"Alternativas progresistas"
para una educación de calidad

La Fundación Pablo Iglesias presenta las
conclusiones de un debate sobre la reforma educativa
en el que han participado FETE-UGT y el PSOE

Profesionales de la enseñanza vinculados al PSOE y la UGT han formulado una "alternativa progresista" a la reforma educativa que plantea el MEDC, y han reclamado una educación integradora que garantice la igualdad desde el respeto a la diversidad. También quieren mayor autonomía organizativa y de gestión para los centros docentes, compensada con una evaluación interna y externa.

Madrid. G. A.
La Fundación Pablo Iglesias ha celebrado durante marzo y abril un seminario para analizar y debatir la reforma educativa en marcha, en el que han participado miembros del Grupo Parlamentario Socialista y dirigentes del sindicato FETE-UGT. Un total de 350 profesores en activo, inspectores, gestores y profesionales relacionados con la enseñanza, "que unen a su experiencia docente el hecho de haber desempeñado en algún momento responsabilidades en las administraciones educativas", y que han pretendido ofrecer "una alternativa progresista para una educación de calidad".
Las conclusiones de este seminario se han estructurado en torno a cuatro ejes temáticos fundamentales: "la renovación del discurso de la comprensividad, para garantizar la igualdad mejorando la atención a la diversidad"; "la organización de los centros: participación, autonomía y dirección"; "la financiación pública de los centros concertados"; y "la financiación del sistema educativo en el marco del Estado de las Autonomías". Y comienzan advirtiendo de "los graves problemas que pueden deteriorar de manera irreversible la escuela pública y el propio sistema educativo". Entre ellos destacan "los cambios proyectados por el Gobierno, que van a profundizar en situaciones de segregación y desigualdad, abriendo más la brecha entre una red privada selectiva y triunfadora, y una red pública degradada e incapaz de ofrecer una enseñanza integradora de calidad por las dificultades a que se ve abocada".

Cumplir los objetivos

Los participantes creen que "la atención a la diversidad es un problema de medios, pero también requiere cambios normativos". Afirman que la titulación única de la ESO es "un principio irrenunciable". Y consideran que hay que reforzar el cumplimiento de los objetivos en Infantil y Primaria; ampliar la oferta de Educación Infantil, asegurar que los alumnos promocionen a Secundaria tras haber alcanzado los objetivos de la etapa anterior; y establecer mayor coordinación entre las etapas obligatorias.
Quieren asimismo que se revise el segundo ciclo de la ESO, con un tronco común no inferior al 50% del horario, constituido por lengua castellana y lengua propia, matemáticas, idioma extranjero e informática; y un bloque común constituido por la enseñanza de las humanidades, la educación física y la artística. Y también diferentes bloques optativos, que no deben convertirse en "itinerarios finalistas" vinculados a una determinada salida académica o profesional, y cuya configuración no debe suponer una multiplicación excesiva de materias. Además, proponen que la evaluación sea por cursos, que se anticipe la posibilidad de seguir programas de diversificación curricular a los catorce años, y que se potencie la función tutorial.

Autonomía y evaluación

En las conclusiones del seminario se recomienda igualmente "profundizar en la autonomía organizativa de los centros, posibilitando la autonomía de gestión de los recursos económicos", pero sometiéndolos a una evaluación interna y externa. Y reforzar con mayores competencias y atribuciones la dirección escolar, "que debe ser cada vez más especializada, requiere de una mayor capacitación, y necesita mecanismos que incentiven y evalúen su desempeño". También se reclama más participación de los alumnos en la adopción de normas disciplinarias, y un espacio propio en el currículo para la educación ética y para la convivencia.
Por otra parte, se vuelve a acusar al actual Gobierno de favorecer un "trasvase de alumnos hacia la enseñanza privada, lo que es un grave riesgo para la igualdad de oportunidades". En consecuencia, estas conclusiones reclaman "una política muy restrictiva en cuanto a la concertación de nuevas unidades", el restablecimiento del "equilibrio en el reparto presupuestario y en la oferta de puestos" entre la red pública y la concertada, la unificación de los procesos de admisión y distribución de alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y la aplicación de "políticas compensatorias de discriminación positiva para los colegios que atiendan a poblaciones escolares desfavorecidas".
Por último, los asistentes al seminario concluyen afirmando que hay que "tratar conjuntamente la financiación educativa y el nuevo modelo de financiación autonómica, y es imprescindible que las comunidades autónomas participen desde el principio en la elaboración de la reforma que diseña el Ministerio, y aprobarán las Cortes generales". También recomiendan cambiar la composición del Consejo Escolar del Estado dando entrada a representantes de las autonomías, y que el INCE y la Oficina de Estadística del MECD dependan funcionalmente de la Conferencia Sectorial de Educación.

 

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