Ley. Esto supone facilitar que toda la comunidad universitaria pueda participar en la elección de sus representantes en los claustros y del rector, quienes tendrán el cometido de elaborar los nuevos Estatutos en un plazo no superior a nueve meses a partir de su constitución. Aquellos rectores y claustros que tuvieran que renovarse en el período comprendido entre la entrada en vigor de la Ley y la elección del rector y claustro constituyente, quedarán prorrogados en sus mandatos hasta dicha elección.
A las elecciones a rector podrán concurrir los actuales rectores cuyo mandato esté en vigor a la entrada de la presente Ley, con independencia de las limitaciones de mandatos que estuvieran previstas en los actuales Estatutos. De esta forma se simplifica el proceso transitorio, puesto que en cada Universidad se procederá sólo a una elección a claustro y rector.

 

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